CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Productores nacionales alertaron que de aprobarse en la Cámara de Diputados la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, el precio de la tortilla se incrementará hasta en un 30% llegando a los 35 o 40 pesos por kilogramo, debido a que la producción será insuficiente para abastecer al mercado nacional, publicó El Economista.
Entrevistados por separado, Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES); Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), y Baltasar Peral, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, alertaron que el dictamen aprobado por el Senado en septiembre, no ayuda a lograr la autosuficiencia alimentaria que se propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Juan Pablo Rojas planteó que actualmente el precio de la tortilla oscila hasta en 20 pesos en algunos lugares del país, y si se reduce la producción de maíz blanco, el precio se incrementará mínimo en un 30%, para llegar a 35 o 40 pesos por kilogramo.
Argumentó que con los maíces híbridos actualmente se producen 16 toneladas por hectárea en el país, pero de aprobarse la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo -que ordena la producción únicamente con maíces criollos-, sólo se producirán 4 toneladas por hectárea.
Precisó que la demanda nacional de maíz es de 18 millones de toneladas, que son las que se producen actualmente, pero de ese universo, sólo 4 millones se producen con maíces criollos, el resto con híbridos.
“No buscamos que esa iniciativa no se apruebe. Es buena. Lo que buscamos es que se modifiquen dos párrafos que son los que lastiman a los productores nacionales”, comentó Rojas.
“Prohibir la producción es ponernos en mucha mayor desventaja frente a otros productores de países, y por no producirlo en México se obligaría a importar. Se estaría beneficiando a productores de otros países”, estimó.
Juan Pablo Rojas y Gustavo Rojo coincidieron en que los productores nacionales buscan que continúe la siembra con semillas de maíces híbridos (no transgénicos), ya que de privilegiarse únicamente el maíz nativo, la producción nacional descenderá y no se logrará el propósito del gobierno de tener autosuficiencia alimentaria.
Aseguraron que actualmente México prohíbe la siembra de maíz transgénico, pero no su importación ni mucho menos su consumo, por lo que se corre el riesgo de que, al caer la producción nacional, se tenga que elevar la importación desde países como Estados Unidos, Brasil y Argentina que sí utiliza las semillas mejoradas (no transgénicas).
“Si sólo vamos con la siembra de maíz criollo, nunca lograríamos la autosuficiencia alimentaria que este gobierno plantea. Es importante que quienes están impulsado esa ley, sean sensibles de lo que se vive en el campo mexicano. Es importante que recapaciten y sean sensibles con las necesidad del campo”, planteó Juan Pablo Rojas. “Sería un golpe a los productores de maíz”, añadió Gustavo Rojo.
La discusión en la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados prevé comenzar a dictaminar esta semana la minuta aprobada el pasado 24 de septiembre por el Senado de la República, por la que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que reconoce la producción, comercialización, consumo y diversificación constante de esta semilla, como manifestación cultural nacional.
Se establece que el Estado deberá garantizar y fomentar que las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante, así como a los productos derivados, en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y otras técnicas de mejoramiento genético.
Ordena la creación del Consejo Nacional del Maíz (Conam) como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal, para brindar su opinión en materia de protección de la semilla nativa y en diversificación constante.
Dicho órgano tendría la facultad de opinar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas sobre fomento y protección al maíz nativo y en diversificación constante; así como revisar la modificación de los programas de semillas de maíz, para que se ajusten a la nueva ley.
Se ordena al Congreso de la Unión, en un plazo que no exceda de 365 días naturales posteriores a la publicación de la ley, realizar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto de la legislación. (Fuente: El Economista)
