Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Considerada como estrategia prioritaria de la actual administración para regular el servicio de transporte de pasajeros y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, la Ley de Movilidad -promovida por el Ejecutivo y publicada en el Periódico Oficial el 14 de junio de 2018- se ha convertido en ‘letra muerta’ con un Instituto de Movilidad atado de manos para sancionar ante la falta de una reglamentación, recursos financieros y humanos.
El director del Instituto de Movilidad, Jorge Pérez Pérez, reconoció la falta de recursos económicos y humanos para realizar los operativos de supervisión, ya que apenas se dispone de 16 patrullas para todo el estado “que fueron rehabilitadas y que no aguantarán dos años de vida útil”, además que los inspectores ganan 6 mil pesos a pesar de que su actividad es difícil y considerada de peligrosidad.
Incluso, consideró que para el caso de Cancún, se requiere de una inversión de entre 10 y 14 millones de pesos para la contratación de una empresa que se encargue de elaborar un programa que defina las rutas de servicio de transporte y no urbanistas.
Anticipó que se firmará un convenio macro con el ayuntamiento de Benito Juarez para atender el problema de movilidad con un modelo que atenderá cada una de las características de los municipios. Aclaró que la regulación de las tarifas del servicio de grúas corresponde al Instituto de Movilidad por lo que han solicitado el apoyo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para establecer tarifas dinámicas
Manifestó que es el ayuntamiento de Benito Juarez el que tiene la facultad de definir rutas de transporte público urbano o la instalación de parquímetros o construcción de estacionamientos, pero siempre en trabajos coordinados con el Instituto de Movilidad.
Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Movilidad, que preside Erika Castillo Acosta, quedó de manifiesto la necesidad de modificar por cuarta ocasión la Ley de Movilidad y en tanto los integrantes de la Décimo Sexta legislatura no realicen el proceso no se podrá contar con la reglamentación.
La presidenta de la Comisión de Movilidad reconoció la voluntad del gobernador Carlos Joaquín González de regular el servicio de transporte público urbano, pero que de nada sirve una ley y un Instituto de Movilidad si no se cuenta con vehículos, equipo y recursos humanos para hacer cumplir la ley. Además exhortó al titular del Instituto de Movilidad a ser más dinámico y más operativo y dejar de ser burocrático.
Pidió el apoyo de los legisladores que acudieron a la comparecencia para autorizar un aumento presupuestal para el Instituto de Movilidad para que el próximo año los informes sean mejores. Además, la legisladora propuso que los operadores de taxis con mayor antigüedad sean considerados en la entrega de concesiones con base en un estudio de factibilidad y que no sean beneficiados ni líderes de colonias, políticos o periodistas.
Además, también pidió el apoyo de los legisladores para efectuar un exhorto para que sean los ayuntamientos quienes asuman su responsabilidad en el tema de cobro de los estacionamientos y se dé marcha atrás con esa reglamentación.
Durante la comparecencia que duró cuatro horas -en las que en dos ocasiones fue conminado a ser conciso con su informe, ya que los diputados tenían otra comparecencia a las cinco de la tarde-, el director del Instituto de Movilidad reiteró que UBER no tiene permitido operar en Quintana Roo en tanto no cumpla con la normatividad establecida en la Ley de Movilidad que lo considera como un servicio público y por tanto debe contar con una concesión.
Dijo que este asunto va para largo porque UBER no quiere entrar por la puerta de la legalidad y prefiere adoptar otros métodos como en otros estados. Aunque UBER promovió un amparo contra la entrada en vigor de la Ley de Movilidad, “la ley primigenia establecía que debían contar con un permiso para poder operar y aunque hay una suspensión del acto reclamado no se puede aplicar por la falta de un reglamento de la ley de movilidad”, reconoció.
Manifestó que en poder del ejecutivo se encuentra la emisión del reglamento pero en el congreso del estado la reforma a la Ley de Movilidad.
Pérez Pérez reconoció que también hay problemas en la aplicación del articulo 120 de la Ley de Movilidad que establece la extinción de una concesión por fallecimiento del titular, por lo que considera necesario reunirse con los diputados para no afectar lo que se considera un patrimonio de aplicarse esta disposición.
En cuanto al tema de saturación de carritos de golf en el municipio de Isla Mujeres, cuestionado por el diputado Edgar Gasca Arceo, aseguró que tiene indicaciones del ejecutivo de no emplacar más unidades “aunque es un tema delicado hablar de cancelar las concesiones existentes, ya que no esta considerado dentro de la Ley de Movilidad”.
En el caso de las concesiones federales que operan en Cozumel, el director del Instituto de Movilidad afirmó que se han hecho operativos para garantizar que se respete las zonas establecidas aunque resulta ineficiente el servicio que prestan 765 taxis y 60 concesiones federales para atender la demanda que representa la llegada de 6 millones de cruceristas y un millón de pasajeros vía aérea.
Por su parte, Carlos Hernández Blanco expuso la problemática existente en Cozumel por la operación de concesiones federales.
Confirmó que este miércoles firmó los oficios para que sean publicadas las nuevas tarifas del servicio de transporte de pasajeros en el estado y que únicamente está a la espera de la publicación para que puedan entrar en vigor para el servicio de taxis, después de grúas y posteriormente de transporte de carga.
Quedó de manifiesto que el reto de regular de manera óptima el libre tránsito de unidades motrices para el transporte público tendrá que esperar para beneficio de los usuarios. (Noticaribe)
