Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- Con el apoyo de Roberto Borge Angulo, en 2015, Alberto Millar López, despojó al ejido Alfredo V. Bonfil de un terreno sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, que este sábado fue asegurado por elementos de la Policía Ministerial de Investigación (PMI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este terreno es el mismo donde se encontraba una aeropista que fue invadida y desalojada por los hermanos Millar; el título de propiedad está firmado por Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del IPAE.

El aseguramiento se dio en el marco de un proceso legal para recuperar el lote invadido por el dueño de la revista Polémica e incondicional de Roberto Borge Angulo durante su gobierno.

En 2015, la invasión armada

El 20 de enero de 2015, unos 30 sujetos con armas largas y cortas, al mando del entonces director general de la revista semanal Polémica, Alberto Millar López, invadieron un predio de casi cuatro hectáreas en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el sentido sur-norte en dirección al centro de Cancún.

Con la venia del ex Gobernador Roberto Borge Angulo -hoy preso en el estado de Morelos- el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) otorgó el título de propiedad de dicho lote, pese a encontrarse en litigio.

Sujetos armados despojaron el predio en 2015

Así lo denunció ese año, Eduardo Paredes Moreno, representante legal de la Unión de Posesionarios y Colonos del ejido Alfredo Vladimir Bonfil.

“El pasado 20 de enero (de 2015) llegaron con amenazas e insultos. Los comandaba Alberto Millar –quien ingería alcohol–; mostraron documentos falsos y argumentaron que eran dueños del terreno y nos debíamos salir de inmediato”, aseveró tras los hechos.

Por ello, interpuso una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por daños, amenazas, despojo, privación ilegal de la libertad y todo lo que resulte por ese acto cobarde.

En el predio hay áreas verdes y tres pistas de aterrizaje: de radiocontrol, para carros y para aviones, esta última, autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil desde 2003 que funciona para aviones ultraligeros.

Con el aval de Borge, IPAE entregó título de propiedad a Millar

Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del IPAE durante el ‘borgismo’ firmó el título de propiedad a Alberto Millar López del lote 02, en la súper manzana 295, manzana 19, cuya superficie es de 34,997 metros cuadrados, es decir, casi cuatro hectáreas.

El documento se expidió el 15 de septiembre de 2016, es decir, 9 días antes que Roberto Borge Angulo concluyera su quinquenio como mandatario estatal.

El predio se encuentra dentro de una superficie de más de 700 hectáreas que fue expropiada al ejido Bolfil, en las afueras de Cancún, a solicitud del entonces Gobernador del Estado, Mario Villanueva, por decreto presidencial del 4 de julio de 1994.

Sin embargo, este caso ejemplificó como el decreto de expropiación fue desvirtuado y esos terrenos se usaron para hacer negocios particulares y premiar a incondicionales, en un claro caso de desvío de recursos públicos.

El terreno titulado al editor de esa extinta revista es el mismo donde se encontraba una aeropista que en 2015 fue invadida y desalojada por los hermanos Millar, según consta en una denuncia de la PGJE, hoy Fiscalía General del Estado (FGE).

Antecedentes del terreno

El predio entregado por el IPAE a Alberto Millar se encuentra en lo que se conoce como ‘Zona de Sascaberas’, una franja colindante con la reserva natural Manglares del Sistema Lagunar Nichupté y que desde hace muchos años fue impactada y que corresponde al corredor Cancún-Aeropuerto.

El 4 de julio de 1994, con base en un decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se expropió “por causa de utilidad pública” al ejido ‘Alfredo V. Bonfil’ esta franja de 783 hectáreas a favor del Gobierno de Quintana Roo para, supuestamente, destinarse a la regeneración de áreas degradadas por explotación de materiales pétreos.

En su momento, el gobierno estatal pagó por estas tierras al Ejido Bonfil sólo un millón 500 mil pesos.

Sin embargo, desde 1998, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Finofafe) documentó que parte de la superficie expropiada no cumplía con la causa de utilidad pública, por lo que la directiva ejidal inició el 3 de abril del año 2000 una demanda de reversión de tierras ante el Tribunal Unitario Agrario bajo el expediente 48/2000.

De acuerdo con un peritaje realizado en agosto del 2000, tanto la directiva ejidal como el Gobierno del Estado, concluyeron que de las 783 hectáreas, sólo en 515 hectáreas se cumplía la causa de utilidad pública establecida en el decreto de expropiación, mientras que en las restantes 268 hectáreas se cambió el destino, ya que existen construcciones de diversos usos.

Con algunas modificaciones, el acuerdo era que el Gobierno del Estado debería pagar una nueva indemnización por los terrenos que no cumplían con la causa de utilidad pública si es que querían conservarlos, lo cual, al final, implicaba no 268 hectáreas sino por lo menos 325 hectáreas.

En el mismo oficio, se señaló que la superficie restante de 467-80-04 00 hectáreas, está considerada como Área Natural Protegida (ANP), cuyo uso no tendría modificación alguna.

Hacia 2002, se alcanzó un convenio en el que el Gobierno de Quintana Roo aceptó pagar poco más de 188 millones 730 mil pesos de contraprestación por la superficie destinada a otros fines y así concluir el litigio de reversión de tierras.

Adicionalmente, el polígono de expropiación fue regulado hasta la modificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) de Cancún 2014-2030 por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2015 (POEL) que estableció una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) especifica la número 15 concretamente, denominada ‘Zona de Sascaberas’ con política de ordenamiento ecológico de restauración, con uso de suelo predominante de centro recreativo, con una densidad máxima permitida y porcentaje de desmonte de cero.

Sin embargo, posteriormente se modificó este ordenamiento para prácticamente permitir construir cualquier cosa, ya que casi todo el polígono quedó regulado como SCU-Comercio de Subsecentro Urbano.

Gracias a esto, durante la administración de Roberto Borge Angulo, se entregaron terrenos y autorizaron proyectos de tipo inmobiliario que chocan con el objetivo inicial del decreto. (Noticaribe)