CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y a quienes resultan responsables por la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán durante el operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre.
Cortés argumentó que la decisión del gobierno morenista ha puesto en mayor riesgo la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los mexicanos pues, dijo, condenó a sinaloenses y habitantes de otros estados a seguir gobernados por el narcotráfico.
La denuncia fue presentada el viernes 18 de octubre por el área jurídica del PAN, para que sean investigados diversos hechos que pudieran considerarse como delitos cometidos durante el operativo federal que logró la captura y posterior liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por instrucciones del más alto mando de la seguridad, según reconoció el propio presidente López Obrador.
En la denuncia señalan que lamentablemente México es un Estado fallido que vive uno de sus peores episodios en el combate a la delincuencia, en el que además los abogados de los presuntos delincuentes se burlan de la ley al agradecer al gobierno los favores recibidos por sus clientes.
Por eso, insistió en la renuncia de todos los funcionarios que participaron en el “fallido” operativo de Culiacán, Sinaloa, en coherencia con lo que pidió en 2015 el actual presidente López Obrador, quien había dicho que la fuga de “El Chapo” Guzmán ameritaba la renuncia de todo el gabinete de Seguridad.
Entre ellos se encuentra el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y demás servidores públicos que estuvieron involucrados en la toma de decisiones durante el operativo en Sinaloa, quienes, según el PAN, actuaron de manera precipitada, con deficiente planeación y falta de previsión, por lo que deben ser separados del cargo para que la Fiscalía General de la República pueda hacer una investigación objetiva y sin presiones, sobre las circunstancias en las que ocurrió la liberación del detenido.
Marko Cortés demandó al gobierno federal la aplicación estricta del Estado de Derecho contra la delincuencia organizada y a no dejarse someter a los intereses más perversos, porque “el gobierno se ha equivocado de enemigo, el gobierno pelea contra los que trabajan”. (Fuente: Proceso)