Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – La modificación de las tablas catastrales aprobada por el Cabildo de Solidaridad puso en evidencia el rompimiento existente entre la autoridad municipal y el sector empresarial, pero también la inconformidad contra acciones implementadas por el gobierno del Estado que no han generado el mejoramiento de los servicios públicos.
El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya se reunió con integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) para solicitar el apoyo y sea rechazada la propuesta del ayuntamiento de Solidaridad de aplicar un aumento en el impuesto predial con base en la modificación de las tablas catastrales, las cuales afirmaron, no se consultó ni socializó con el sector empresarial y la ciudadanía en general.
Lenin Amaro Betancourt, presidente del CCE de la Riviera Maya, dejó sentada la preocupación del sector empresarial por esta decisión municipal, sobre todo en momentos en que la situación económica en Solidaridad es grave a consecuencia de la inseguridad, sargazo y la disminución en la afluencia turística.
“Diciembre es una ‘tablita’ de salvación, de oxígeno, aún cuando las reservaciones van lentas por la preocupación de tour operadores de sí venderemos sol y playa o únicamente sol”, explicó.
Acompañado del presidente de los hoteleros Conrad Bergwerf, de la Canaco, José Luis Hernández y un grupo de empresarios, Amaro Betancourt afirmó que los hoteles han registrado una disminución del 5 por ciento en su ocupación aunque está situación se ha recrudecido en los establecimientos del centro donde se habla de hasta un 25 por ciento.
Consideró que la propuesta del ayuntamiento de Solidaridad está viciada de origen y representa una puñalada por la espalda para el sector empresarial “porque debieron aprobar estímulos fiscales para mejorar la temporada vacacional en lugar de una modificación de las tablas catastrales”.
Sin embargo, Ricardo del Valle, consejero del órgano empresarial, fue más a fondo al afirmar que Solidaridad se ha convertido en un municipio sin rumbo por los niveles de inseguridad, un ambulantaje que crece de manera indiscriminada, basura, maleza y la pérdida de espacios públicos y con el riesgo de una temporada, peor a la que se registró en el 2009 con el tema de la influenza.
Afirmó que no hay un plan de contención de la crisis y que los habitantes de Solidaridad viven con temor de salir a las calles y que nadie puede ir a la Quinta Avenida.
“Nos aprietan los gobiernos federal, estatal y municipal, pero tenemos también otros que nos aprietan y que nos mantienen con miedo”, afirmó.
Cuestionó el programa de entrega de mochilas que realiza el gobierno del Estado en lugar de canalizar recursos para recuperar espacios públicos que permitan mejorar las condiciones de seguridad de los Quintanarroense.
Afirmó que es necesario recuperar un Estado que se cae a pedazos y rescatar los espacios públicos, mejorar las condiciones de vida de los policías y no acostumbrarse a los muertos y asesinatos si quieren ser competitivos a nivel nacional.
Necesitamos una mayor transparencia en la aplicación de los recursos y no sólo que estén alimentando a los amigos de los amigos, subrayó.
Sonia Gutiérrez, también integrante del CCE pidió transparencia en el manejo de los recursos por parte de la autoridad municipal de Solidaridad y que los empresarios sean tomados en cuenta antes de tomar decisiones que impactan en el bolsillo de los habitantes de Playa del Carmen.
Una vez que se afecte a los empresarios, que maten a la gallina de los huevos de oro, a ver de dónde sacarán recursos, manifestó.
Ante la petición de los empresarios de que los legisladores rechacen la propuesta del cabildo de Solidaridad, Edgar Gasca Arceo acotó que hasta el momento no han recibido más que un acuerdo firmado por el secretario del ayuntamiento.
Las diputadas Cristina Torres Gómez, LILY Campos Miranda y Atenea Gómez Ricalde manifestaron que la propuesta será revisada cuando sea turnada al Congreso del Estado aunque anticiparon su voto en contra. (Noticaribe)
