Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo solicitó de manera formal la realización de una auditoria externa al manejo financiero que realizó la Décimo Quinta Legislatura ante la opacidad para informar respecto a la entrega de ayudas sociales por más de 100 millones de pesos que benefició a militantes y consejeros del Partido Acción Nacional (PAN), del sindicato del Congreso, así como también de la contratación del servicio de sonido por un sobreprecio de 4 millones de pesos.
El presidente del organismo ciudadano, Eduardo Galaviz Ibarra, indicó que han ratificado la denuncia ante la Fiscalía General de la República y ofrecido pruebas para que se amplíen las indagatorias respecto a las ayudas sociales otorgadas porque se ha detectado que en este año electoral también se entregaron despensas y artículos diversos por diputados que quisieron reelegirse.
Explicó que decidieron recurrir a la instancia federal, ya que en la Fiscalía General del Estado no se ha mostrado ningún interés para avanzar con las investigaciones de la denuncia que se interpuso desde principios de año.
Con esto queremos cerrar el proceso que se ha iniciado contra los diputados de la Décimo Quinta legislatura, subrayó.
Galaviz Ibarra dijo que insistirán con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Edgar Gasca Arceo, de la necesidad de realizar una auditoría externa al manejo financiero que hizo la legislatura pasada, sobre todo en lo que se refiere a las ayudas sociales para conocer quiénes fueron los beneficiarios, cuál fue el procedimiento, ya que se ha detectado la duplicidad de nombres principalmente militantes y consejeros del PAN que recibieron dichos apoyos.
“Hemos presentado las denuncias y hecho las solicitudes de información pero no obtuvimos respuesta en la pasada legislatura por lo que haremos entrega de un USB con el padrón de militantes del PAN, el listado de nombres en orden alfabético, así como del congreso para mostrar las irregularidades”, agregó.
El presidente del Observatorio Legislativo en Quintana Roo agregó que también pedirán que la auditoría externa se realice a la contratación del servicio para la renovación del audio de la sala de plenos del Congreso del estado en donde se contrató los servicios de Carlos Enrique Avila Lizarraga, militante del PAN y amigo cercano a Eduardo Martínez Arcila, por un costo de más de 4 millones de pesos.
Galaviz Ibarra dijo que hicieron un cruce de información y detectaron de que hubo una sobrefacturación de tres millones de pesos, además de que la empresa contratada tiene un giro dedicado a la construcción y sin ninguna relación a servicios de ingeniería de audio, “además de que se contempló un servicio de topografía de audio cuyo concepto no existe”.
Reiteró la necesidad de que sea una auditoria externa ya que esas irregularidades fueron solapadas por la contraloría interna y la Oficialía Mayor del congreso del Estado “y no confiamos en esos dos organismos”. (Noticaribe)
