CHIAPAS, MX.- Los centros de Derechos Indígenas (Cediac) y de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informaron que 40 familias, (190 personas) fueron desplazadas forzadamente de la comunidad de San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, tras ser “atacadas por personas con armas de fuego”, publicó La Jornada.
En un comunicado conjunto dijeron que los afectados “se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad”.
Explicaron que el pasado 6 de este mes, a las 6:00 horas, tiempo local, aproximadamente, “un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil”.
Recordaron que “el mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018”.
Manifestaron que los habitantes de las comunidades de Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá, “se encuentran en riesgo a su vida, seguridad e integridad”.
Expresaron que “entre las agresiones, el Frayba registró que el 9 de octubre de 2019, nueve personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 9:00 horas, aproximadamente, un grupo de siete personas les disparó con armas de grueso calibre. La agresión duró 30 minutos, aproximadamente, y el 10 de octubre continuaron las detonaciones”.
Señalaron que “desde el 15 de octubre de 2019, el Frayba informó a los gobiernos estatal y federal, sobre la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado a comunidades”.
Aseguraron que “el Estado mexicano no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad. Por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado se presume vínculos con agentes estatales y municipales”.
Ambos organismos exigieron “garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas desplazadas de Carmen San José y las 65 personas de San Antonio Patbaxil; evitar el desplazamiento forzado de las comunidades de Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, municipio de Chilón y Santa Cruz, Sitalá”, y aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidad y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas. (Fuente: La Jornada)