Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Aun cuando una de las medidas para evitar los contagios de coronavirus (Covid-19) es el aislamiento social, las cárceles de la Península de Yucatán no están exentas de hacinamiento, por lo que las más de cinco mil 500 personas privadas de su libertad están ante un riesgo latente.
De acuerdo con observaciones de la organización civil Documenta, las personas en las cárceles de México viven en hacinamiento, poca higiene y, sobre todo con escaso acceso a los servicios de salud, lo que ocasiona que esta población esté expuesta a diversas enfermedades, entre ellas, el Covid-19.
Contagios de Covid-19 dentro de los penales
De acuerdo con el reporte “Acciones de Defensa de los Derechos Humanos” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Yucatán y Quintana Roo se encuentran dentro de los estados que registran contagios de Covid-19.
Incluso Yucatán ya tiene 13 casos positivos, tan sólo después de Jalisco, estado que tiene 40, por lo que la CNDH sugiere evitar las visitas familiares e íntimas y que sólo el encuentro se remita a las llamadas telefónicas, teniendo derecho a dos por semana.
Hacinamiento, factor de riesgo latente
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró que en 2016, el 46% de la población entrevistada compartía celda con cinco personas y los penales de la Península de Yucatán no son la excepción.
Cabe señalar que en enero de 2020, en el reporte estadístico de Penitenciaría Nacional, que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Yucatán había mil 354 personas privadas de su libertad; en Quintana Roo dos mil 918 y en Campeche, mil 281 y todas ellas comparten celda con cuatro o más individuos.
A nivel nacional, de los 297 centros penitenciarios federales y estatales del país, 110 están sobrepoblados y según la Enpol, el 30% de las personas encuestadas refirió no contar con agua potable y el 5% reportó la ausencia de drenaje en el interior de su celda.
Asimismo, la CNDH identificó que el 33% de las personas recluidas no tienen acceso a servicios médicos; el 63% externó que no hay medias de higiene efectivas.
Por otra parte, de acuerdo con estándares internacionales, la medida establecida para las celdas individuales es de cuatro metros cuadrados, mientras que la de las celdas triples es de quince metros, no obstante, en México no se cumplen y las medidas son menores, por lo que no hay en efecto, una sana distancia que se establece como medida preventiva ante el Covid-19.
No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se han dado a la tarea de sugerir a países que tomen medidas para salvaguardar a la población vulnerable tales como mujeres embarazadas y personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas y es importante mencionar que dentro de las cárceles de la Península de Yucatán hay personas con estas condiciones.
Ante este llamado, organizaciones civiles han exigido que esta población cuente con los beneficios preliberacionales que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), ya que esto podría proteger la salud de los reclusos y al mismo tiempo disminuir los niveles de sobrepoblación.
Sin embargo, en Yucatán sólo hay 34 personas bajo tratamiento de preliberación; en Quintana Roo 150 y en Campeche 84, pero este proceso no indica que puedan obtener su liberación pronto.
En proceso de libertad preparatoria no hay nadie en Yucatán, hay 31 en Quintana Roo y 30 en Campeche.
Aunque es preciso mencionar que todo indica que no hay demasiados antecedentes ante este tipo de procesos, ya que de los tres estados, sólo hay una persona en Yucatán bajo libertad supervisada, cuando por ejemplo en Michoacán hay 31; 19 en Jalisco y 12 en Chihuahua.
Ejemplos internacionales
Aún así nada se compara con Colombia en donde se permitió que cerca de cuatro mil personas recurrieran a la detención domiciliaria, mientras que en Chile se analiza que adultos mayores que no hayan cometido delitos graves, puedan estar en sus casas.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone brindar la libertad a adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas o terminales o cuando se trate de un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión y no se haya cometido con violencia, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal. (Noticaribe)
