Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de que Jaime Bonilla rinda protesta como Gobernador de Baja California, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para invalidar la ampliación de su mandato, de dos a cinco años, que aprobó el Congreso estatal.
Este recurso se une al que dicho organismo presentó hace unos días ante el tribunal electoral para que aclare por cuántos años asumir· el morenista.
“La acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto n˙mero 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.
“El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California”, informó el INE.
Con ambos recursos,†expuso el organismo, se hacen valer sus facultades constitucionales implícitas, considerando que el recurso ante la Suprema Corte se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.
En el documento entregado a los ministros, el INE argumenta que el artículo 105 constitucional establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones fundamentales.
El INE insiste en que la reforma a la Constitución local, después del proceso electoral de Baja California, pone en riesgo la certeza jurídica, pues la norma vigente en materia electoral señala claramente las etapas de un proceso y el periodo del mandato para el que compiten los políticos que se inscriben.
“El decreto expedido por el Congreso local pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en nuestro paÌs”, agregó. (Agencia Reforma)