CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La falta de una política criminal clara y una estrategia bien definida del Gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada y la inseguridad, ha generado que también los gobiernos estatales y municipales puedan deslindarse de su responsabilidad y ser omisos en su función, coincidieron y alertaron especialistas en seguridad en relación al recrudeciendo de la violencia en México, publicó sinembargo.mx.
La emboscada de policías en Michoacán, que dejó al menos 13 agentes muertos; el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, que desató una serie de ataques tras la detención y liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los diez hijos del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, en octubre pasado; la masacre a nueve integrantes de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua, seguida de una semana violenta en esa entidad, con al menos una treintena de personas muertas, principalmente en la fronteriza Ciudad Juárez y la capital del estado; los incendios de camiones en Guerrero y la emboscada a policías en Oaxaca, son algunos de los eventos criminales perpetrados en las últimas semanas que mantienen al rojo vivo las constantes críticas al Gobierno en materia de seguridad.
Los delitos de alto impacto cometidos de enero a septiembre han aumentado con respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo a cifras oficiales. Al menos 25 mil 890 personas fueron asesinadas en México en los primeros nueve meses, lo que significa 2.40 por ciento más en comparación con el mismo lapso del año pasado.
Los homicidios con arma de fuego subieron 3.20 por ciento al pasar de 17 mil 177 víctimas de enero a septiembre de 2018, a 18 mil personas asesinadas con armas de fuego en 2019.
Las víctimas de feminicidio crecieron 14.37 por ciento; las de secuestro un 9.34 por ciento y el número de casos conocidos de trata de personas aumentó 26.98 por ciento.
Con 4 mil 855 víctimas de extorsión, este es el delito que más creció , un 35.03 por ciento, al tercer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2018, que registró 4 mil 855 víctimas.
Erubiel Tirado, académico de la Ibero, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, y Julio Jiménez Martínez,investigador y analista político de la Universidad de La Salle, han declarado previamente que –por ejemplo– lo que ocurrió en Culiacán revela la carencia de una planificación concreta para la seguridad del país.
“Es evidente que no hay una estrategia y suponiendo que la hay, pues es un fracaso”, expresó en una entrevista en días pasado, Erubiel Tirado, coordinador de programa de seguridad de la Ibero.
La semana pasada, el estado de Chihuahua vivió una ola de recrudecimiento de la violencia tras un operativo en el penal de Ciudad de Juárez. Unidades de transporte público fueron incendiadas en Ciudad Juárez, un edificio de Gobierno en la capital fue atacado. De acuerdo a medios, la violencia sumó más de 30 personas muertas. Foto: Especial
El lunes, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante la segunda Reunión Regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Publica y Seguridad Pública Municipal, Zona Centro, reprochó que el tema seguridad pública “es el mayor reto que tenemos todos los niveles de Gobierno”.
“Como nunca en la historia ha habido una coordinación entre las instancias de seguridad (federales) y el hecho de que nos acompañen en estas reuniones, habla de la integración que tienen todas las instancias federales en el ámbito federales en la seguridad, y que queremos extenderla a las instancias estatales, de tal manera que en la suma de esfuerzos podemos optimizar los resultados en materia de seguridad”, expresó el titular de la SSPC en su discurso.
¿Y los gobernadores?
En las entidades federativas también hay una ausencia de estrategias contundentes para combatir la ola de violencia, criticó la organización civil Causa Común, a raíz de la reciente masacre a tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón.
“De nueva cuenta, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales para que asuman plenamente su responsabilidad de construir verdaderas instituciones de seguridad y procuración de justicia, y de enfrentar a los criminales”, señaló la organización civil en un comunicado de prensa.
La violencia en Sonora y Chihuahua ha crecido al menos 42.15 por ciento y 14.17 por ciento, respectivamente, durante los primeros nueve meses de este 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En Sonora, gobernada por Claudia Artemiza Pavlovich, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se registraron al menos 733 homicidios dolosos –489 cometidos con arma de fuego– de enero a septiembre de 2019, frente a 547 homicidios dolorosos –344 con arma de fuego– perpetrados en 2018. La cifra de víctimas de homicidio creció de 630 en 2018, a 918 registradas al tercer trimestre de este año.
En el estado de Chihuahua, gobernado por el panista Javier Corral Jurado, las carpetas de investigación por homicidio doloso subieron de 1 mil 432 –registradas de enero a septiembre 2018–, a 1 mil 635 en 2019. El número de víctimas de asesinato aumentó de 1 mil 738 –de enero a septiembre del año pasado– a 1 mil 936 registradas en el mismo periodo de 2019.
En Michoacán, en donde fueron emboscados los policías, la violencia creció un 17. 43 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018. Se trata de 177 víctimas mortales más que hace un año, pues de enero a agosto de 2018, las cifras oficiales reportaban 1 mil 15 víctimas de homicidio doloso, de las cuales, 803 fueron asesinadas con arma de fuego. El número de asesinatos a balazos creció 17. 06 por ciento.
Los secuestros también han registrado un alza en este año en comparación con el anterior en aquella entidad gobernada por el Silvano Aureoles Conejo, del Partido Revolución Democratica, (PRD). El secuestro extorsivo subió un 33.33 por ciento, pues de enero a agosto se han reportado al menos 32 casos, mientras que, en el mismo periodo de 2018, se acumulaban en total 24 víctimas de secuestro en la entidad.
Para Ricardo Ravelo, especialista en Seguridad, la violencia se ha mantenido en todo el país, derivada por la pugna entre los cárteles de droga, por la corrupción y los nexos de autoridades, así como empresario con grupos del crimen organizado, pero principalmente, porque las autoridades, tanto estatales como federales, están “rebasadas”, pues reiteró que en el país existe un “vacío de Estado, de poder” que priva no solo en Michoacán sino en todo el país.
“Lo que impera en México es un total desgobierno donde no hay política criminal, pero tampoco se quiere aplicar la ley”, dijo el especialista en entrevista con Sin Embargo.
¿Qué corresponde a los estados?
Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad, indicó no queda tan claro que le corresponde a los estados y a la federación “porque la complejidad de los delitos hace que se traslape las funciones”.
El especialista Ricardo Ravelo consideró que en materia de seguridad fallaron todas las estructuras de Gobierno. En el caso de la Federación, la deficiencia se presenta desde la creación de la estrategia de seguridad porque no tiene una política definida para atacar el crimen.
En relación a los gobiernos estatales, dijo que la problemática es más grave porque el menos el 80 % de las policías estatales no son confiables. “Y más abajo, a nivel de los municipios, muchos de estos territorios son pueblos sin ley donde las policías son grupos armados de los grupos criminales”.
Ravelo coincidió que la falta de una política clara sí propicia que los Estados puedan deslindarse de la responsabilidad, porque –desde el marco legal– las entidades federativas no tienen facultades para enfrentar delitos del crimen organizado, pues le corresponde a la federación.
“Entonces es muy fácil para los gobernadores negociar con el crimen organizado, igual para los alcaldes, pactar con alguna célula del crimen organizado, pero cuando hay problemas, ellos no tienen nada que ver en esto porque no tienen facultades, ni tienen capacidad para enfrentar al crimen”.
Ravelo comentó que, aunque a las fiscalías les corresponde perseguir y atender los delitos del fuero común, es necesaria una política de colaboración porque hoy en día los grupos dedicados al narcotráfico también operan delitos del fuero común.
“Yo tengo considerado que son aproximadamente 25 actividades delictivas con las que operan grupos criminales en todo el país, […] hay una mezcla del fuero común del fuero federal de tal manera que complica mucho porque son los mismos grupos del crimen organizado operando con actividades identificadas como delitos federales y del fuero común, de tal manera se tiene que establecer una buena colaboración, entre estados y federación para poder enfrentar todo este flagelo complicado”, dijo.
El director del Observatorio Ciudadano especialista criticó que algunas de las decisiones que ha tomado la actual administración, como la creación de la Guardia Nacional, ha generado espacios de oportunidad para que los gobernadores y los alcaldes sean omisos en su función.
“Yo se lo advertí a secretario Durazo y al Presidente, que precisamente la creación de la Guardia Nacional generaba incentivos negativos para que los estados formaran sus propias policías”, dijo.
Rivas explicó que uno de los errores cometidos es recortar los recursos a los estados y no incentivar para el fortalecimiento de las policías locales. “Los estados recibieron un 33 por ciento menos de aportaciones federales, reportaron un tercio del dinero que recibían, y que siempre ha sido muy poco. México le destinó este año apenas el 0.89 % del PIB cuando por ejemplo Colombia, le destina el 5%” dijo.
El especialista añadió que los estados también tienen que pagar por la presencia de la Guardia Nacional. “Entonces, si yo tengo menos dinero, y a parte tengo que pagar por la Guardia Nacional, ¿Cómo le voy hacer para formar bien esas policías locales”, ejemplificó.
Aludió que es lógico que los estados prefieran invertir el poco dinero que tienen en mantener la presencia de la Guardia Nacional, en lugar de fortalecer sus cuerpos policiacos.
Culpar al modelo económico
El secretario Alfonso Durazo reiteró ayer mismo la postura en relación a que la crisis de inseguridad es el resultado de un modelo económico que aumentó los niveles de pobreza y exclusión.
“El horror que vivimos no es gratuito, ni fortuito, tiene una fuente y una explicación que trasciende la simplicidad; no obstante, nuestros esfuerzos, existe una correlación entre un modelo social excluyente generador de pobreza, marginación e inequidad como el que todavía padecemos pese a los muchos cambios que ha impulsado este Gobierno y el germen de la violencia”.
Durazo también recriminó las críticas a estrategia de seguridad. “Mientras más nos empeñemos en negar esta ineludible realidad, más nos tardaremos en resolver la inseguridad que marca a nuestro país… pudiera decir ‘no nos hagamos’ pudiera complementar incluso la frase con un adjetivo más rotundo, pero francamente no voy a conceder esa perla a los compañeros medios de comunicación, pero no nos hagamos’ La nueva agenda de seguridad centra sus esfuerzos y recursos en entender y atender las causas del fenómeno, así como frenar y revertir el impacto de las dinámicas violentas que son producto de la marginalidad y la exclusión social”, expresó.
Francisco Rivas y Ricardo Ravelo coincidieron que es un desacierto señalar la pobreza como generador de violencia.
“Cuando ellos dicen que los delincuentes son víctimas del modelo económico e insiste con abrazos son balazos, si pone en dificultad a una autoridad que su función es combatir el delito”, opinó parte Rivas.
Ravelo dijo que como el Presidente no quiere usar la fuerza del estado para enfrentar a los cárteles, entonces, las estructuras criminales “están ajustando sus cuentas entre ellos mismos y en esta oleada de violencia, por desgracia se están llevando a gente inocente, que nada tiene que ver con estos negocios ilegales”.
“Me parece que está mal enfocada porque la pobreza no es generadora de criminalidad […]”, expresó Ravelo.
Sin policías ni inteligencia financiera
Alfonso Durazo reafirmó también que no apostarán por el recrudecimiento de las hostilidades policiales y militares para erradicar el crimen: “nos demandan el uso de la fuerza pública, en el sentido de prácticamente resolverlo todo a garrotazos, como si repartirlos adiestra o siniestra fuese suficiente para eliminar las consecuencias de todos los rezagos sociales generadores de violencia”, dijo.
Para Francisco Rivas, el error que comete el Presidente es que, al no perseguir a la delincuencia, el crimen por si solo ya no va a atacar, “y estamos viendo que eso no es real”.
Los especialistas concordaron en que, si bien el estado no buscará una estrategia del uso de la fuerza pública, tampoco se ven resultados o que implementen otras acciones para golpear las estructuras de la delincuencia organizada.
“No se está trabajando para reducir el ingreso de armas al país, para desmantelar los activos económico de los grupos de la delincuencia, no se ha hecho nada para combatir a la corrupción y no tenemos mejores capacidades institucionales de seguridad, y nada hace pensar que las cosas mejorarán”, añadió Rivas.
Ricardo Ravelo comentó que si Andrés Manuel López Obrador realmente quisiera atacar las causas que generan violencia debería de empezar por bajar la impunidad; quitarle el dinero a los grupos mafiosos; proceder y procesar a políticos y empresarios que están vinculados al crimen organizado. y desmantelar toda la estructura política que gobierna en México.
“A estas alturas, la unidad de inteligencia financiera ya debería de tener un mapa, lo más amplio posible, del patrimonio del crimen organizado para ir golpeando esa estructura y quitarles el dinero a los grupos criminales, porque hay que entender que la delincuencia organizada opera con dos armas muy letales: la corrupción y la violencia”, dijo.
“Durazo debe renunciar”
Los entrevistados consideraron que el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, debería renunciar pues afirmaron que “no está a la altura del cargo” y la crisis de inseguridad ha quedado rebasada.
Francisco Rivas dijo que cambiar al Secretario de Seguridad es una de las acciones a corto plazo que tendría que emprender Gobierno federal: “El secretario Durazo me parece que ha demostrado que no tiene los conocimientos ni la pericia para poder llevar a cabo esta función”.
El titular del Observatorio Ciudadano destacó que es importante tener a una persona con las capacidades necesarias “porque si en la cabeza hay una persona que no es experta en el tema, lo único que genera son políticas públicas sustentadas en opiniones y no sustentadas en conocimiento.
Ricardo Ravelo coincidió en que se requiere otra persona al frente del tema de seguridad.
“Creo que tiene muchas fallas, pero hay que entender que no es un conocedor de estos temas de delincuencia organizada. Está haciendo su mejor esfuerzo, pero evidentemente él tendría que reconocer sus limitaciones y renunciar al cargo porque él no está a la altura de la situación del país”. (Fuente: sinembargo.mx)