ESPAÑA.- Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por defender a personalidades como el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4,4 millones de dólares (cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de EL PAÍS. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., recibieron contratos públicos del Estado de México, publicó El País.
Las compañías enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de la mayor trama corrupta de Latinoamérica. La BPA ofrecía a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció hasta 2017 blindado por el secreto bancario.
Collado fue detenido en Ciudad de México el 9 de julio de 2019. Se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada. El abogado utilizó el pequeño principado pirenaico —donde llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares— para cobrar “importantes comisiones” de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según un informe confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017.
Una de estas compañías fue Varys Comercial, S. A. de C.V. La empresa obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México —gobernado entonces por Peña Nieto—, para adquirir 53 computadoras marca Acer. El monto de la adjudicación fue de 846.985 pesos (unos 67.500 dólares al tipo de cambio de entonces). La UTN fue consultada sobre este caso, pero una asistenta de la rectora, Ivette Topete, dijo a EL PAÍS que no tenían “nada que decir al respecto”.
El contrato firmado con Varys Comercial aparece en la web de Transparencia del Estado de México, ipomex.org. En el documento, la empresa aseguraba tener como domicilio fiscal la oficina 27 en Montecito 38, dentro del edificio del World Trade Center de la capital mexicana. La empresa compartía el espacio con otras cuatro compañías hasta que abandonó la oficina “hace dos o tres años”. No existen más rastros de Varys Comercial en el registro público y de comercio de Ciudad de México, según una búsqueda realizada por este diario. La sociedad, al parecer, ha sido legalmente liquidada.
Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. obtuvo un contrato en 2011 con la misma universidad. El monto de la adjudicación, para surtir al centro de estudios de equipo electrónico, fue de 973.863 pesos (51.623 dólares). La empresa fue creada en junio de 2009 y tuvo una corta vida. Ni siquiera cumplió un lustro de operaciones. A pesar de esto, envió recursos a las cuentas de Collado en Andorra.
Aunque las transferencias se hicieron en 2011, antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia, el esquema es similar a la trama de desvíos instaurada en el Gobierno del PRI entre 2012 y 2018. El modelo, popularmente conocido como La estafa maestra, utilizaba contratos de empresas fantasma con universidades públicas para triangular dinero público. Este ejercicio fue utilizado por secretarías de Estado y por la petrolera estatal, Pemex, para hurtar 7.000 millones de pesos desde 2010 (371 millones de dólares al tipo de cambio de hoy). La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl enfrenta dos demandas en la Fiscalía por otros desvíos de este tipo.
El domicilio del primer apoderado legal de Enterprisse Gamki, César Tomás Escalona Rocha, está en Teoloyucan, en el Estado de México, un municipio a 38 kilómetros al norte de la capital. La dirección dada al notario que avaló la sociedad se encuentra en un poblado de clase baja. La avenida Zumpango, donde estaba la residencia del representante, no está pavimentada. El camino de tierra y piedras ha ido ganando terreno a las milpas, que aún pueden verse en lo alto de las colinas. Las casas, construidas con bloques de concreto y ladrillo, están a medio construir y sus muros no están aplanados. Ningún vecino allí ha oído hablar de Escalona. Mucho menos de una empresa de ventas de ordenadores.
El domicilio de Karina Hernández Lecona, otra apoderada legal de Enterprisse Gamki, se encuentra en un apartamento dentro de un pequeño edificio de tres niveles en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Los vecinos recuerdan a Hernández, quien dejó de vivir allí hace dos años. Su madre renta una habitación en una casa cercana.
Enterprisse Gamki fue liquidada en mayo de 2014 tras la gestión de dos de sus representantes, Rafael Medina Núñez y Eduardo Benítez Palma. Los gestores compartieron ante notario su domicilio, según documentos obtenidos por EL PAÍS. La residencia se encuentra en el número 4 de la calle Jilguero, en el municipio de Lerma, también en el Estado de México. Nadie conoce allí a los abogados. La dirección, en lo alto de una colina con vistas a un verde valle poblado con humildes casas, es una residencia particular en donde nadie ha oído hablar de los licenciados. “Allí vive un matrimonio”, dice una vecina mientras apunta a una alargada construcción en la que se observa un destartalado PT Cruiser aparcado a un lado.
El rastro de papel dejado por Enterprisse Gamki, que envió una comisión a las cuentas en Andorra de Collado, también apuntan a un par de notarios del Estado de México. La notaria 23, encabezada por Flor Alejandra Kiwan Altamirano, y la notaría 15, que entonces estaba en poder del hoy fallecido Víctor Manuel Lechuga Gil, avalaron trámites de la compañía. Estas notarias también hicieron gestiones para empresas como Sendetech S.A. de C.V., dedicada a la publicidad; y Lilis Comercial S.A. de C.V., constituida para el comercio de bienes y productos. Estas empresas fueron liquidadas por Medina Núñez y Benítez Palma el mismo día que Enterprisse Gamki.
Las notarías 23 y 15 del Estado de México fueron consultadas por este periódico por su participación en la presunta trama de lavado de dinero. La escribana Kiwan Altamirano respondió a la solicitud afirmando que estaba “imposibilitada legalmente” para responder a las preguntas que no fueran formuladas por las autoridades de acuerdo a las leyes del Estado de México. La notaría 15 no respondió a la petición. Antonio Collado Mocelo, el abogado a cargo de la defensa de su hermano Juan Ramón, también fue consultado sin obtener respuesta.
La empresa Distribuciones GDB también abonó 2,2 millones de dólares al letrado, aunque en este caso la policía señala que no tiene constancia de que recibiera ningún contrato público.
Las dos firmas contratistas del Gobierno mexicano que enviaron fondos a las cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) de Collado también eran clientes de esta institución financiera. Las empresas remitieron el dinero al abogado desde sus propios depósitos. Recurrieron para ello a los traspasos internos. Un método que elimina el rastro que deja una transferencia internacional o nacional desde otra entidad.
“Creemos que detrás de estos abonos de presuntas comisiones a las cuentas de los investigados abiertas en el Principado de Andorra de empresas mexicanas de diversos ramos y sectores económicos (construcción, textil, informática) habría un favorecimiento para la obtención de concursos públicos”, recoge el informe confidencial de los investigadores fechado en marzo de 2017. El documento fue elaborado por la Unidad de Investigación Criminal Especializada 2, que indaga el blanqueo de capitales.
Los investigadores andorranos definen a Collado como uno de los abogados “más prestigiosos e influyentes” de México y sostienen que el letrado de Peña Nieto se sirvió para sus gestiones de su “influencia y posición dentro del ámbito político”.
Los agentes restan credibilidad a la explicación que Collado dio a la jueza andorrana Canòlic Mingorance en julio de 2016 para argumentar su entramado en paraísos fiscales. “La justificación de la preservación y discreción del patrimonio personal para evitar un posible secuestro no es creíble, ya que [Collado] es una persona pública y conocida en su país”, indicaron los investigadores. Su informe recoge imágenes de la prensa mexicana donde el abogado acompaña a relevantes personalidades políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Collado tiene en su cartera de clientes al hermano del exmandatario, Raúl Salinas, y al expresidente Peña Nieto. También ha defendido a figuras como el exgobernador priísta del Estado de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien lleva 18 años en prisión acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El letrado fue detenido mientras comía con otro de sus defendidos, el exlíder del sindicato petrolero y exsenador del PRI, Carlos Romero Deschamps, que hoy está investigado por corrupción por la Administración López Obrador. (Fuente: El País)