Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Una semana después de que el PRI perdió la elección en julio de 2018, la Policía Federal arrendó patrullas con sobreprecios con un contrato anómalo, tramitado de manera expedita y que incluso no fue cumplido cabalmente por el proveedor.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan ahora esas anomalías en el arrendamiento de mil 500 patrullas para la PF y que autorizó la Secretaría de Gobernación con una adjudicación directa.
El contrato fue adjudicado a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, por un monto total de 4 mil 156 millones de pesos hasta el año 2021.
Según las investigaciones, los montos del contrato se pactaron con sobreprecios y, además, hubo incumplimientos en la entrega y en las características y equipamiento pactado para las patrullas, y que en su momento no fueron sancionados por los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Segob.
El contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2018 establece el arrendamiento de 100 patrullas Pick ups doble cabina blindadas RAM 2500 Heavy Duty modelo 2018; otros 800 autos Dodge Charger 2018, y 600 Pick ups RAM 2500 SLT sin blindaje.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Alfonso Durazo afirmaron a Reforma que la dependencia también solicitó a la SFP indagar qué funcionarios dieron luz verde al millonario contrato plurianual.
El acuerdo fue firmado por Héctor Martínez Cordero, secretario general de la PF, y funcionarios de la Coordinación de Servicios Generales, de la Dirección de Recursos Materiales, y de la Dirección de Transportes de la PF.
Para la adjudicación directa, la PF argumentó que convocar a una licitación pública y divulgar las características de las patrullas podría poder en riesgo a los federales y ser blancos de ataques y atentados.
Con ese pretexto, la Federal realizó una “investigación de mercado” y durante 4 días solicitó cotizaciones a 5 empresas, una de ellas con domicilio fantasma y otra a un pequeño negocio de renta de autos en una zona popular de Cuernavaca.
Según las indagatorias, los ex funcionarias podrían estar vinculados a delitos de corrupción administrativa, cohecho y abuso de atribuciones.
El contrato se firmó para su arranque el 9 de julio de 2018 con un anticipo de 194 millones 795 mil 227 pesos; compromiso de dos pagos anuales en 2020 y 2021 de mil 584 millones 750 mil 240 pesos cada uno, y una liquidación final por 792 millones 375 mil 120 pesos, en la terminación del contrato pactado para el 7 de julio de 2021.
Las mil 500 patrullas, según el contrato, fueron distribuidas en las 32 coordinaciones estatales de la PF en el país, con pólizas de 3 millones de pesos por evento y un seguro de muerte por 150 mil pesos por cada ocupante. (Agencia Reforma)
