Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El proceso de amparo que tiene suspendidas las obras del proyecto cívico-militar del nuevo aeropuerto de Santa Lucía podría durar dos años, tiempo en que su desarrollo no podrá avanzar, según expertos.
Si el amparo interpuesto por el colectivo #NoMásDerroches para que las obras de Santa Lucía no arranquen hasta que se aclare si fue legal la cancelación del NAIM es negado por los jueces, los demandantes podrían pedir un recurso de revisión en un tribunal colegiado y eso requiere tiempo, aseguró José Óscar Valdez, experto en derecho constitucionalista.
Además, en caso de que en un tribunal colegiado se perdiera el amparo, todavía hay un recurso adicional: pedir revisión de la Suprema Corte de Justicia, quien no tiene plazos definidos para resolver casos, explicó.
Todo este proceso podría llevarse en al menos dos años, enfatizó.
Valdez recordó que tan solo el amparo contra el gasolinazo tiene alrededor de tres años en proceso en la Corte.
“El Gobierno ya está en jaque con esto, este asunto va para largo. Ese asunto se va a definir en la Suprema Corte, no se definirá en el colegiado”, aseveró.
El abogado describió que si en la Corte el resultado no fuera favorable para el colectivo, todavía queda como último recurso acudir a tribunales internacionales.
Aunque, en caso de que el colectivo ganara el amparo, evidentemente el Gobierno federal pediría una revisión ante un tribunal colegiado y eso también llevaría un tiempo no menor a dos años, aseveró.
Rogelio Rodríguez, abogado y experto en temas aeronáuticos, coincidió en que este asunto no será sencillo para el Gobierno federal.
Aseguró que en el escenario más optimista, el proceso durará un año, por lo que las obras de Santa Lucía arrancarían hasta el año 2021 y la Administración federal ha estimado concluir su construcción en 2022.
El abogado mencionó que mientras se resuelve este proceso, tampoco podrán seguir los estudios ligados a este aeropuerto, ni trabajos ligados a la planeación del proyecto, debido a que todo lo relacionado con su desarrollo está suspendido.
Ambos abogados consideraron que el Gobierno federal no argumentó legalmente la cancelación del NAIM y expusieron que la consulta ciudadana realizada para decidir el rumbo del proyecto no fue legal, ya que para ello, el Congreso de la Unión debió aprobarla y el INE tuvo que realizarla.
Además, Rodríguez sostuvo que la corrupción por sí misma no es fundamento para parar una obra, pues en ese caso, las autoridades debieron denunciar el hecho y buscar que se corrigieran los actos. (Agencia Reforma)