Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) debe explicar el posible conflicto de interés entre su nueva integrante Janet Aguirre Dergal y su consanguíneo Rafael del Pozo Dergal, titular de la contraloría del estado, declara el presidente del observatorio legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.
“Debemos de observar que es necesario que el Comité de Selección de sus integrantes aclare porque se seleccionó a una persona, que si bien pueda tener atribuciones profesionales que la hacen elegible, -Janet Aguirre Dergal- quien se observa que tiene una relación de consanguinidad con el actual Contralor del Estado, Rafael Del Pozo Dergal, situación que en todas las normas de responsabilidades administrativas y públicas se cuestionan estos vínculos”, refiere.
Añade que será conveniente que el comité de selección -que quizás por su inexperiencia en la función pública desconoce algunas limitantes sobre este tema- consulte algunas normativas como la Guía para identificar y prevenir conductas de conflictos de interés emitida por la Unidad especializada de ética y prevención de conflictos de interés expedida por la Secretaria de la Función Pública
Igualmente dijo, que será oportuno aclarar que quien asume la presidencia del CPC y por tanto del Sistema Estatal Anticorrupción, ha estado desempeñándose como directora de la organización Ciudadanos por la Transparencia A.C., simultáneamente con su participación en el CPC, presuponiendo que en ambas funciones ha tenido responsabilidades de actividades, tiempos de atención y remuneraciones por ello, lo que parece inconsistente con una posición de transparencia y de ética en este delicado tema de percepción de la actividad pública, situación que esta normada en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la correspondiente a nivel local:
“Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva.
Agregó que se ha avanzado en el surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, si embargo ha enfrentado muchos tropiezos para su real implementación y en siu segundo año aun no ve la sociedad resultados claros y concretos de su trabajo.
“Podemos deducir que la eficiencia del CPC en dos años de actividades, en donde se han gastado 36 millones de pesos de los recursos públicos ha sido nula”.
Cada día cuesta a la sociedad de Quintana Roo el CPC cerca de 50 mil pesos, millón y medio mensuales.
“Si le agregamos el presupuesto que tiene asignado la Secretaría de la Contraloría del Estado SECOES, que tiene para el 2020 mas de 248 millones de pesos, veremos que la atención de la vigilancia y atención corrupción le cuesta a la sociedad una cifra considerable, mayor a lo que se le destina a la salud”. (Noticaribe)