CANCÚN, MX.- Vistas desde un dron del predio asegurado este sábado a Alberto Millar sobre el bulervard Colosio de Cancún y que tendría un valor de unos 600 millones de pesos. El predio fue invadido y despojado en 2015 y titulado por el gobierno de Roberto Borge en 2016 a favor de uno de los operadores de la ‘guerra sucia’ de la anterior administración.
Este sábado, elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la unidad especializada en delitos patrimoniales aseguraron el predio ubicado en la avenida Colosio de esta ciudad, debido a que en el 2015 despojaron del inmueble a los colonos de Alfredo V. Bonfil.
Alrededor de las 8 horas elementos de la FGE arribaron al predio habilitado como estacionamiento y Marina Seca y de inmediato procedieron a realizar las diligencias para el aseguramiento.
Mientras se realizaba el proceso de aseguramiento se presentó Alberto N., quien actualmente cuenta con un título de propiedad expedido en 2016, y dialogó por varios minutos con los ministeriales a cargo. Sin embargo, los elementos continuaron con su labor.
Los sellos puestos por la Fiscalía General del Estado se derivan de la investigación FGE/QR/BK/24896/2019. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el motivo del resguardo del lugar. (Noticaribe)
A continuación el comunicado íntegro que emitió la FGE sobre el aseguramiento:
La Fiscalía General del Estado informa que Policías de Investigación aseguraron un predio ubicado en los lotes 2 y 4 de la manzana 19 en la supermanzana 295 sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Benito Juárez, al encontrarse relacionado en una denuncia por fraude procesal derivado de la carpeta de investigación 15011/2019.
De acuerdo a la denuncia presentada, el lote de aproximadamente 55 mil metros cuadrados, pertenecía originalmente a un particular quien contrató los servicios de Alberto “M” para realizar las gestiones -ante el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo-
con el fin de obtener la documentación que acreditara su legal propiedad .
Durante este tiempo, el imputado, Alberto “M”, no realizó el servicio que le encomendaron y sólo daba evasivas al propietario respecto a su gestión, además de cobrarle diversas cantidades de dinero.
En octubre de 2019, el denunciante se enteró que su propiedad estaba en venta, por lo que se le hizo extraño en virtud de que nunca dió
su autorización para enajenarla, lo cual confirmó al presentarse en el lugar; además, al realizar una consulta en el registro público de la propiedad, se percató que aparecieron como propietarios del terreno: Alberto “M”, Claudia “R” y Gina “O”
La FGE realizará una revisión en los registros del IPAI con el objetivo de verificar el expediente relacionado con el predio para determinar la participación de empleados de esta institución en los hechos denunciados y si el estado tiene una afectación en su patrimonio.
El lote fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales y se recaban las entrevistas a todos los involucrados en los hechos .
La Fiscalía General del Estado integra los datos de prueba necesarios para ejercer la acción penal correspondiente y solicitar la reparación del daño que establece la ley.