CHETUMAL, MX.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo (Sauqroo) acudieron hoy al Congreso del Estado para ingresar un documento dirigido a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) para que intervengan ante el ilegal proceder de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que se niega a notificar su emplazamiento a huelga.
Mario Vargas Paredes, secretario general, dijo que la situación ya se ha tornado grave, por lo que es necesario denunciarla, ya que los funcionarios de esta Junta expresamente dicen que no acatan la ley.
“Nos pareció necesario denunciar la conducta irregular, que es además inconstitucional y que sigue ritmos propios del siglo pasado. Ya no estamos desaparados por la ley y menos por los tratados internacionales”, comentó.
Lo que solicitan es que se llame a comparecer a Ruth Fernández, presidenta de esta junta, para que explique si tiene algún problema personal o sigue alguna “línea” para negar el reconocimiento del sindicato.
Aunque supuestamente la junta es autónoma, ellos dicen saber que obedecen a la secretaria de Trabajo, Catalina Portillo Navarro, quien no solo los trata con indiferencia, “sino que además tiene una aversión al sindicalismo independiente”.
Recordó que ya han obtenido tres amparos, todos favorables al Sauqroo, pero la junta se niega a notificar del pliego petitorio, que ingresaron con un emplazamiento a huelga para obtener un contrato colectivo de trabajo.
En esta última oportunidad, la junta tenía 48 horas para cumplir con esta diligencia, que vencían el viernes, pero ese día la presidenta firmó que se trasladaba a Cancún con su equipo, decisión totalmente violatoria de la ley. Luego vino el fin de semana largo, y el martes el secretario de actas afirmó que la Ley Federal del Trabajo “tiene 50 años y que ya es obsoleta, por lo que no pueden someterse a ella”.
“Las instituciones parece que se manejan por encima de la ley, a su propio antojo y con autoritarismo”, se quejó Vargas Paredes.
Detrás de estas negativas, ven la intención política de proteger al nuevo rector que “piensa que llegó a un club, en el que pone su hamaca para pasársela bien por cuatro años”.
Recordó que Francisco López Mena se comprometió públicamente a reunirse con ellos para revisar sus demandas, cosa que no ha hecho.
“Nunca nos opusimos a que llegara a la rectoría. En eso nos mantuvimos neutros. Lo único que pedimos es que se nos respete nuestros derechos”, comentó.