Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Al reiterar que sigue teniendo traidores al interior de la corporación coptados y vinculados a grupos de la delincuencia organizada, el secretario de seguridad pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, justificó la incorporación de personas provenientes de otros Estados a su equipo de trabajo, quienes desempeñan sus funciones debido a que sus familias no se encuentran en la entidad.
El interés ciudadano es mayor que el interés legal o reglamentario. Que el sentimiento de regionalismo se aplique a otros sectores que no representen un riesgo, advirtió al responder cuestionamientos sobre la violación a los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del Estado respecto al tiempo de residencia que debe cumplir una persona para ocupar cargos públicos.
Al comparecer ante diputados de la Décimo Sexta legislatura para responder cuestionamientos sobre las acciones y programas en materia de seguridad, afirmó que si hubiera tenido que construir un equipo de trabajo con gente local no tendría ni un avance siquiera del 5 por ciento del que se registra en estos momentos en la entidad.
Reiteró que la gente local no estaría en las condiciones de combatir a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación o el cártel de ‘Doña Lety’, entre otros, por la seguridad de las familias de los elementos policiacos. En el caso del grupo denominado ‘Los Rojos’, aseguró que no operan en el estado y que ese es un tema perverso que se ha manejado en su contra: “hay detectados que operan siete grupos delictivos menos los rojos”.
Dijo que en su caso tampoco ha pensado traer a su familia a vivir a Quintana Roo porque se trata de una cuestión personal. Hay que verlo desde esa perspectiva, enfatizó.
Por más de cuatro horas, Capella Ibarra respondió a los cuestionamientos de los diputados quienes hicieron hincapié en que la percepción ciudadana es muy diferente a las cifras oficiales que reportan una disminución en el índice delictivo, entre ellos los homicidios dolosos en el norte de la entidad y los de bajo impacto como robos a casa habitación y asaltos a transeúntes.
Aunque los diputados cuestionaron la falta de efectividad en las acciones comprometieron el apoyo de la Décimo Sexta legislatura para alcanzar los objetivos y se logre recuperar la paz y tranquilidad de los quintanarroenses.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gustavo Miranda García, afirmó que quien se mete con la policía se mete con todos los diputados, al hacer referencia a los asesinatos de José Antonio Archi Yama y Alvin Ivan López Valenzuela y ratificar todo el apoyo legislativo a la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque el coordinador de la bancada del Verde, José de la Peña, hizo hincapié a la percepción ciudadana sobre un aumento en la incidencia delictiva que coloca a Quintana Roo dentro de los Estados de mayor inseguridad en el país.
Manifestó su apoyo al esquema de Mando Único y la política en materia de seguridad implementada por el gobernador Carlos Joaquín González y en donde, dijo, “usted a sido un pilar importante”, al referirse a Capella Ibarra.
Sin embargo, el cuestionamiento fue en el sentido de la inversión de 600 millones de pesos realizada para la construcción de la Ciudad Militar para atender 3,500 elementos de las fuerzas federales y que en estos momentos se encuentra sin utilizar. Aunado a que hay 315 millones de pesos sin ejercer para equipamiento policíaco, lo que hace la necesidad de redireccionar estrategias para garantizar la seguridad en el municipio de Benito Juárez.
Tiene usted prácticamente todos los recursos sobre la mesa para que ofrezca resultados. No es facultad del Congreso pedir su renuncia, pero falta mucho por hacer y contará con todo el apoyo para mostrar resultados, afirmó de la Peña.
Capella Ibarra defendió los resultados de sus estadísticas y recordó que en administraciones anteriores se falseaba la información, lo que obligó al Gobernador a ordenar una investigación sobre los reportes presentados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, “ya que colocaba a la administración en desventaja”.
El secretario de Seguridad Pública afirmó que el grado de inspector que ostentaba José Antonio Archi Yama, así como muchos otros, no fueron otorgados en esta administración sino que es un problema que acarrean de tiempo atrás y que no podía degradar a los elementos en forma arbitraria.
En cuanto a la recompensa de un millón de pesos que ha ofrecido por informes que lleve a la captura del policía López Valenzuela, afirmó que se consiguió mediante decreto del gobernador Carlos Joaquín González y que se gestiona ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
“Vamos a hacer todo lo necesario, en el marco de la ley, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es mi responsabilidad cuidar la vida de los policía y no esperar a que los delincuentes pongan precio sobre sus cabezas”, afirmó.
Asimismo reconoció que los homicidios dolosos en Benito Juarez y el cobro de piso en Solidaridad son un dolor de cabeza para la corporación. Dijo que en el caso de Solidaridad hay grupos criminales que operan desde hace mas de 10 años y aunque se han registrado detenciones continuan operando desde los centros penitenciarios.
Anticipó que se implementará un programa contundente que permita acabar con el cobro de piso en el municipio de Solidaridad en los próximos meses.
En su intervención, Capella Ibarra reiteró que hay traidores al interior de la corporación por su vinculación con los grupos delictivos, “pero quienes nos traicionen pagarán las consecuencias porque no se permitirá que manchen la imagen de la corporación”.
Aseguró, que sus estrategias han dado buenos resultados y que su proyecto no es de seis meses o un año y como ejemplo puso los resultados que obtenido Colombia en un periodo de 15 años en su lucha contra la delincuencia organizada. (Noticaribe)