Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tres ex colaboradores de Rosario Robles declararon que durante cuatro años le enviaron oficios y se reunieron con ella para notificarle que había un grupo de funcionarios en la Sedesol y la Sedatu dedicados a falsificar contratos y desviar cientos de millones de pesos; sin embargo, ella nunca hizo nada.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol.
Ellos ahora son testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), tras haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad.
Durante la audiencia en la que ayer Robles fue imputada de ejercicio indebido del servicio público, por un presunto daño a la hacienda pública de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, los fiscales federales dieron a conocer parte de las declaraciones que han rendido los testigos contra Robles, y dieron lectura a los oficios en los que de 2014 a 2018 le informaron sobre los convenios apócrifos.
Orozco y Gutiérrez declararon que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, éste notificó a Robles de los actos de corrupción que habían detectado.
Le informó que Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor, estaba abusando de los contratos con universidades.
Robles, según los testigos colaboradores, reviró al auditor que esos contratos eran legales porque estaban previstos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Portal se refirió a que las universidades que contrataban no tenían la experiencia ni la capacidad para prestar servicios a la Sedesol, y además mencionó que, habían detectado serias irregularidades en los pagos de dichos contratos celebrados al amparo de los convenios de cooperación.
La discusión no duró mucho porque la entonces secretaria se levantó de la mesa y se marchó, según estos testimonios.
José Antolino Orozco además cuenta que se reunió personalmente con Robles para decirle que había contratos irregulares y otros donde habían falsificado su firma.
La respuesta de la ex secretaria fue que hablara con Zebadúa para que arreglara la situación. Lo enviaron a la oficina alterna que tenía el ex Oficial Mayor en Tennyson, Polanco, un lugar que ha sido identificado como una de las “fábricas” de contratos y documentos falsos para desviar dinero.
El año pasado, Orozco mandó diversos oficios para denunciar al Órgano Interno de Control que su firma fue falsificada en convenios con los que se desviaron recursos a través de las Universidades Politécnicas de Quintana Roo y Chiapas.
La copia de sus denuncias fue entregada directamente a Robles y tampoco hubo un pronunciamiento de su parte, según los ahora testigos colaboradores.
Estas declaraciones son clave en el caso con el cual pretenden vincularla a proceso el próximo lunes a las 18:00 horas.
Lo anterior porque un juez federal decidió anoche aplazar la comparecencia para entonces.
Al término de la audiencia inicial, en punto de la 21:35 horas de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) dejó ir a Robles del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur sin solicitar alguna medida cautelar en su contra, hecho que sorprendió al propio juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. (Agencia Reforma)
