CHETUMAL, MX.– El Congreso del Estado de Quintana Roo concluyó su tercer periodo extraordinario de sesiones durante el cual se aprobaron una serie de reformas y modificaciones que buscan garantizar la seguridad y el derecho de los quintanarroenses a un efectivo sistema de justicia, así como la atención de temas de carácter social de interés para la ciudadanía.
En sesión extraordinaria (la novena en lo que va de estos tres años), la XV Legislatura atendió 15 dictámenes en materia de seguridad pública, procuración de justicia, derechos humanos, fiscal, turística, entre otros; además de emitir tres exhortos promovidos por los legisladores.
Por mayoría de votos, el Pleno Legislativo aprobó la Ley de Emergencia Policial, reglamentaria de la fracción X del Artículo 90 y del Artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reforma con la que el titular del Ejecutivo estatal puede asumir el mando de las policías municipales en casos de emergencia.
El dictamen, que fue votado en contra por los diputados Emiliano Ramos Hernández y Sonia López Cardiel, señala que el objetivo de la ley representa reglamentar la facultad del gobernador para emitir órdenes a las policías preventivas municipales, cuando determine la existencia de hechos o acontecimientos presentes o futuros inminentes de fuerza mayor, o que por cualquier motivo alteren gravemente el orden público de uno o más municipios.
El documento avalado por mayoría establece que el ejercicio de esta prerrogativa será únicamente a iniciativa del gobernador del Estado, en condiciones de emergencia estrictamente eventual, temporal y nunca será motivada por fallas o insuficiencias estructurales, ni podrá incidir permanentemente en las políticas públicas municipales en materia de seguridad pública.
Si bien la declaratoria corresponde de manera exclusiva e indelegable al Gobernador del Estado, la ley señala que la supervisión y ejecución de sus instrucciones operativas podrán ser delegadas en el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública o el servidor público que designe para tal efecto.
En la misma sesión se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ordenamiento que fortalece las capacidades operativas y permitirá una mejor organización para cumplir con eficiencia y eficacia con el mandato constitucional de procurar justicia en forma pronta, expedita, completa e imparcial.
Con esta reingeniería institucional que plantea la nueva Ley, permitirá la consolidación del modelo de justicia y coadyuvará al descongestionamiento del sistema penal, facilitando el desahogo de los asuntos, otorgando al fiscal del ministerio público la oportunidad de centrarse en la investigación de los hechos.
El nuevo ordenamiento traerá consigo una reestructuración de la Fiscalía General del Estado, a través de la creación de las vice fiscalías de Investigación Territorial, de Investigación Especializada, de Procesos, de Asuntos Internos, de Derechos Humanos, Jurídica y Vinculación Ciudadana, entre otras, así como de coordinaciones de atención especializada para investigar delitos cometidos en agravio de persona o grupos de personas, cuyas características requieren de la atención de un protocolo de actuación especial.
Cabe hacer mención, que esta reestructuración institucional no impactará en el presupuesto de la Fiscalía General del Estado.
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para modificar en su integridad los elementos del tipo penal de uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia, mejor conocido como “halconeo”. Con ello se sancionará a quienes hagan mal uso de información y que se pretenda promover acciones delictivas o delimitar las acciones de las autoridades en materia de seguridad.
PROTEGER AL ADULTO MAYOR
En el campo de la protección al adulto mayor, se avalaron reformas al Código Penal y al Código Civil, al establecer una multa de 30 a 100 días y trabajo comunitario de 3 meses a un año, a quien, ya sea familiar directo o cualquier otro familiar que tenga la obligación de cuidarlo, abandone a una persona adulta mayor de 60 años.
De igual forma se aprobó castigar el delito de robo de mascotas, al establecer una pena de 6 meses a 3 años de prisión y de 10 a 150 días de multa, a quien sustraiga a un animal de compañía, sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo tenga bajo su cuidado.
Los legisladores aprobaron aplicar penas más severas a quien cometa el delito de despojo, al incrementar las penas de 3 a 7 años y de 300 a 600 días multa (anteriormente las penas iban de 6 meses a 6 años y de 25 a 250 días de multa).
Además, se establecieron penas para quien extraiga suelo o cubierta vegetal, piedra o tierra natural, de: un área natural protegida de competencia estatal, del suelo de conservación en términos de lo establecido en los programas de ordenamiento ecológico, o quien lo lleve a cabo sin contar con los permisos.
También se aprobó la creación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, como un órgano desconcentrado de la administración pública estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, encargado de realizar las evaluaciones de control de confianza requeridos en los procesos de selección de aspirantes, evaluación para la permanencia, desarrollo y la promoción tanto para los aspirantes o integrantes de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y de las unidades encargadas de la seguridad pública estatal y municipal.
Asimismo, se aprobó adicionar un artículo transitorio al Decreto 194 expedido por la XV Legislatura, para que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial Sustentable (SEDETUS) ejecute las funciones establecidas para el Instituto Quintanarroense de la Vivienda para poder ejecutar los programas en la materia, en tanto inicia sus operaciones.
El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó modificaciones y adecuaciones a la Ley del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, al Código Fiscal del Estado y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para eficientar la recaudación fiscal, al facultar a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a realizar revisiones electrónicas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
PROMOCIÓN TURÍSTICA
En materia de turismo, se aprobaron reformas artículos 4, 7 y 9 de la Ley de Turismo del Estado, con las que se fortalecerá la coordinación institucional para salvaguardar la integridad y los derechos los quintanarroenses y de los millones de turistas, así como permitir la implementación de las policías turísticas en aquellos municipios que no cuentan con esta figura.
También se facultó a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con el Instituto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo, promuevan rutas y programas destinados a la promoción turística de los lugares declarados patrimonio cultural del estado.
A través de un punto de acuerdo, la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo solicitó de forma respetuosa al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo que dispone el Artículo 97 Bis del Código Penal Federal, otorgue indulto total a favor del ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid.
Se emitió un exhorto al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Quintana Roo, para que adopte de manera inmediata las medidas más eficaces para que la verificación de los medidores de luz de los usuarios finales sea apegada a la ley y se evite así acciones de corrupción y extorsión a los usuarios en el Estado de Quintana Roo.
Finalmente, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que en ejercicio de sus facultades, competencias y obligaciones realice los estudios correspondientes para declarar área natural protegida, la zona natural conocida como “Malecón Tajamar”, o en su caso, que se anexe al área natural protegida con categoría de área de protección de flora y fauna mangares de Nichupté.
En el mismo punto de acuerdo, se solicitó a la autoridad correspondiente realizar los trabajos pertinentes para la restitución del manglar; y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que se realice las acciones correspondientes para garantizar el libre tránsito a las personas en la zona natural conocida como “Malecón Tajamar”.