Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque aseguró que los ciudadanos tienen garantizado su derecho a la información, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford reconoció la complejidad a la que se enfrentan todas las personas interesadas en conocer el manejo de los recursos públicos por parte de los sujetos obligados.
De manera constitucional los mexicanos tenemos garantizado el derecho a la información, “pero a veces se solicita información y no se entrega en tiempo y forma o no con las características solicitadas y para eso la ley también prevé la existencia de Institutos de Transparencia con autonomía constitucional para dar respuesta y resoluciones que son definitivas e inatacables”.
Agregó que tras analizar la solicitud de información se resuelve de manera justificada la reserva de la documentación hecha por parte de los institutos de transparencia y en caso de existir recursos de inconformidad se atienden.
En ese sentido, dijo que el INAI ha modificado el 60 por ciento de las resoluciones hechas por los institutos de transparencia en el país “y si el ciudadano aún no queda satisfecho con la respuesta, puede recurrir al amparo”.
Guerra Ford manifestó que los sujetos obligados han recurrido a la reserva de la información de acuerdo con la confidencialidad de los documentos, pero aseguró que no se puede testar en contratos el objetivo, la cantidad negociada, la forma de entrega y hasta el nombre de representante legal y el del servidor público vinculado con la transacción.
Reconoció que los órganos garantes se enfrentan al reto de verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones establecidas en la ley tanto Federal y las impuestas por los Estados.
En promedio son 170 obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados, de las cuales 48 son genéricas y 122 específicas.
El comisionado del INAI detalló el proceso de verificación que realizan los institutos de transparencia para evaluar a los sujetos obligados y los tiempos que se les otorga para resarcir la información faltante, la verificación de cumplimiento, nuevamente el tiempo para cumplir con las observaciones y si no se cumple viene la medida de apremio, “que es multa para el servidor público encargado de subir la información”.
Aseguró que Quintana Roo registra un avance en el número de solicitudes de información atendidas y que es mínimo el número de personas inconformes con la respuesta, “ya que de cada 100 únicamente 4. 5 consideran que la respuesta no les satisface”. (Noticaribe)
