Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Por considerar que en Quintana Roo sólo han sido una simulación las acciones para atender la Alerta de Género y disminuir el número de feminicidios que se han registrado, integrantes de diferentes organizaciones solicitaron la destitución de la Fiscal de Delitos Sexuales y de Trata de Personas, María Guadalupe Reyes Pinzón y la directora general del Instituto de las Mujeres en el municipio de Solidaridad, Valeria Burgos Maldonado, así como un revisión de la preparación académica de los organismos municipales.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, organizaciones como Gobernanza MX, Mujeres en Luz, Siempre más unidas, Marea Verde Quintana Roo, Las del Aquelarre, Derechos Autonomías y Sexualidades y Red Positiva enviaron una amplia carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Carlos Joaquín, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Edgar Gasca Arceo y las comisiones Interamericana y de Quintana Roo de Derechos Humanos, así como a la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete para exponer el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres de la entidad.
Manifestaron, en el caso de Reyes Pinzón, que ha sido señalada tanto por familiares de víctimas, como por medios de comunicación, por entorpecer procesos judiciales y encubrir a uno de los principales sospechosos del ataque, en la detención y tortura de la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro en 2005.
En el caso de Burgos Maldonado afirmaron que no cuenta con licenciatura, así como una edad mínima de 30 años, requisitos establecido en el artículo 19 del Reglamento del Instituto de las Mujeres de Solidaridad y piden se inicien los procedimientos correspondientes para el deslinde de responsabilidades penales y/o, administrativas por ocupar cargos para los que no es elegible, así como hacer una revisión del grado académico y los perfiles de las personas que están a cargo de los Institutos Municipales de las Mujeres y otras instituciones encargadas de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado y los municipios, para asegurar que la atención será adecuada.
Las organizaciones pidieron al Estado que deje de promocionar, difundir, financiar o apoyar con recursos públicos, eventos y artículos promocionales que incentivan los dogmas y creencias religiosas en detrimento de los derechos humanos de las mujeres, y que los funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras públicas se abstengan de participar en su calidad de agentes del estado, en ese tipo de eventos; y asegurar el acceso a la educación integral de la sexualidad de las y los menores y adolescentes; proporcionar información sobre métodos anticonceptivos; asegurar la existencia y suficiencia de métodos anticonceptivos gratuitos en las instancias del sector salud de la zona rural y urbana.
La inmediata y permanente capacitación y actualización para personal médico, de enfermería, de trabajo social y cualquier otro que tenga contacto directo con las usuarias en el Sector Salud de la entidad, para la adecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA-2005.
Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres
“Todos los días la vida de las mujeres en el estado de Quintana Roo está en riesgo: en sus hogares, en la calle, en las instituciones educativas, en los espacios laborales, en las iglesias, en el transporte público, en los juzgados, en prácticamente todos los espacios donde se debe desarrollar su vida. Mientras eso siga así no habrá tregua. La lucha por la garantía y defensa de nuestros derechos será permanente. La exigencia social va a ir en aumento y las instituciones deben afrontar su responsabilidad”, afirmaron.
Las integrantes de los diferentes colectivos expusieron que en Quintana Roo cifras oficiales revelan que desde 2016 más de mil mujeres han sido violadas en todo Quintana Roo, en promedio una mujer por día, entre ellas mujeres locales con residencia en Quintana Roo, pero algunas otras turistas nacionales y extranjeras.
Manifestaron que, a pesar de la alerta de género emitida para siete municipios, las acciones no se ven reflejadas las acciones para garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, “lo cual es de suma preocupación, pues significa que no existe el compromiso real de enfrentar esta problemática a ya más de dos años de decretada la alerta”.
Los subsidios por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por más de 1.7 millones de pesos otorgados en 2018 para crear estrategias de recuperación de espacios públicos y prevención de violencia de género en los Municipios de Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez fueron totalmente desperdiciados, generando productos de nulo valor y por lo tanto esas estrategias fueron engavetadas y no seguidas por las instituciones correspondientes.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, espacios públicos, letreros y monumentos lucieron las pancartas que los colectivos pusieron par hacer pariente su inconformidad por las nulas acciones. (Noticaribe)