CIUDAD DE MÉXICO.- La viabilidad financiera del proyecto de Banca del Bienestar es cuestionable, de acuerdo con analistas.
El martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las 2 mil 700 sucursales que se construirán para este banco generarán costos operativos de 6 mil millones de pesos anuales, lo que se financiará con el cobro de comisiones, con lo que se garantiza que no requiera subsidios.
Para sostener la operación de las sucursales, el Gobierno tendría que cobrar comisiones más altas que el sector privado, afirmó Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social y Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“El Gobierno coloca alrededor de 300 mil millones de pesos en transferencias monetarias en becas, pensiones a adultos mayores.
“Si le representa alrededor de 6 mil millones de pesos operar estas sucursales, estamos hablando que habría una comisión de 2 por ciento que cobrar a los usuarios para poder sostener el servicio”, dijo.
Una comisión de 2 por ciento es factible, pero es superior a lo que cobran los fondos de inversión del SAR, que van de 0.5 a 1.5 por ciento, expuso.
Además deberá transferir todos los programas sociales mediante el banco del Bienestar y quitar al sector privado, estimó.
“Un problema adicional, es que para que esta tasa de costo de transacción permita financiar a las sucursales, se requiere que todas las transferencias pasen por el sistema gubernamental”, dijo.
Esto significa que se tendría que retirar cualquier redistribución de la banca privada como ocurre con Banco Azteca. De lo contrario las comisiones tendrían que ser superiores, aseveró.
En tanto, estimó que no es necesario construir las 2 mil 700 sucursales, pues se podrían utilizar corresponsales financieros o convertir a las sucursales Diconsa en sucursales.
Finalmente, estimó que el mal desempeño del banco en los últimos años puede afectar la viabilidad del proyecto.
“Todo parece indicar que en los últimos 5 años, el margen de Bansefi, ahora Banco de Bienestar, apenas estaba recuperando sus costos y un poquito más. Así que una inversión de este tipo pude representar un costo que no se recuperaría en el corto plazo”, dijo.
Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, estimó conveniente que el Gobierno apoye la inclusión financiera donde el sector privado no llega, pero con eficiencia financiera.
La inclusión financiera de las comunidades alejadas es complicada dado el reducido margen de operaciones del sector de menores ingresos. Dichas comunidades siguen aisladas porque no son rentables para la banca comercial.
La eficiencia del Gobierno en territorio que la banca privada no ha logrado es cuestionable, porque el Estado no ha podido demostrar eficiencia en otros ámbitos, ni tampoco en el sector financiero, aseveró.
“Aunque tenga un objetivo social, debe haber eficiencia financiera en su operación, para que sea sostenible el modelo en el largo plazo, de otra forma, será un barril sin fondo”, dijo.
Si bien en términos económicos el proyecto es cuestionable, es términos políticos será redituable para el Gobierno, afirmó.
“Ante una falla de mercado se justifica la inversión pública con fines sociales, bancarizar a los más pobres y de refilón hacer llegar los recursos necesarios para la creación de lealtades políticas”, explicó. (Agencia Reforma)