CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de jóvenes de Craiova, una ciudad pequeña, enclavada en una región agrícola de Rumania, aprendieron todo lo que pudieron sobre tecnología bancaria y construyeron un negocio de cajeros automáticos. Pronto, operaban en Europa, Asia y América.

Este grupo de rumanos hizo una importante inversión en México y la historia sería de éxito si no fuera porque este grupo de rumanos eran skimmers, gente que roba información de tarjetas bancarias insertando dispositivos o software ilegales en los cajeros automáticos.

Su líder no era un CEO, era Florian Tudor, una figura del mundo criminal apodada El Tiburón. Y cuánto más grande era su negocio, más crímenes tenían que cometer para que siguiera creciendo: lavado de dinero, intimidación, soborno, e incluso, presuntamente, asesinato.

Hoy, según la policía y exintegrantes de la banda, son uno de los mayores grupos criminales de skimming del mundo pues controlan cerca del 10 por ciento de un mercado global de 2 mil millones de dólares.

OCCRP y sus socios Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento Lab revisaron miles de documentos, entrevistaron a personas en tres continentes, rastrearon redes sociales y ordenaron este rompecabezas sobre la delincuencia transnacional.

A pesar de que los agarraron en más de una oportunidad, la banda ha seguido operando en el mundo entero, sin que se vislumbre su final.

Costosas vacaciones

Rod, un tejano que disfrutaba de sus vacaciones en la Riviera Maya, fue víctima de la banda. Al acudir a un cajero automático, en solo 15 minutos, los ladrones sacaron más de 800 dólares de su cuenta. Él lo notó de inmediato. Dice que tenía activado un sistema de alertas en su celular, que le notificaban cualquier transacción superior a 250 dólares.

Miles de turistas se han enfrentado al mismo problema desde 2012, cuando un grupo de criminales liderado por rumanos convirtió Cancún en su base de operaciones. OCCRP los apodó la banda de la Riviera Maya.

El Tiburón

Craiova es la ciudad natal de Florian Tudor, un hombre de negocios de 43 años y, según las autoridades rumanas, el líder de la banda de la Riviera Maya. Ésta, de acuerdo a la policía y a un exintegrante, cuenta con unos mil miembros. Varios de los edificios más nuevos de la ciudad son inversiones que vienen de las operaciones de skimming de Tudor, afirma la policía.

A partir de enero de 2020, la policía rumana empezó a investigarlo por dirigir un grupo de delincuencia organizada, por tres cargos de incitación al chantaje, por un cargo de chantaje y por uno más de incitación al asesinato. La policía mexicana también lo tiene en su punto de mira.

La fiscalía rumana alega que Tudor ordenó a amenazar, golpear, chantajear y asesinar a enemigos de la banda, incluyendo exintegrantes con los que se disputó. Según la policía rumana, en 2012 estaba en México, coordinando una trama de contrabando de personas de Rumania a Estados Unidos, vía México. Tudor, que todavía está basado en México, niega estas acusaciones.

“No soy un criminal y nunca lo seré”, dijo Tudor en un intercambio de correos electrónicos con OCCRP. “Nunca he matado a nadie y nunca he ordenado que maten a nadie”.

udor afirma que es un empresario legal, víctima de autoridades corruptas de Rumania y México, sobornadas por criminales. En cambio, acusa a la policía mexicana de haberle robado. Y señala que los reporteros de OCCRP son liados de estas autoridades corruptas.

De Craiova a Cancún

Antes de 2014, Tudor se mudó a la Riviera Maya, donde lo conocen como El Tiburón. Varios compatriotas de Craiova le siguieron los pasos.

Uno de ellos era Adrian Tiugan, de 36 años, un matón de poca monta que se hacía llamar Mufa o el Jack y que ya tenía antecedentes criminales en Italia y el Vaticano, pues en 2012 las autoridades lo condenaron a dos años y medio de prisión por alterar cajeros automáticos.

En diciembre de 2013, Tiugan apareció en las oficinas de registro empresarial de Cancún para crear Top Life Servicios, cuyo objeto era servir y operar cajeros automáticos en México.

Tiugan registró las compañías bajo el nombre de Paul Daniel Ionete, un rumano de Craiova conocido por los miembros de la banda. Para probar su identidad, Tiugan usó un permiso de residencia mexicano y un pasaporte temporal rumano falsificado, que llevaba la foto de Tiugan y el nombre de Ionete. Este documento tenía una vigencia de cinco años, aunque los pasaportes temporales rumanos sólo son válidos un año.

No hay evidencias de que Tiugan haya tenido problemas con las autoridades locales. A pesar del pasaporte falso y a pesar de que Rumania emitiera una orden internacional de captura.

En un email a OCCRP, Tudor refutó el hecho, argumentando que él, su hermano y sus socios no usan identidades falsas porque “no tenemos nada que ocultar”. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en lugares tan lejanos como Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Adrian Enachescu, de 33 años y hermanastro de Tudor, lo siguió en 2015 a Cancún y se convirtió en accionista de Top Life junto a Tiugan.

Tudor también atrajo a Ion Damian Nedescu, de 49 años, un empresario y filántropo de la ciudad portuaria rumana de Constanțza. Nedescu era un empresario exitoso, que había caído en dificultades financieras. No está claro cómo se conocieron, aunque la novia en aquel momento de Nedescu era de Craiova y podría haberlos presentado.

Nedescu era conocido en Rumania por su historia inspiradora por los esfuerzos que hizo para ayudar a su hijo y a otros niños con autismo.

En febrero de 2014 Nedescu se hizo con el 20 por ciento de las acciones de Top Life y se convirtió en representante de la empresa.

Registros judiciales conocidos por OCCRP muestran que la banda empezó a comprar cajeros chinos, incluyendo de las marcas Triton yHyosung. Lo que hicieron fue hackear sus procesadores e instalar su propio software, diseñado a medida para capturar datos de tarjeta bancaria.

Enachescu se involucró con otras compañías dirigidas por la banda, incluyendo Intaller que compraba y vendía cajeros nuevos y usados.

Pero la banda de la Riviera Maya no se detuvo ahí. En 2014 lograron un acuerdo con Multiva, un respetado banco mexicano. Los cajeros que pertenecían a Top Life irían con el logo de la institución financiera.

Para 2017, Top Life operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México. Un exintegrante de la banda, que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, describió en una declaración firmada de marzo de 2019, cómo trabajaba Top Life Servicios: “Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos… En promedio, cada máquina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”.

Recordó que tenían 20 cajeros en Puerto Vallarta, cuatro en Baja California, 24 en la isla de Cozumel, 30 en Playa del Carmen, cinco en Tulum y tres en el centro comercial Las Américas en Cancún.

Top Life Servicios terminó generando ingresos de 240 millones de dólares anuales, libre de impuestos. Eso convirtió la banda de la Riviera Maya en operadora de una de las operaciones de skimming más grandes del mundo, con cerca del 10 por ciento del total global manejado por sus miembros.

El exintegrante de la banda dijo que la organización creció hasta tener unos mil miembros, con un núcleo de unas 50 personas cercanos a Florian Tudor.

Para manejar esos “beneficios”, la banda creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, a cargo de Enachescu, el hermanastro de Tudor. La compañía invirtió millones del grupo en propiedades en México. La banda construyó su sede, una imponente mansión de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores, en un terreno que Investcun compró en una zona privilegiada de Cancún.

Para 2019 la empresa también estaba involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del Carmen.

Otras compañías mexicanas controladas por Enachescu incluyen Alto Mundo, una empresa de gimnasios y ropa deportiva; Mexrou, una sociedad de importación y exportación; Intacarrent, que alquila y repara vehículos; y Brazil Money Exchange, que tiene oficinas a lo largo de la Riviera Maya.

El Tiburón era accionista de Intacarrent y de Brazil Money Exchange y tenía poder notarial sobre Inmobiliaria Investcun.

También era administrador de Europe Invest, otra empresa con sede en Cancún que usaba para inversiones en bienes raíces. OCCRP también pidió su versión a Nedescu, quien dijo que no podía responder las preguntas, pues hay una investigación en curso sobre la organización de Tudor. “Hasta que terminen las investigaciones realizadas por los órganos competentes, me permitiré no expresar mi opinión. Gracias por su comprensión”, dijo.

Tudor y los personajes ligados al PRI

Tudor también fue propietario de una correduría de divisas que, en distintos momentos, han administrado personajes vinculados a prominentes políticos mexicanos del PRI y del PAN.

El 18 de junio de 2014, Tudor se convirtió en el dueño y administrador único de Brazil Money Exchange, centro cambiario que había sido creado dos años antes por Juliano César Belmonte do Amaral, hermano del principal sospechoso de una banda de clonación de tarjetas que era investigada en Paraguay.

Tudor y Juliano César eran cuñados; el líder de la banda rumana tenía como pareja sentimental a Juceline do Amaral, ciudadana brasileña de 37 años, hermana del fundador de Brazil Money Exchange.

Tudor le compró a Juliano el 67% de las acciones del centro cambiario, mientras que un socio, de nombre Alexandr Chii, se quedó con el 33% restante.

El 3 de octubre de 2014 se incrementó el capital social de Brazil Money Exchange y se integró como accionista Adrian Ninel Enachescu, también cuñado de Tudor pero por el lado de su pareja rumana; cada uno se quedó con el 40% de las acciones, mientras que Chii redujo su participación al 20%.

El 10 de mayo de 2018, la empresa cambió legalmente de propietarios; Tudor y su cuñado rumano cedieron sus acciones a tres personas residentes en Quintana Roo. La mayoría de las participaciones se las transfirieron a Fabricio Ledesma Heinrich, un militante del PRI en Morelos vinculado profesionalmente a Gerardo José Rejón, Presidente del Instituto Político Empresarial de ese mismo partido, que en 2012 impulsó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Fabricio y Rejón han presidido la asociación Nuestras Realidades, AC, que ha colaborado en proyectos de obra y asistencia social con gobiernos de distintos estados, como Veracruz y el Estado de México.

Vínculo con “Los piratas de Borge”

Rejón es un personaje polémico; fue socio fundador de IDN, una empresa que las autoridades fiscales y de justicia identificaron en 2010 que era utilizada para evasión fiscal y presunto lavado de dinero de políticos y equipos de futbol. En 2017, otra empresa fundada por él (Excel Administrative Services) fue declarada como “fantasma” o simuladora de operaciones para evadir impuestos.

En 2016 fue involucrado en el esquema de saqueo revelado por MCCI y Expansión conocido como “Los Piratas de Borge”, en el que, en forma fraudulenta, se despojó a particulares de inmuebles para entregarlos a empresarios y políticos allegados al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, actualmente preso. Un caso: la inmobiliaria que desarrolló el complejo Maioris Tower, en Cancún, fue despojada de 19 departamentos de lujo valuados en 10 millones de dólares, con escrituras falsificadas, y Rejón fue uno de los beneficiados.

Luis Gabriel Palacios Velasco, que certificó en 2013 la constitución de Top Life Servicios, la principal empresa fachada de la banda rumana, también fue involucrado por supuestamente ayudar a uno de los «piratas» de Borge, un magistrado de Quintana Roo, a apropiarse de propiedades en Cancún y subastarlas a empresas fantasma sin el conocimiento de sus dueños.

En 2015, Palacios aprobó la creación de Investcun, que fue usada por la organización para blanquear los beneficios obtenidos con la estafa del skimming de cajeros mediante la compra de propiedades en Cancún.

Vínculo con los ‘moches’ del PAN

La trama alrededor de la agencia cambiaria de Tudor también incluye a dos personajes que trabajaban para una empresa involucrada en el esquema de “moches” o sobornos en el PAN.

El 26 de enero de 2018, tres meses y medio antes de que Tudor transfiriera sus acciones en Brazil Money Exchange a Fabricio Ledesma, una hermana de éste, de nombre Katia Isadora Ledesma Heinrich, había creado en Cancún la empresa Master Exchange Centro Cambiario.

Esta nueva empresa está estrechamente ligada con la casa cambiaria de Tudor; Master Exchange es la marca comercial o razón social y Brazil Money detenta el permiso para las operaciones de divisas, el cual fue otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en febrero de 2012 y fue renovado en julio de 2017. Las dos empresas son una sola y, a la fecha, cuentan con 10 oficinas en sitios turísticos de Quintana Roo, Baja California y Guanajuato.

Katia Isadora Ledesma está asociada en Master Exchange con Gabino Jiménez Vázquez, un empresario originario de la Ciudad de México, pero residente en Playa del Carmen, y con Alejandro Carapia Toledo, un abogado originario de Mérida.

Tanto Gabino Jiménez como Alejandro Carapia habían trabajado como directivos de Golfmex Development, una empresa involucrada en el presunto cobro de sobornos para financiar en 2011 la precampaña electoral a la Presidencia de México de Ernesto Cordero, en ese entonces secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón, del partido de derecha PAN.

Golfmex fue constituida el 28 de febrero de 2003 en Mérida por el hijo de un notario yucateco y el 28 de noviembre de aquel año se nombró a Gabino director financiero; años después, en enero de 2010, Carapia se integró a la misma empresa como director jurídico.

En una serie de reportajes publicados entre abril y mayo de 2013 en el diario Reporte Índigo, la periodista Georgina Howard afirmó -con base en documentos y testimonios- que los representantes de Golfmex recorrieron cientos de municipios en todo México para convencer a los alcaldes que aportaran dinero para, a cambio, gestionar ante Cordero inversiones federales para obras. Este esquema de corrupción es conocido en México como “moche”, en donde se condiciona la entrega de fondos federales a cambio de un soborno, pago o comisión. Las cuotas por cada Alcaldía iban de 17 mil a 200 mil pesos por el trámite y la gestión, por lo que el fraude estimado ascendería hasta a 240 millones de pesos (unos 20 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).

Según los reportes, Gabino acudió en 2011 a una reunión efectuada en la calle de Homero 209, décimo piso, en el exclusivo barrio de Polanco de la Ciudad de México, en donde cada uno de 180 alcaldes pagó 17,400 pesos (alrededor de 1,450 dólares) que les solicitaron a cambio de gestionar inversión pública ante Cordero. Al momento de recibir fondos federales pagarían un porcentaje adicional.

No obstante, los fondos públicos para obras nunca llegaron, por lo que algunos alcaldes defraudados creen que el dinero recaudado por Golfmex fue para financiar la malograda precampaña de Ernesto Cordero, quien no logró obtener la candidatura presidencial.

En respuesta, Cordero calificó de “absolutamente falso y una mentira” su participación en el fraude a los alcaldes y aseguró que no conocía a Gabino ni a ninguna de las personas que supuestamente recaudaron dinero a su nombre.

Además de ser socio de Master Exchange, Gabino es el administrador único de la empresa. Con ese cargo fue que en abril de 2018 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar la marca de la casa de cambio; el trámite lo realizó cuando Tudor todavía tenía injerencia como socio en Brazil Money.

La marca Master Exchange fue registrada en abril de 2018 por la firma Consorcio Empresarial Century (CEC), cuyo director es Fabricio Ledesma, y tiene un perfil casi idéntico a las empresas de consultoría de su socio Gerardo José Rejón -el líder nacional de los empresarios priístas-, dedicadas a servicios financieros, contables y de administración de recursos humanos o subcontratación, el llamado “outsourcing”.

CEC fue creada el 31 de agosto de 2015 y los socios fundadores son vecinos de colonias populares de Cancún. El comisario de la empresa es un hombre de 50 años que trabaja como conductor en una combi de transporte público. Corporativo Comercial Century, otra empresa vinculada, tiene como supuesto dueño a un hombre de 69 años de edad que aparece en el padrón de subsidios para las personas más pobres de Quintana Roo.

Negocios con funcionarios acusados de corrupción
Adrian Ninel Enachescu, el cuñado rumano de Florian Tudor, adquirió en junio de 2015 un inmueble en Cancún a una empresa propiedad de dos ex funcionarios acusados de corrupción que habían colaborado con los ex gobernadores de Quintana Roo Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, éste último actualmente preso.

Enachescu creó el 15 de mayo de 2015 la Inmobiliaria Investcun, en la que poseía el 99% de las acciones y a la vez fungía como el administrador único. Esa empresa fue utilizada para comprar inmuebles para los negocios de Tudor.

Al mes siguiente de crear Investcun, Enachescu acudió ante el notario Naim Gabriel Díaz Medina, para formalizar la compra de dos lotes de 320 metros cuadrados en la calle Robalo, en Cancún, a un precio de 3 millones 300 mil pesos (equivalente a unos 200 mil dólares al tipo de cambio de entonces).

La parte vendedora de los lotes fue la Inmobiliaria Crisantemos SA de CV, cuyo dueño original había sido Ricardo Antonio Vega Serrador, el llamado “Zar de la gasolina”, que en distintos momentos ha sido investigado por las autoridades de justicia por lavado de dinero, defraudación fiscal y venta de combustible robado (el llamado huachicol).

La Inmobiliaria Crisantemos fue creada el 26 de junio de 2003 por Vega Serrador, que poseía el 99% de las acciones. Sin embargo, su participación en la empresa la vendió el 4 de octubre de 2010 a Francisco Evadio Garibay Osorio, quien había sido el director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) con el entonces gobernador Félix González Canto.

El ex funcionario y su hijo, de nombre Iván Eliud Garibay Pulido y quien trabajó para el también ex gobernador Roberto Borge, se convirtieron en aquella fecha en los dueños de la inmobiliaria Crisantemos. Los dos han sido acusados de actos de corrupción.

Fue el propio Garibay Osorio el que negoció con el cuñado de Tudor la venta de los dos inmuebles en la calle Róbalo, según consta en el acta notariada de la escritura obtenida para esta investigación.

La asociación civil “Somos tus ojos” denunció el 14 de septiembre de 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República que el ex gobernador González Canto, había rematado 165 predios que eran patrimonio del Estado a favor de empresarios y funcionarios de su gobierno, y entre los beneficiados estaba Evadio Garibay Orozco.

Según la denuncia, Garibay Osorio era socio de Mayazama SA de CV, una inmobiliaria a la que González Canto cedió 352 hectáreas en Tulum a un precio de ganga de 15 pesos el metro cuadrado para realizar un lujoso desarrollo turístico. El precio promedio del metro cuadrado en esa zona era de 6 mil pesos, es decir, el Gobierno vendió el terreno 400 veces más barato.

Además, cuando Garibay estuvo al frente del IPAE, esa institución vendió un terreno de más de 15 hectáreas a un precio 10 veces por debajo de su valor comercial. El predio fue vendido a Servicios Aéreos Milenio en 3 millones de pesos, equivalente a 20 pesos el metro cuadrado, y antes de dos años el mismo inmueble ya había sido traspasado a un valor de 34 millones de pesos (226 pesos el metro).

También Iván Eliud Garibay, el otro vendedor de los predios a favor del cuñado de Tudor, ha sido involucrado en actos ilícitos. En febrero de 2001, la Procuraduría estatal había solicitado arrestarlo por haber asaltado una pastelería.

Más reciente, el 12 de octubre de 2015, el diario Reforma reveló una cadena de correos electrónicos que el empresario Luis Manuel Álvarez Adán había enviado a la Embajada de Estados Unidos para denunciar que Iván Eliud, y otros funcionarios estatales, tenían vínculos con el crimen organizado.

«Trabajé como escolta de Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, y tengo información de trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las costas de Quintana Roo y donde con la ayuda del Gobierno por un 45% de ganancias de millones de dólares hacen llegar a esos indocumentados a Estados Unidos», escribió en uno de los mensajes.

En otro correo, aseguró que él había sido testigo del cobro de cuotas al crimen organizado por parte de Iván Eliud.

«Yo escoltaba a Iván Eliud Garibay Osorio, director jurídico del Gobierno del Estado en la Zona Norte y amigo del Gobernador, (lo acompañaba) a cobrar dicho dinero en distintos puntos de Cancún”, dice el mensaje que fue integrado a la averiguación previa PGJE/DRAPRM/AMP/TULUM/811/2014.

Pese a que apenas estaba en curso una investigación, la acusación fue desmentida casi de inmediato por el entonces vocero, Rangel Rosado, quien también estuvo involucrado en la red de corrupción de Borge.

Luis Manuel Álvarez Adán, el empresario que había acusado de corrupción a Borge y a Iván Eliud, murió ahorcado la madrugada del 31 de julio de 2018 en una celda de la cárcel de Cancún, en donde había sido encerrado acusado de extorsión. “No fue suicidio, fue asesinato”, acusó el activista de los derechos humanos Raúl Fernández.

Crimen sin castigo

En los predios que Enachescu compró a los Garibay (papá e hijo) en la calle Robalo de Cancún, Tudor construyó su residencia, la cual ha servido como sede de sus negocios.

Frente a ese domicilio fue asesinado, la noche del 11 de junio de 2018, un rival de Tudor de nombre Constantin Marcu, también originario de Rumania, quien había incursionado en la clonación de cajeros en la Riviera Maya.

Tudor había contratado a una empresa de seguridad privada establecida en Ciudad Juárez, Chihuahua, de nombre Energy Solutions of America (su nombre comercial es Grupo Ameth) para que guardias armados resguardaran su residencia y lo escoltaran a él y a su familia.

Sergio Cabrera Ramón Ruiz, uno de los escoltas asignados a la protección de Tudor, confesó que había matado a Marcu, pero alegó legítima defensa y fue liberado.

Las cámaras de seguridad ubicadas en la casa de Tudor captaron el momento previo al asesinato, y las imágenes fueron tomadas como válidas por las autoridades de justicia para liberar de responsabilidad al guardia de Ameth.

En el video se observa el momento en que una camioneta Chevrolet Nitro que conducía Marcu y en la que también viajaba otro rumano de nombre Zoltan Daniel, se impacta contra un vehículo estacionado del que acababa de bajar Gabriel Stroe Alin, primo de Tudor.

El primo corrió a la residencia de Tudor y fue perseguido por Zoltan Daniel, pero sin darle alcance; luego, éste regresa al vehículo, el conductor da reversa, e intenta huir. De la casa sale el guardia que mata a Marcu, quien recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, según el acta de defunción consultada por los reporteros.

Aunque el momento del asesinato no fue captado por las cámaras, las autoridades cerraron la investigación con el testimonio del guardia de Tudor, quien afirmó que había disparado en legítima defensa.

La Fiscalía de Quintana Roo difundió a la prensa la versión de que Marcu y su cómplice intentaron secuestrar al primo de Tudor y que se dedicaban a extorsionar a empresarios.

En su testimonio oficial, Zoltan Daniel negó que haya intentado cometer un secuestro. Dijo que el día del crimen iba con su amigo Marcu en busca de un lugar para tomar algunas bebidas, cuando vieron en la calle a un paisano rumano al que describió como de 1.60 de estatura, de cuerpo atlético y con varios tatuajes en las manos. “Hace aproximadamente dos meses él mismo lesionó con un cuchillo a mi amigo Marcu”, aseguró Zoltan.

Según su testimonio, al pasar por la residencia de Tudor, tuvieron un roce con esa persona. “Llegó hasta la puerta del conductor, es decir de mi amigo Marcu, y vi que abrió la puerta alcanzando a meter una mano, percatándome que tenía un arma de fuego en la mano izquierda”.

Zoltan asegura que descendió del vehículo para defender a Marcu y encarar al agresor, pero que este corrió a la casa de Tudor a pedir ayuda a los guardias. “Nos empezaron a disparar, alcanzando a escuchar aproximadamente cuatro disparos, uno de ellos le pegó en la cabeza a mi amigo Marcu, eso ocasionó que perdiera el control del vehículo (…) Al ver que estaba sangrando le comencé a gritar para que reaccionara, sin embargo ya había fallecido”.

En contraste, el guardia que disparó y mató a Marcu argumentó que los agresores fueron Marcu y su acompañante.

“Mi patrón de nombre Gabriel Stroe Alin gritaba muy fuerte y desesperado en la calle diciendo “Auxilio, auxilio”, entonces me fijé por medio de la cámara de seguridad que otro sujeto lo venía persiguiendo”.

Relató que le abrió la puerta de la casa y lo cubrió con su cuerpo. En ese momento pasó el vehículo en el que viajaban Marcu y Zoltan.

“Pasaban en una camioneta frente a nosotros y observé que el conductor (Marcu) me apuntó con un arma de fuego, por lo que de inmediato desenfundé mi arma, corté cartucho y la accioné entre cuatro o cinco veces”.

El 14 de junio de 2018 -tres días después del asesinato- la defensa del escolta presentó ante el juez de control Shelling Kierkegard Novelo Yeh el video tomado por las cámaras de seguridad de la residencia de Tudor. La reproducción de las imágenes se hizo a través de un teléfono celular proporcionado por la defensa.

Tras ver el video, el juez de control resolvió decretar “auto de no vinculación a proceso en favor de Sergio Cabrera Ramón por no acreditarse el hecho que la ley señala como delito de homicidio”, por lo que ordenó la inmediata libertad del escolta.

La resolución la tomó el juez en una hora; el video se le mostró a las 18:42 horas y a las 19:48 decidió liberar de culpa al guardia, según consta en la minuta de la audiencia.

El juez que liberó al escolta de Tudor fue suspendido el 19 de septiembre de 2019 por el Consejo de la Judicatura de Quintana Roo para investigar la probable comisión de ilícitos en el desempeño de sus funciones. Al juzgador se le acusa de haber liberado a presuntos homicidas.

En torno a los negocios de la banda rumana hay otro asesinato sin resolverse.

La noche del 25 de julio de 2018, Mauro González Galindo, de 34 años de edad, fue acribillado en una lluvia de disparos, a bordo de una camioneta Kia Sportage que conducía en la avenida Yaxchilán de Cancún.

Mauro tenía dos meses y medio de haber sido nombrado comisario de Brazil Money Exchange, la agencia de divisas que Tudor había comprado mientras se montaba la red de estafa con cajeros automáticos.

Según las notas de prensa, en el sitio se encontraron 40 casquillos y el vehículo recibió al menos 32 impactos. Mauro murió por cuatro balazos en el pecho y tres en la cara.

Los testigos declararon a la Policía que fueron cuatro los atacantes, quienes viajaban en una camioneta Ford Escape con placas de Tabasco. El móvil del crimen no ha sido aclarado.

Atención no deseada

La banda de la Riviera Maya obtuvo en septiembre de 2015 una atención no deseada. El periodista estadounidense Brian Krebs publicó una historia sobre su negocio. La fuente de Krebs le hablaba de dispositivos de Bluetooth y skimming que fabricó Cristian Simion, un técnico rumano contratado para trabajar en la banda (y quien actualmente se encuentra como testigo protegido).

Krebs constató al visitar Cancún cómo operaban estos sistemas de skimming. Cuando publicó la historia, Florian Tudor se puso furioso y contactó con la aplicación Viber a Constantin Sorinel Marcu, uno de sus hombres y le ordenó cerrar todas las operaciones. Marcu era uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Éste le encargó a Marcu garantizar la seguridad de los cajeros de Top Life, sobre todo en Playa del Carmen. En Rumania el Tiburón y Marcu

tenían una relación muy estrecha. Rebeca Tudor, la esposa rumana del Tiburón, era madrina de la hija de Marcu y las familias se veían regularmente. Videos obtenidos por OCCRP muestran al Tiburón celebrando el cumpleaños de Marcu en un club. Los dos hombres brindan y se menean al ritmo de música rumana. Otro video muestra a Marcu en el cumpleaños de uno de los hijos del Tiburón.

Sin embargo, un año después de que Marcu se uniera al Tiburón en México, algunas tensiones empezaron a surgir. Miembros de la banda que son ahora testigos señalaron que Tudor le tenía envidia al éxito de Marcu con las mujeres. Y Marcu no estaba satisfecho con la cuota del negocio de skimming que recibía. Después las cosas se pusieron aún más feas.

Una serie de capturas de pantalla de celulares, obtenidas en archivos criminales, muestran a Marcu y Tudor intercambiar insultos en mayo de 2015.

El Tiburón le indicó a los miembros de la banda que cortaran relaciones con Marcu. El 2 de abril de 2018, cuatro matones atacaron a Marcu, frente a una oficina de DHL en Cancún. A Marcu le sacaron luego el bazo en un hospital local. En Rumania, el Tiburón y los cuatro atacantes fueron acusados por intento de homicidio.

Marcu nunca pudo vengarse. Dos meses después, el 11 de junio, le dispararon en la cabeza.

La protección a Tudor

El grupo de Tudor tiene la protección de funcionarios estatales de Quintana Roo, aseguró en entrevista el ex delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en aquella entidad, Javier Ocampo García, quien en coordinación con otras instancias del gobierno federal y del FBI encabezó en 2019 una investigación sobre las presuntas operaciones ilícitas de la banda de rumanos.

-En el transcurso de la investigación en la que usted participó, ¿tuvo indicios o evidencias de que había protección de algún nivel de autoridad hacia este grupo? –se le preguntó.

-Sí. Hay los suficientes elementos e indicios. Incluso, yo los podría declarar ante una institución de investigación formal -respondió.

-¿De qué nivel de gobierno estamos hablando? ¿Del ahora, del pasado?

-Del tiempo que me tocó vivir, el que me consta, es el actual, en el estado de Quintana Roo.

Mencionó que la protección al grupo de Tudor no sólo se da en Quintana Roo, sino también en otros estados.

“Algunas fiscalías tienen información sobre su modus operandi. En ocasiones podrán no ser mucho de competencia del fuero común, pero sin embargo (Tudor y su grupo) sí se acercan a ellos para tener cooptada la voluntad de algunas fiscalías para su trabajo y para ellos, como sucede en Cancún”.

Ocampo García aseguró que la investigación en torno al grupo de Tudor no la realizó en forma aislada la FGR, sino que sumó a distintas dependencias federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el área de inteligencia de la Policía Federal (hoy Guardia Nacional), además de agencias extranjeras como el FBI y la DEA.

“No era una investigación tan simple porque necesitas el apoyo de distintas áreas. El FBI cuenta con mucha información sobre el tema. Seguramente DEA, por ahí se han publicado algunas notas en medios que el DEA los tiene identificados con algunas actividades vinculados con la función del DEA, que es el tráfico de droga. Policía Federal en su momento, hoy Guardia Nacional, también tiene mucha información de ellos”.

De hecho, mencionó que fueron elementos de la Marina los que en 2018 compartieron información a los integrantes del grupo de coordinación de seguridad de Quintana Roo, acerca de que en la zona de los cenotes se había visto a un grupo de rusos armados. Luego se supo que los sospechosos no eran rusos, sino rumanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional aportó posteriormente más información y fue así que inició una investigación de distintos cuerpos de seguridad en torno al grupo de Tudor.

El 30 de marzo de 2019, en respuesta a un reporte de la presencia de hombres armados, la Policía Militar y la Policía Municipal de Puerto Morelos establecieron un puesto de revisión en el kilómetro 21 de la carretera que comunica a Cancún con el poblado de Leona Vicario, en donde arrestaron a Florian Tudor y a su socio y paisano Cosmin Adrian Nicolae, al encontrarles dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y alrededor de 500 mil pesos en efectivo.

También se retuvo como sospechosa la camioneta Cadillac, color negra, en la que viajaban Tudor y su socio; el vehículo era propiedad de una agencia vehicular de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero llevaba placas de Quintana Roo.

Tudor argumentó que se dirigía al poblado de Leona Vicario donde tiene 1,400 hectáreas de propiedad y aproximadamente 80 trabajadores en la construcción de un complejo habitacional y que, como era día de pago, le tocó llevar la nómina en compañía de su socio Cosmin. Ante las autoridades mencionó que sus socios en ese desarrollo inmobiliario son de nacionalidad rumana, libaneses y de Moldavia.

La Policía le aseguró a Tudor una pistola calibre 9 milímetros marca Glock, con cargador y 14 cartuchos, además de 16 mil 500 dólares y 164 mil 800 pesos en efectivo. A su socio le decomisaron otra pistola y 12 mil dólares, según consta en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019. Por la portación de las armas, ambos fueron vinculados a proceso penal.

Intervención del FBI

El Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) y la Dirección en Combate al Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Federal de Rumania habían invitado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) a reunirse en Bucarest del 13 al 18 de mayo de 2019, para coordinar una investigación multinacional en torno a las actividades ilícitas de Florian Tudor, en particular la clonación de tarjetas.

El FBI seguía los pasos de Tudor por su presunta participación en una red que había saqueado fondos de cajeros automáticos en Nueva York.

A dos días de que se efectuara la reunión en la capital de Rumania, un juez emitió una orden para que agentes de la FGR, en coordinación con policías estatales, realizaran una serie de cateos en inmuebles que las autoridades vinculaban con Tudor.

El primer domicilio que catearon fue el ubicado en la calle Robalo 52 de Cancún. En la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000364/2019, se incluyó el testimonio de Diaconu Marian, uno de los rumanos que estaban en la vivienda cuando irrumpieron los agentes federales:

“El 11 de mayo de 2019, aproximadamente como a las 5:30 a.m. se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con sus amigos en el interior del domicilio ubicado en la calle Róbalo; se quedó solo y fue que escuchó el frenado de varios vehículos y se asomó por la ventana y vio gente corriendo, comenzó a subir hasta el último piso del edificio y se escondió en donde se encuentran los equipos de aire acondicionado y fue que ahí lo encontraron. Manifestó que trabajaba para Tudor, quien tiene una empresa de casa de cambio, un gimnasio, que en ese lugar vive Tudor en la planta baja con su esposa, de nacionalidad brasileña, y su bebé Eric. Además, sabe que lo cuidan seis personas de nombre Sergio, Rosado, Jesús, Rodolfo y una mujer de nombre Martha, y sabe que siempre van armados, se mueven en una Cadillac Escalade negra, Mercedes negro, Dodge Ram una Nissan Xtrail negra”.

Minca Minhai Adrián, de 25 años, quien se presentó como “boxeador de tiempo completo”, fue otro de los testimonios incluidos en el reporte: “El día 11 de mayo de 2019 se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con Diaconu Marian en el área común que se encuentra en el segundo piso, refiere que fue cuando escucharon el frenado de los vehículos en el exterior del inmueble y posteriormente vieron la presencia de elementos de corporaciones policiacas, quienes ingresaron al domicilio, rompiendo la puerta de acceso, motivo por el cual bajó a ver qué sucedía y fue cuando lo detuvieron”.

Jesús Morales Acarias, uno de los escoltas de Tudor, fue detenido por la portación de armas de fuego, y relató así la forma en que ocurrió el cateo: “Siendo aproximadamente las 5:30 de la madrugada escuchó que se estacionaron varios vehículos de la Policía, le indicaron que abriera la puerta y le mostraron la orden de cateo a través del vidrio y posteriormente le avisó al dueño de nombre Florian Tudor, le indicó que en ese momento bajaba y fue cuando entraron los policías y le dijeron que se pusiera en el piso. Lo revisaron y le quitaron el arma de la marca Glock que es del trabajo y la tiene asignada con portación, y aparte le encontraron otra arma Glock calibre 380 y el (rifle) R15 calibre 22”.

En el anterior relato coincidió Ángel Rosado Hernández, otro de los escoltas de Tudor, al que también se le decomisó un arma.

El mismo día del cateo a la residencia de Tudor se efectuaron más intervenciones policiacas en un domicilio del mismo empresario rumano en Avenida Cobá, y el 12 y 14 de mayo en dos ranchos.

Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos en los cateos, aunque el líder de la banda fue liberado tras promover un amparo en el que alegó que lo habían arrestado ilegalmente e incomunicado por más de 36 horas.

El policía mexicano

Tudor estaba ahora en el punto de mira de las autoridades mexicanas. En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron sendas entradas y registros tanto en el cuartel general de Top Life como en la casa de Tudor en Cancún. Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Tudor denunció que el verdadero objetivo de la operación policial fue robarle joyas, arte, dinero en efectivo y material informático por valor de 2,7 millones de dólares.

Pero contraatacó rápido. Tudor lanzó una batalla legal los meses posteriores a los registros. Presentó varios amparos, argumentando que sus derechos humanos habían sido violados. En febrero de 2020, Tudor y dos de sus colaboradores publicaron una carta abierta de dos páginas en un periódico mexicano contra el secretario de seguridad del Estado de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra. Lo acusaron de haberlos extorsionado.

Los registros fueron el segundo encontronazo de Tudor con la ley aquella primavera. Seis semanas antes, el 30 de marzo, él junto a su amigo y mano derecha, Nicolae, fueron detenidos mientras conducían por la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes. El 16 de marzo, el Tiburón organizó una rueda de prensa en su casa de Cancún en la que insistió que él es un hombre de negocios respetuoso de la ley que se había convertido en el objetivo de policías sin escrúpulos, periodistas y criminales.

Afirmó que conoció a Marcu y a su hermano en un restaurante en Cancún, donde ellos mismos se le presentaron y le pidieron trabajo. Tudor sostuvo que, desde 2015, Marcu y su gente intentaron extorsionarlo y chantajearlo. Según el Tiburón, Marcu lo amenazó de muerte después de que rechazara de involucrar su negocio legal en una trama de tarjetas clonadas. Afirmó que Marcu no sólo le entregó información falsa a Krebs, si no que incluso le pagó para que publicara su investigación. Señaló que la historio de Krebs fue el inicio de una “campaña de difamación” que destruyó años de trabajo duro y que lo llevó a perder su contrato con Multiva.

Añadió que las autoridades estaban a sueldo de la banda de Marcu, incluyendo Capella, que lo quería muerto. Denunció que la policía le colocó las armas para justificar sus arrestos, que agentes amenazaron con violar a su mujer y con dejar a su hijo – a quien le apuntaron con una pistola en la cabeza – de seis años huérfano. No entregó ninguna prueba de esas acusaciones.

Capella, el jefe de la policía, respondió a esos ataques en Twitter, denunciando “una campaña mediática perversa orquestada y financiada por intereses oscuros”. La secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo afirmó que las denuncias de Tudor contra Capella eran ante todo un intento de obstruir las investigaciones en curso contra él y su organización.

En Rumanía, cinco de los principales colaboradores del Tiburón fueron arrestados y el propio Tudor está siendo investigado por el intento de asesinato de su antiguo amigo Marcu. (Fuente. Proceso como parte de una investigación de OCCRP, MCCI, QUINTO ELEMENTO LAB Y RISE PROJECT | Enlace directo a la publicación de MCCI)