Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Habitantes de la comunidad de Maya Balam realizaron una manifestación frente al Congreso del Estado para exigir la liberación del exdelegado y exsubdelegado, César Jacinto González y Pedro Ramos Diego, detenidos y vinculados a proceso por el presunto delito de extorsión en agravio de 22 familias que tuvieron que exiliarse por temor a su integridad física.

Además exigieron que la diputada Ana Pamplona y la regidora en el municipio de Bacalar, Trinidad Guillén saquen las manos del proceso penal implementado contra los detenidos y denunciaron que están politizando todo el proceso para llevar beneficios a su partido, el PT.

Esta manifestación se realiza a pocas horas de que el secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo afirmara que había calma al interior de la comunidad y señalara intereses de la delincuencia en el conflicto al interior de Maya Balam.

Los inconformes manifestaron en sus pancartas que “Maya Balam exige justicia para todos, no sólo para unos cuantos”.

En la manifestación estuvo Juan Pedro Juan que a consecuencia de las lesiones sufridas se encuentra en silla de ruedas y denunció que fue macheteado por Miguel Calmo Cruz, y Emiliano Calmo fue quien le disparó con un arma de fuego.

“Estos son los hechos que oculta Ana Pamplona y la regidora Trinidad Guillén”, manifestaron.

Además pidieron a los medios de comunicación que digan la verdad de lo que está sucediendo en Maya Balam.

Los manifestantes pidieron la instalación de una mesa de trabajo con el secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, el presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y representantes del Congreso local y la Federación.

Cabe mencionar que el ex delegado y ex subdelegado de Maya Balam, César J. G. y Pedro A. R. fueron vinculados a proceso por el presunto delito de extorsión en agravio de familias dicha comunidad y trasladados al Cereso . El juez de control dictó un año de prisión preventiva y tres meses para el cierre de la investigación. Los detenidos enfrentan cargos por presunta extorsión en agravio de 22 familias de la comunidad que desde el 7 de enero pasado huyeron de la comunidad por temor a ser asesinados.

Según los denunciantes, “Pedro” y “Jacinto”, respaldados por un grupo de ejidatarios les pretendían cobrar hasta 20 mil pesos por no destruir sus patrimonios y dejarlos regresar al pueblo sin que sufran castigos basados en “Usos y Costumbres”. (Noticaribe)

Comentarios en Facebook