CHIAPAS, MX.- Cuando era trasladado para ser cremado, los amigos y familiares de un elemento de protección civil de San Cristóbal de Las Casas —fallecido por COVID-19— fueron notificados que el cuerpo que ellos llevaban en la carroza no era de la persona indicada y al que sus compañeros de los servicios de emergencia también le habían rendido honores, publicó Proceso.
Tras varios días de agonía intubado, la mañana de este martes falleció José Antonio Suárez Vázquez, elemento del Sistema Municipal de Protección Civil municipal, en la Clínica de Enfermedades Respiratorias COVID de San Cristóbal de Las Casas.
Días atrás, antes de ser internado en la clínica, sus amigos y compañeros habían denunciado la nula atención y comprensión que había tenido el elemento por parte de las autoridades municipales; su mando, el titular de esa oficina de Protección Civil, Pablo Reyes y la propia alcaldesa, Jerónima Toledo.
Suárez Vázquez, El Llanero, como lo conocían sus amigos, no sobrevivió al COVID-19, por lo que junto a la familia recogieron el cuerpo en la Clínica que posteriormente fue llevado por una funeraria.
De la funeraria partió una caravana de vehículos de emergencia —Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y otros— escoltando la carroza con las torretas y sirenas encendidas, como un homenaje al compañero fallecido.
La familia fue despedida en la salida de San Cristóbal de Las Casas cuando se enfilaron hacia la ciudad de Comitán, donde esta tarde sería cremado.
Sin embargo, cuando la carroza iba a la altura de la comunidad de Mitzitón, al conductor de la carroza y la familia les llamó la gerente de la funeraria, Marcela Díaz Carachuré, para decirles que regresaran, pues el cuerpo que se llevaban era de otra persona y no el de Suárez Vázquez.
La gerente de la funeraria dijo que ella a su vez había sido advertida y notificada vía telefónica desde la Clínica COVID, ubicada en La Albarrada, de que el cuerpo que había salido era el de otra persona y no del elemento del cuerpo de Protección Civil municipal de San Cristóbal de Las Casas.
Es decir, se llevaban el cuerpo de otra persona cuya familia lo reclamaba en la Clínica.
Así, amigos, familiares y compañeros, regresaron indignados y molestos hacia la clínica para protestar por esta negligencia por parte del personal médico de la Clínica COVID de La Albarrada.
A las 16:30 horas, la familia recibió ahora sí, el cuerpo de la persona indicada, el de José Antonio Suárez Vázquez, quien por 25 años estuvo en los servicios de emergencia de San Cristóbal de Las Casas, primero en la Cruz Roja Mexicana y actualmente en el Servicio de Protección Civil Municipal.
El pasado sábado, los familiares de María Mireya de 57 años de edad, una mujer diabética que fue contagiada por COVID-19, se manifestaron indignados porque al día siguiente de que enterraron a su familiar, les llamaron de la Clínica COVID de Tuxtla, que fueran a recoger su cuerpo porque ya había fallecido.
Esto hizo que la familia entrara en shock y fuera a pedir una aclaración, sin embargo, no eran atendidos, hasta que llegó la prensa.
Fueron recibidos y les aclararon que efectivamente la persona que se llevaron a enterrar era la indicada y les pidieron disculpas, que fue una falla de comunicación interna.
Tras este incidente de San Cristóbal de Las Casas, la Secretaría de Salud del estado informó que la situación fue aclarada con las dos familias involucradas y de conformidad ambas tienen la certeza de haber recibido los restos que corresponden a sus deudos.
Sobre estos hechos, la dependencia estatal dijo esta tarde que ambos cuerpos estuvieron en la Clínica COVID-19 de San Cristóbal de Las Casas y bajo protocolo fueron entregados a las empresas que se encargarían de los servicios funerarios. No obstante, por una mala comunicación, se llevaron los cadáveres de manera errónea.
Dijo la dependencia estatal que de manera oportuna se supo de esta confusión e inmediatamente se estableció comunicación con las familias para hacer la identificación y entrega de los cuerpos.
La Secretaría de Salud ha iniciado las indagatorias y el proceso de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas respectivas.
Por estos hechos también se investigará a las empresas involucradas, garantizando que habrá claridad y transparencia para esclarecer lo ocurrido, con el propósito de evitar que estos sucesos se repitan. (Fuente: Proceso)
