Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indaga la venta de terrenos federales que hizo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, informó ayer su titular Santiago Nieto.
En las transacciones de la compra-venta de estos terrenos, indicó, presuntamente están involucradas empresas fantasma, tal como ocurrió en el mega desvío de recursos operado entre 2013 y 2018 desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la propia Sedatu.
“Estamos trabajando también en el caso vinculado con Sedatu de los terrenos federales que eran, también, vendidos a empresas fachada, nos parece que esto puede llegar a otro tipo de responsabilidades, en su momento se lo haremos del conocimiento de la Fiscalía General de la República”, señaló.
El 6 de julio del año pasado, REFORMA dio a conocer que la Sedatu había vendido en una vigésima parte de su valor un predio de 262.5 hectáreas ubicado sobre la carretera Cancún-Tulum, en Quintana Roo, que había sido valuado por un perito de la entonces Procuraduría General de la República en mil 240 millones de pesos.
Al día siguiente de conocerse esa información, Andrés Manuel López Obrador, entonces virtual Presidente electo, consideró que dicha transacción debería investigarse.
Ayer Nieto, quien fue entrevistado tras su participar en el “Foro Sistema Anticorrupción Retos+Perspectivas+Experiencias”, dijo que la instrucción que tiene del titular del Ejecutivo es que en cuanto se detecte una irregularidad se notifique al Ministerio Público.
“Lo que me ha comentado a mí es que cuando veamos cualquier caso de corrupción en nuestras investigaciones, sea denunciado de manera inmediata y que atendamos cualquier requerimiento que haga el Fiscal General”, señaló.
En el caso del desfalco a la Sedesol y Sedatu, por el cual Robles actualmente se encuentra en prisión preventiva, añadió, se sigue analizando información.
“Estamos en este momento analizando 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) ante la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de determinar cuántas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodología que fue descubierta por la Auditoría Superior de la Federación”, informó.
Relacionado con ese caso, detalló, la UIF ha presentado seis solicitudes de bloqueo de cuentas en contra de ex servidores públicos y ocho relacionados con empresas vinculadas al caso.
Nieto adelantó que la UIF tiene lista una nueva denuncia, la cual podría presentar la próxima semana. (Agencia Reforma)