CIUDAD DE MÉXICO.- Los reclamos legales y ambientales, así como licitaciones fallidas, mantienen retrasados los proyectos insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pegan amparos al aeropuerto de Santa Lucía
Programada para iniciar en el segundo trimestre de este año, la construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía podría arrancar hasta abril de 2022 debido a los 147 amparos que enfrenta.
El calendario de obras entregado por la Secretaría de la Defensa a la de Medio Ambiente contemplaba que los primeros trabajos debían haber iniciado a finales de marzo.
Sin embargo, el incumplimiento de permisos de carácter ambiental y la interposición de una serie de amparos impidieron cumplir con los plazos.
Pese a ello, fue hasta abril cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la base militar, ubicada en el Estado de México, para dar el banderazo de salida, aunque aclaró que solo lo hacía para iniciar con los estudios y trabajos preliminares de la terminal aérea.
En junio, un tribunal federal concedió la primera suspensión al proyecto por el amparo que interpuso un empresario.
En el camino, el colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa Común, México Unido contra la Delincuencia y la Coparmex, también recurrieron al Poder Judicial para frenar la obra, lo que derivó en varias suspensiones.
Tras advertir que no cedería ante esas acciones, el 1 de julio López Obrador aprovechó el aniversario de la elección presidencial para denunciar la existencia de un “sabotaje legal” contra el nuevo aeropuerto.
Para ese momento, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el costo de la obra se había incrementado 17 por ciento, al pasar de 78 mil millones a casi 92 mil millones de pesos.
Con los gastos elevándose y la obra detenida, el Gobierno endureció su estrategia y solicitó a un juez invocar el “interés nacional” para revocar las suspensiones.
El juez federal que había concedió tres suspensiones definitivas decidió levantar todos los obstáculos legales para el proyecto a partir de hacer “nuevas reflexiones y análisis”. El 16 de octubre, revocó la última suspensión que impedía iniciar la construcción.
Un día después, López Obrador por fin pudo dar el banderazo a las obras en la base militar.
#NoMásDerroches ha sostenido que, pese a la cancelación de las suspensiones, los juicios de amparo continuarán su curso, ya que seguirán litigando hasta que se resuelvan de fondo.
Enfrenta el Tren Maya rechazo ambientalista
Ante las criticas de ambientalistas y otros obstáculos para la obra, la construcción del Tren Maya será sometida a una consulta indígena y ciudadana.
A un año del nuevo Gobierno federal, el Fonatur anunció que entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre se preguntará a las comunidades indígenas si aceptan el proyecto.
En el caso de las consultas ciudadanas, se realizarán los días 14 y 15 de diciembre.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que no está dispuesto a que se repita una carrera de obstáculos para llevar a cabo el proyecto que costará 120 mil millones de pesos y que impactará en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Adelantó que, para él, los resultados del ejercicio ciudadano serán vinculantes.
“Como hay intereses creados como lo vimos en el aeropuerto con 140 amparos, no queremos que esto suceda también en el Tren Maya”, dijo el 11 de noviembre.
Además de los cuestionamientos de ambientalistas, el Tren Maya ha enfrentado otros inconvenientes.
En septiembre pasado, Fonatur reconoció, por ejemplo, que el lanzamiento de la Fibra para financiar desarrollos inmobiliarios de las 18 estaciones del Tren Maya se retrasará hasta un año.
Estaba previsto que este instrumento financiero fuera lanzado al mercado al cierre de 2019 o inicios del 2020; sin embargo, la complejidad en las negociaciones para asociar a ejidatarios al proyecto lo retrasará hasta finales de 2020 o principios de 2021.
Hasta el momento, se han concretado licitaciones para la ingeniería básica, la contratación de un estudio sobre la seguridad en la región, la regeneración urbana en Escárcega, Campeche, y se anunció que se alistaba una más para los rieles.
De acuerdo con el calendario mostrado por Fonatur a los posibles inversionistas en la ingeniería del proyecto, las prebases para las licitaciones de dos de los siete tramos deberán emitirse antes de que concluya este 2019.
La intención es que la obra en los tramos de Escárcega-Calkiní y Calkiní-Izamal pueda iniciarse en el segundo trimestre de 2020.
En otros tres tramos, las prebases, la convocatoria y el inicio de la obra tendrán que concretarse también el próximo año y dos más en 2021.
En todos los casos, se contempla que toda la obra esté lista entre el segundo y el último trimestre de 2023, salvo el tramo Bacalar-Escárcega, que ni siquiera tiene fecha de conclusión.
Hasta ahora han expresado su interés en participar en la etapa de construcción empresarios como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, la familia Hank, la firma BlackRock y una compañía de origen chino.
Marcan a Dos Bocas denuncias y protestas
Licitaciones fallidas, denuncias legales y protestas de ambientalistas han marcado el inicio de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
El 12 de marzo, el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que la construcción de Dos Bocas podría retrasarse, ya que habría un ajuste de prioridades presupuestales.
Sin embargo, el funcionario fue desmentido por el Presidente, quien mantuvo su decisión de ir por la nueva planta, que tendrá un costo de 150 mil millones de pesos y 20 años de vida útil.
El 18 de marzo, el Gobierno federal lanzó una licitación restringida a cuatro empresas con experiencia, pero también con cuestionamientos en el campo de la refinación.
El 9 de mayo, la Secretaría de Energía (Sener) anunció que la licitación se declaraba desierta, ya que ninguna de las empresas cumplía con los requisitos de terminar la construcción en tres años, con un costo máximo de 8 mil millones de dólares.
Tras informar sobre la decisión, Pemex y la Sener tomaron las riendas del proyecto, con la promesa de respetar el presupuesto y tenerla lista para mayo de 2022, como ofreció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 20 de mayo, la titular de Sener, Rocío Nahle, aseguró que tenían lista la Manifestación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, fue desmentida horas más tarde por la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Josefa Ortiz, quien renunció al cargo cinco días después en medio de un escándalo por tráfico de influencias, ya que hizo regresar un avión de Aeroméxico a la terminal para no perder el vuelo.
Sin contar aún con los permisos legales, el Presidente decidió iniciar los trabajos en Paraíso, Tabasco, el 2 de junio.
A mediados de ese mes, organizaciones no gubernamentales demandaron a la Semarnat que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) negara los permisos, debido a las irregularidades y riesgos que representaba para el ecosistema de la zona, en la que pretenden construirse 17 plantas y 93 esferas de almacenamiento.
Pese a las polémicas, el Gobierno avanzó y dio a conocer que las empresas ICA Fluor, Samsung y Kellog Brown habían ganado las primeras licitaciones para participar en el proyecto.
El 1 de agosto, el Presidente regresó a Dos Bocas para dar el banderazo de salida definitivo, aún cuando la Manifestación de Impacto Ambiental no había sido avalada.
Fue hasta 12 días después que la ASEA emitió el permiso, pero condicionado a que Pemex cumpliera con nuevos requisitos. (Agencia Reforma)