Por Jéssica García
MÉRIDA, MX.- Esta mañana, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal anunció que se ha analizado la situación en torno al cobro del nuevo derecho por la seguridad, por lo que desde hoy queda sin efecto esta determinación y da marcha atrás.
Aun cuando la seguridad es un tema prioritario para el gobierno yucateco, Vila Dosal dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el día de ayer que no sería legalmente viable este cobro mediante los recibos que emite esta dependencia.
A pesar de que reconoció que el cobro se podía hacer vía predial o del recibo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) decidió descartar esa posibilidad.
“Somos un gobierno que escucha, sensible a la necesidad de los ciudadanos, ya que estamos convencidos de que la transformación la logramos juntos… y he tomado la decisión de no activar otros mecanismos del cobro de este derecho”, especificó.
De igual manera, el mandatario yucateco recordó que la elaboración del proyecto de presupuesto fue aprobado por el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, así como por los diputados de todas las fuerzas políticas, es decir del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza, por lo que todos habían estado de acuerdo en el cobro de este derecho, interpretado como nuevo impuesto por los habitantes yucatecos.
En este sentido, Mauricio Vila mencionó que ante la marcha atrás de este cobro por la seguridad, se tomarán otras medidas de austeridad que ya tiene en cuenta la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, tanto que ni un mando medio superior deberá gozar de aumento de sueldo en los próximos años y se adelgazará la estructura burocrática que no tenga que ver con la prestación de servicios básicos, a fin de ampliar las medidas de ahorro.
Asimismo, reiteró que instruyó a Mauricio Tappan Silveira, Consejero Jurídico del Despacho, para que active el instrumento legal correspondiente para que el cobro por derecho de seguridad quede sin efecto. (Noticaribe)