Es un hecho incuestionable que la Guerra de Castas de Yucatán (1847-1902) fue un fenómeno regional, y es un claro ejemplo de un proceso histórico local que, sin embargo, tuvo nexos nacionales e internacionales. Su singularidad estriba en que esta guerra de más de 50 años influyó en la configuración político-territorial de la Península: el desmembramiento, primero, de Campeche en 1858, y la creación del Territorio de Quintana Roo en 1902, por decreto presidencial porfiriano del 24 de noviembre de ese último año.
Si podemos hablar de uno de los padres fundadores del Territorio de Quintana Roo, se lo debemos a aquel viejo soldado tuxtepecano que a finales del siglo XIX oyó las sirenas capitalistas resoplando sus intereses en la selva o costa oriental de la Península, un extenso territorio ganado con sangre y fuego por los aguerridos cruzoob en la medianía del XIX, y en donde habían fomentado, vía la ayuda necesaria de los ingleses del lado derecho del Hondo, una sociedad autónoma e independiente.
Desde los últimos años del siglo XIX, tanto en la ciudad de los barones del henequén, Mérida, como en el Palacio donde regenteaba con pleno dominio el general Díaz, comenzó a circular una serie de noticias de una interminable riqueza forestal que guardaban las tierras del oriente peninsular, que estaban fuera de la jurisdicción estatal debido a la guerra que la “barbarie” indígena hacía a la “civilización yucateca”. Tierras ricas que, además, servían como fuente para los mayas rebeldes para hacerse de recursos como pólvora y armas, así como para avituallarse. Esto lo había apuntado Hübbe desde las páginas de El Eco del Comercio, entre 1880 y 1881: “Desde las márgenes del Río Hondo, hacia el interior de extensos bosques de las maderas más útiles y valiosas cubran estas comarcas de la Península, y dedicándose a su explotación, los indios con facilidad adquirían los medios de pagar el valor de los efectos que la colonia de Belice les proporcionaba”.
Entonces, es de entender que la guerra que se emprendiera por tierra y mar a partir de 1895, así como por las relaciones diplomáticas que Díaz dispuso con la corona inglesa (los tratados Mariscal-Spencer significaron el fin del tráfico de armas británicas hacia Santa Cruz, el cese de las incursiones de colonos ingleses para la explotación forestal, la delimitación de la frontera en el sur, y la ayuda inglesa para “pacificación” a los mayas), tuvieron como objetivo único que el gobierno porfiriano, así como sus adictos locales, se beneficiaran del rico botín forestal, sobre todo, del fuerte mercado extranjero en crecimiento de la achras zapota, o Manilkara Zapota, (el chicle), como de las riquezas maderables que abundaban en los antiguos territorios indígenas. Una de las historiadoras que más ha estudiado esto, en los inicios de la conformación económica del Territorio de Quintana Roo, Teresa Ramayo Lanz, apuntó en un reciente libro, lo siguiente: El nacimiento de Quintana Roo en 1902 respondió a la necesidad del régimen porfirista por controlar políticamente la región peninsular, además de que el gobierno de Díaz quería los beneficios de la apertura al capital extranjero de la reserva forestal peninsular (Teresa Ramayo Lanz. Política, economía chiclera y territorio: Quintana Roo. 1917-1940. Mérida. Ediciones de la UADY, 2014).
Recordemos que a finales del siglo XIX, el control del henequén estaba en manos gringas ayudadas por las oligarquías locales y nacionales, pero estas miras imperialistas no se restringían a las pedregosas tierras del noroeste henequenero, sino que miraban igual a las selvas sudorientales.
Díaz dispuso los mecanismos militares para el control geoespacial, y después, económico de esta región. Desde luego que contra la erección del Territorio del 24 de noviembre de 1902 hubo descontentos, como el caso de Francisco Cantón y un grupo de henequeneros, que vieron perdido ese territorio oriental y que protestaron airadamente contra la segregación. A estos descontentos, Díaz les hizo caso omiso, y a los que se plegaron a sus designios (el clan de Olegario Molina Solís, grupo de la Casta Divina contrario a los cantonistas, entre otros miembros científicos nacionales) se les premió con vastas extensiones de selvas en concesión, que sólo pasaría por la federación. Un intento desesperado de Cantón por correr la división espacial del nuevo Territorio (dejándole a los yucatecos una parte norte de la costa oriental, a partir de Tulum) y señalando como razones la diversidad en la producción agrícola (no depender únicamente de los henequenales, sino fomentar productos tropicales), fue al final desechado por el gobierno central.
La respuesta que adujo el gobierno de Díaz, tanto por medio de sus plumas al servicio de sus intereses (El Eco del Comercio, entre otros diarios adictos al clan Molina-Montes), como en el Texto íntegro de la iniciativa presentada a la Cámara de la Unión por el Ministerio de Gobernación. Reforma al artículo 43 Constitucional, fue la nula capacidad –tanto en términos militares como en lo económico, así como en lo poblacional- del gobierno yucateco para administrar esta vasta zona que fue durante más de medio siglo, un bolsón de resistencia indígena. Urgía, entonces, que el gobierno porfiriano proyectara la creación de una nueva entidad con carácter de territorio federal para la explotación de la selva, amén de que todo esto tenía por objetivo, señalaban los porfirianos, la pacificación definitiva de los mayas rebeldes (Ramayo, ibídem). Era obligatoria una intervención del centro para, según el razonamiento geopolítico, fomentar el territorio y civilizarlo.
Desde las páginas de los periódicos de la época, dos grupos políticos locales yucatecos entraron en una serie de polémicas que consistían en apoyar la creación del Territorio, y otros en cuestionar constitucionalmente el decreto porfiriano. Por una parte, se encontraba el grupo del gobernador Francisco Cantón, que dispuso lo necesario para la “pacificación” de los cruzoob; y cuya pluma más conspicua era su sobrino, el poeta y literato Delio Moreno Cantón, que cuestionó la legalidad del decreto del 24 de noviembre de 1902, tachándolo de inconstitucional la modificación del artículo 43 de la Constitución de 1857. El argumento de Moreno Cantón señalaba que la Cámara de Diputados:
“[…] no estaba facultada para crear nuevos estados fraccionando los ya existentes, y menos aún podía establecer territorios. Hacerlo implicaba una violación a la soberanía de los estados y era, en consecuencia, vulnerar ‘la piedra angular en que descansa el edificio político de la patria.’ El reclamo podía ir todavía más allá, pues invocando el artículo 116, se acusaba a la Federación de haber incumplido con este precepto por lo menos desde la restauración de la República” (Felipe Escalante Tió. Los conservadores revolucionarios yucatecos. Periodismo, liderazgos y prácticas de prensa en la construcción del Yucatán revolucionario. 1897 – 1912. Tesis Doctoral en Historia. CIESAS, 2016, p. 128).
Por el otro, el grupo de Olegario Molina Solís, que instigó a Porfirio Díaz para que se respondiera desde la prensa adicta con alegatos contrarios a los cantonistas, sobre la necesaria erección del Territorio, pues Yucatán no podía, so pena de despoblarse y quedarse en la ruina, cargar con un territorio reacio por tanto tiempo al dominio meridano. Al final, triunfaría el ala molinista en todos los sentidos: en lo político, con la hegemonía molinista en los últimos años del Porfiriato en Yucatán, así como en lo económico, siendo el clan Molina uno de los más beneficiados con las concesiones forestales del oriente de la Península.
Documentos para la historia de la creación del Territorio de Quintana Roo
Como parte de las conmemoraciones del 117 aniversario de la erección del Territorio de Quintana Roo, insertamos para los lectores de Noticaribe dos documentos históricos que esencializa las razones porfirianas para la erección del Territorio, razones que llevan implícitas las objeciones de los yucatecos como Francisco Cantón que estuvieron en contra de otro desmembramiento de lo que alguna vez fue designado como el Gran Yucatán (la desmembración del espacio peninsular a lo largo del siglo XIX que incluía el Petén guatemalteco, Campeche, Belice y, por último, el Territorio de Quintana Roo).
La Revista de Mérida. Diario Independiente. Mérida, Yucatán, sábado 9 de noviembre de 1901.
“La erección del Nuevo Territorio. Lo que significa para Yucatán”.
Publicamos en el número de hoy la inicia íntegra para la erección del nuevo territorio. Por ella podrá verse que no se sustrae a la obediencia del Gobierno de Yucatán ningún centro civilizado, que no estuviese ya sustraído de hecho desde 1847.
Mientras no se había empezado la campaña contra los mayas, el territorio que ocuparon fue guarida de sus hordas y amenaza constante para las poblaciones fronterizas, que durante medio siglo sufrieron el amago de las correrías e invasión de los salvajes.
Estando la Nación en paz, se trató entonces no sólo de abrir una campaña para reducirlos al orden sino para civilizarlos; procurar por la colonización el aumento de los habitantes de la República; aprovechar la costa para abrir puertos: cubrir y reforzar las fronteras y hacer surgir nuevas fuentes de riqueza.
Es decir que la obra presenta dos fases: la puramente militar o de reconquista y la de de hacer ésta duradera, eficaz y útil para el país. Estamos todavía a la mitad de la primera faz y en los cuatro años de campaña, Yucatán ha podido convencerse de que el tributo de sangre y de dinero que exige la guerra es por todo extremo ominoso.
Dinero y sangre: he aquí los únicos medios que permiten llevar a cabo la magna empresa proyectada, que cada día tiene mayores exigencias. Veamos si el Estado puede proporcionar por más tiempo este contingente y fijándonos primero en la cuestión de los fondos públicos, no han bastado las entradas ordinarias y ha habido qué contratar un empréstito para sufragar los gastos indispensables de nuestros guardias y trabajadores que han estado abriendo y defendiendo los camino, u es evidente para todos que, en punto a gastos, los hechos hasta aquí, son apenas los primeros, pues aún falta terminar la reconquista, aún falta la conservación del territorio adquirido y el cubrir con fuerzas las fronteras, los cantones militares y los puntos estratégicos.
Y todo esto no es más que el inicio de la gran idea, y por mucho que haya costado…resultará pequeña comparándola con la que hay qué gastar para hacer útil la obra de pacificación.
Aún aceptando, pues, que ésta ya estuviese terminada, cáese de su peso que nuestro Estado no podría gastar los millones que requieren el atraer inmigración, fundar pueblos, abrir puertos, hacer buenos caminos y desarrollar en los lóbregos campos insalubres, elementos de engrandecimiento.
¿Qué haría Yucatán si el Gobierno General, una vez terminada la reconquista del territorio, lo dejara en nuestras manos para gobernarlo? Ni cuando el Estado tuvo doble número de habitantes pudo su Gobierno hacer llegar su aliento hasta la remota costa oriental, ni la vecindad de la colonia inglesa de Belice.
Por tanto, este territorio que no ha estado de hecho sometido a la acción administrativa de los poderes del Estado, sin la positiva y eficaz autoridad federal, sería un refugio para los malhechores y nuevo cauce donde se desviarían en anárquicas corrientes los brazos y elementos de nuestro Estado.
Basta estas consideraciones para demostrar que a Yucatán no conviene en manera alguna recibir una carga tan desproporcionada con sus recursos pecuniarios; pero esta verdad se impone con más fuerza cuando se medita en lo que significa el segundo factor de la campaña: la contribución de sangre.
Esta contribución que horroriza a las madres, la pagado Yucatán desde el principio de la campaña, y durante cuatro años ha sentido removerse en su seno tal hondo malestar, sin proferir una queja, sin desmayar un día en la obra redentora emprendida para atraer a la civilización a nuestros hermanos descarriados.
Con la contribución de sangre, quedan sangrando los pueblos “porque nuestra población es muy reducida y cada vez que vuelven hidrópicos y extenuados los que contrajeron fiebres y disenterías sirviendo a la patria, se palpan las bajas numerosas que sufre la población yucateca.
En fin que:
“Ni sus recursos, ni su población le permiten [a Yucatán] conservar esa región, y si alguno, de pronto, al tener noticia de que se trata de cercenar el territorio del Estado, sintiese herido su amor a Yucatán, con un poco de reflexión vería que mucho perderíamos conservando esa gran extensión que nos ha sido hostil; y, por el contrario, con la erección del nuevo territorio, se dilatará el espacio en que ondée nuestro emblema nacional y se ampliará el campo para el espíritu emprendedor de los yucatecos.
Se tiene el deseo de que el Gobierno Federal: “en porvenir no muy remoto, hará práctica y útil la empresa, convirtiendo las llanuras y los bosques, en terrenos de labranza para las subsistencias; creando la industria que es campo de actividades provechosas, y estableciendo el comercio, fuente de riqueza y prosperidad en todos los países. Así, en vez de desiertos y territorios inútiles, tendremos, al alcance de la mano, centros poblados y civilizados con cuyas relaciones mejorará en todos los sentidos el porvenir de Yucatán”.
La erección del Territorio federal en Yucatán. Extracto del Texto íntegro de la iniciativa presentada a la Cámara de la Unión por el Ministerio de Gobernación. Reforma al artículo 43 Constitucional. (Por telégrafo para LA REVISTA).
Un sello que dice: “Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. México. –Sección 2ª Número 4,388.”
“[…] en esa extensión del territorio reconquistado, se carece de administración legal, regulada, bajo cuyo amparo se estimule la colonización de las comarcas hasta hoy desiertas y se promuevan y se lleven a cabo la multitud de trabajos materiales y providencias administrativas que hoy, más que nunca, se hacen necesarias para devolver aquella región a la vida civilizada. Esta empresa, que demanda una suma de poder y de gastos que no están al alcance de los gobiernos locales, debe, por ahora, en concepto del Ejecutivo, correr a cargo de la Federación; y por tales consideraciones, juzga indispensable que se erija en territorio federal que llevará el nombre de Quintana Roo, la porción conquistada en el Estado de Yucatán y que será determinada conforme se indica en el adjunto plano, por la siguiente línea divisoria.