Por Sergio Caballero
CANCÚN, MX. – Luego de casi tres lustros de impunidad, el ex agente de inteligencia argentino Raúl Luis Martins Coggiola, fue arrestado en Cancún, ante la solicitud realizada por el gobierno argentino, al estar ligado con una red de trata de personas en aquel país y México.
Martins se graduó en la Escuela Nacional de Inteligencia en 1985 y actuó durante 15 años en la ya desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
De acuerdo con medios del país sudamericano, la aprehensión de Raúl Martins llegó como consecuencia de la decisión de la Cámara Federal de ese país de confirmar el 3 de septiembre el procesamiento y pedido de prisión preventiva solicitados por una jueza federal y de esta manera se dio luz verde para requerir la extradición a México.
Pero, en 2007, Martins había consolidado todo un imperio de trata, principalmente de jovencitas argentinas, a través de bares con permisos otorgados por autoridades estatales y municipales
En febrero de 2007 estalló el escándalo de la presencia de Martins en Cancún, convertido en el zar de la prostitución VIP de este destino turístico, el más importante de México y del Caribe.
Claudio Lifschitz, su ex abogado en ambos países, dio a conocer la forma en la que operaba Raúl Martins, a través de los “tables” denominados “The One”, en Cancún, y “Maxim”, de Playa del Carmen, en los que unas 150 mujeres ejercen la prostitución.
El abogado aseguró que los mejores clientes de Martins eran narcotraficantes, empresarios y políticos de Quintana Roo, no solo en sus locales, sino que jovencitas eran enviadas a fiestas privadas en mansiones, yates o cruceros.
A pesar de estos señalamientos, formulados desde Buenos Aires, Argentina, Martins conservó la apertura de sus negocios y su permanencia legal en México, a través de amparos.
Martins mantenía la operación legal de sus “tables”, a través de permisos otorgados por los entonces gobiernos estatales, encabezados por Joaquín Hendricks (1999-2005) y Félix González Canto (2005-2011) y del ayuntamiento presidido por Francisco Alor (2005-2008), todos del PRI.
La Secretaría Estatal de Hacienda y la Tesorería Municipal de Benito Juárez, cuyos titulares eran Fredy Marrufo Martín (posteriormente alcalde de Cozumel) y Juan José Ascencio Reynoso, respectivamente, expidieron al centro nocturno “The One”, el refrendo de patente de bebidas alcohólicas y la licencia de funcionamiento.
Aunque, la patente de bebidas alcohólicas, había sido autorizada desde el 13 de febrero de 2001 a “Turística Swing”, razón social del “The One”.
En ese entonces, el gobernador era Joaquín Hendricks, pero el permiso también estaba firmado por los entonces secretarios de Gobierno, José Luis Pech Várguez, y de Hacienda, Elina Coral Castillo.
Años después, Pech Várguez fue rector de la Universidad de Quintana Roo, para luego abandonar el PRI a fin de ser candidato de Morena a gobernador y en la actualidad es senador por ese partido.
En la patente de bebidas alcohólicas, expedida en el sexenio de Hendricks y refrendada en la administración de González Canto, se establece que “The One” podía puede operar como bar con venta de bebidas alcohólicas “al copeo” y “con actividad de centro nocturno”.
Martins lograba obtener suspensiones provisionales y definitivas ante la justicia federal contra actos de clausura, promovidos por la comuna de Benito Juárez, toda vez que tenía los permisos en regla expedidos por el gobierno estatal y el mismo ayuntamiento local.
Sin embargo, una vez conocida la simulación de actos jurídicos por parte de la comuna cancunense, en marzo de 2017, al vencer el plazo para tal efecto, el ayuntamiento negó la renovación de los permisos a “Turística Swing”.
La representación jurídica de “The One” acudió al ayuntamiento para tramitar la renovación de la licencia de funcionamiento y los permisos de uso de suelo y de Protección Civil, pero le fueron negados los permisos según dio a conocer en ese entonces Francisco Alor.
Tras el escándalo, Claudio Lifschitz, señaló que además Martins contaba con un permiso de trabajo FM3 vencido y una alerta migratoria que no ha procedido porque desde el 26 de mayo de 2006 tiene un amparo para evitar su eventual expulsión del País.
Ante el cierre de sus negocios, Martins mantuvo un bajo perfil en Cancún e incluso obtuvo la ciudadanía mexicana.
En enero de 2012, Lorena Martins inició las denuncias contra su padre detallando sus actividades e incluso acudió a la Cámara de Diputados a exponer el caso. (Fuente: Proceso)