CIUDAD DE MÉXICO.- Comuneros y abogados de Salazar, en Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en reuniones en el año 2018. Todas coinciden en que Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.
“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.
“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”.
Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.
Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra. La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.
A mediados de los años noventa, mientras los juicios estaban en marcha, el Ejido San Mateo Atarasquillo vendió tierras en disputa a particulares, entre ellos los empresarios Carlos Slim y Jaime Azcárraga, que según reportajes de ARISTEGUI NOTICIAS han construido ranchos en la zona.
Entre 2013 y 2015 San Mateo vendió más predios en porciones pequeñas. Entre los compradores está el hijo del director de la CFE. MCCI obtuvo un certificado parcelario que muestra que León Manuel Bartlett Álvarez adquirió el 30 de marzo del año 2015 una hectárea de terreno.
Una buena parte de las tierras en disputa, las que compraron Bartlett y otros, están cultivadas o incluso hay casas de los comuneros.
“Hay tierras de cultivo. No hay forma de que esta gente no supiera (…) No, nadie los engañó, siempre han sabido qué tipo de tierras son”, dijo Goujón.
Cuando en 2016 los representantes de Bartlett y otros compradores, encabezados por el abogaado Mario Alberto de León Venegas, intentaron tomar posesión de las tierras, aquello terminó en un enfrentamiento con los habitantes de Salazar.
De León Venegas y sus acompañantes presentaron denuncias contra ocho habitantes de Salazar por un presunta privación ilegal de la libertad, lesiones y robo de un celular. La madrugada del 31 DE AGOSTO DEL 2017 ocho comuneros fueron detenidos en un operativo realizado con gran despliegue policiaco de distintas corporaciones.
Los familiares de los detenidos buscaron formas de liberar a los comuneros, una de ellas a través de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Esas reuniones empezaron con el entonces subsecretario Roberto Campa Cifrián y siguieron con su sucesor, Rafael Avante. Según algunos representantes, Avante habría estado en alguna reunión con Bartlett.
De acuerdo con los testimonios, entre las personas con las que se entrevistaron estaban el denunciante De León Venegas y algunos de los compradores de tierras a los que éste representaba.
El 20 de febrero del 2018, en el 242 de la avenida Sudermann, en Polanco, se realizó una reunión donde, según los cinco entrevistados, estuvo León Manuel Bartlett. En esa ocasión, el empresario que vende equipo médico, dijo —según relatan los testimonios— que “con una llamada telefónica” sacaba a sus familiares de la cárcel a cambio de tomar posesión de 13 hectáreas compradas al Ejido San Mateo.
Según los entrevistados, en las reuniones Bartlett Álvarez les habría dicho a los comuneros y familiares que además de ser uno de los propietarios representaba los intereses de los propietarios de otras docena de hectáreas. Los comuneros no supieron quiénes eran esos otros supuestos propietarios porque nunca les han hecho públicos los nombres de tales compradores.
Fabiola Vilchis, hija de Cutberto Vilchis, uno de los líderes comunitarios que fue encarcelado, dice que fueron citados en el despacho de abogados Mendoza Morales.
«Ahí estuvo él y varios abogados, y se portó como muy amenazante y déspota. Ofreció millones, que le dejáramos la tierra y nos daba esa cantidad de dinero para repartirla a las personas afectadas”, dijo.
Esta versión la confirma otro abogado de los comuneros, Alexander Becerril. “En esa ocasión ofrecían que ellos nos daban la solución del asunto en tres días, nos ofrecían 10 millones de pesos y liberar obviamente a los internos, porque dejáramos en paz el asunto ya, esa era su negociación. Que inmediatamente le comunicaban a la Fiscalía del Estado de México para que se hiciera el trámite ”, recuerda el abogado en entrevista.
Los delitos de robo, lesiones y privación ilegal de tres personas por los que estaban acusados los comuneros de Salazar se persiguen de oficio, por lo que retirar la denuncia contra los comuneros no habría resultado en su libertad, dijo la abogada Goujón. Pero según las versiones recabadas por MCCI, Bartlett hablaba de tener contactos en el gobierno para que los comuneros quedaran libres.
«La intención era presionar, inclusive (León) Manuel Bartlett hablaba con nosotros y decía ‘es que nosotros hicimos una inversión millonaria ahí, no lo vamos a perder’, es que nosotros no te vendimos, te vendieron unos sinvergüenzas (refiriéndose a los ejidatarios de San Mateo)”, dijo Goujón.
Los comuneros dicen haber rechazado la propuesta más de una vez.
“Obviamente no quisimos y otra vez (Bartlett Álvarez) se fue molesto junto con otras dos personas que iban, que era un funcionario de Lerma, entonces pues se molestó y otra vez se levantaron de la mesa y dijeron que entonces no había ningún arreglo”, aseguró Maribel Becerril.
“Y ya sabemos que pasó después”, dice Fabiola Vilchis.
Fabiola Vite, otra de las abogadas y actual coordinadora general de Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, recuerda que durante todo el proceso los familiares hablaron de León Manuel Barttlet: “Ellos nos dijeron que estaba muy metido en el tema de las tierras y tenía algunos intereses”.
Los comuneros de Salazar estaban en la lista de presos políticos del presidente López Obrador. Un juez los absolvió por falta de elementos en mayo de 2019, un año nueve meses después de su detención.
Una vez fuera de prisión, el 5 de junio del 2019, acudieron a Palacio Nacional a la conferencia mañanera. En esa ocasión, LÓPEZ OBRADOR DIJO que hay casos como el de Salazar donde los delitos son fabricados. La prensa ha dado cuenta de que para su gobierno, esos comuneros forman parte de la lista de presos políticos que es revisada en la Secretaría de Gobernación.
MCCI intentó contactar a Bartlett Álvarez para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. (Esta información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
