Las 722 cuentas bancarias descongeladas en 2018 y vinculadas al narco y el lavado de dinero; la extensa red de trata de blancas y prostitución operada por colombianos desde Cancún, y los nexos de altos funcionarios de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo con el crimen organizado, miden los alcances que podrían tener las autoridades estatales para disminuir los crímenes de alto impacto en el estado y que, además, son delitos del orden federal.
En su balance de los últimos tres años la Fiscalía de Quintana Roo refiere que “gracias al trabajo de inteligencia del Grupo de Coordinación, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Mujer, se han capturado a 39 líderes de organizaciones criminales y autores materiales e intelectuales de ejecuciones, secuestros y extorsiones; se han condenado a 940 años de prisión a 14 secuestradores y se han obtenido sentencias de 300 años contra 7 violadores y feminicidas”.
Pero ningún esfuerzo, por extraordinario que sea, será suficiente para frenar al crimen organizado, el responsable de que se haya disparado la violencia a niveles históricos en el país, si las autoridades federales son las que le facilitan -y hasta le resguardan- sus fuentes de financiamiento, redes de operación, mercados, tráfico de armas y reclutamiento de indocumentados.
Estamos hablando de la corrupción que impera en Aduanas, Migración y en la misma Fiscalía General de la República. Frente a eso… ¿Qué gobierno local puede?