CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de haber desviado fondos públicos para financiar campañas del PRI, fue arrestado este miércoles 8 de julio en el estado de Florida, lo que podría llevar a que se aclararan acusaciones de presunta corrupción, publicó contralacorrupción.mx.
La detención, con fines de extradición, fue realizada por autoridades de Estados Unidos, justo cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizaba una visita de trabajo en aquel país a su homólogo Donald Trump.
César Duarte enfrenta 11 causas penales en el estado de Chihuahua y una más de orden federal, por el delito de peculado agravado.
Las acusaciones contra Duarte datan de octubre de 2016, cuando el actual gobernador Javier Corral, de extracción panista, denunció que al tomar posesión del cargo había descubierto un desfalco millonario de las arcas públicas.
Al avanzar las pesquisas, la fiscalía chihuahuense denunció que al menos 250 millones de pesos habían sido desviados a través de cuatro empresas fantasma para financiar campañas electorales del PRI en otros estados.
El exgobernador Duarte se dio a la fuga, ante lo cual la Interpol giró una ficha roja para buscarlo en 190 países.
En febrero de 2018, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la revista Proceso, publicaron una investigación titulada “Las guaridas de Duarte”, en la que se documentó que el exgobernador chihuahuense poseía al menos nueve casas en la ciudad texana de El Paso.
Pese a las evidencias aportadas por Proceso y MCCI, acerca de que Duarte estaba en territorio estadounidense, las autoridades mexicanas no lo localizaron.
DESVÍAN 650 MILLONES EN 7 ESTADOS
El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016.
Ese desvío se realizó con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Ambos personajes han rechazado las acusaciones.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2018, una nueva investigación de MCCI reveló que el desvío de fondos de la llamada ‘OPERACIÓN SAFIRO’ (así, con ‘s’, que es el nombre que le asignaron los operadores del PRI) se había extendido de Chihuahua a Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y a la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México.
En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma, a través de las cuales los gobiernos de esos siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a otras seis entidades.
De acuerdo con testimonios ministeriales de exfuncionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.
Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.
Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.
Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados en 2016 a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos desvió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México.
Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.
Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.
“Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, señaló en su testimonio.
UNA RED DE PRESTANOMBRES
Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en los 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido.
El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un e agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por los reporteros.
En la investigación de MCCI se descubrió que los prestanombres son accionistas de más empresas que fueron utilizadas para dispersar una porción del dinero transferido por los gobiernos estatales.
Por ejemplo, el 7 de abril de 2016 el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos a cuatro cuentas en el Banco Santander a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, SISAS y Despacho de Profesionistas Futura, en pago a servicios que nunca se ofrecieron.
A los pocos días, la mayor parte del dinero pagado por Chihuahua fue transferido a empresas vinculadas, así como a personas físicas, algunas de las cuales resultaron ser los propios prestanombres, sus parientes y amigos. Otra porción de los recursos desviados fue a dar a un despacho en Monterrey, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha colocado en la lista negra por simular operaciones comerciales.
Es decir, el dinero pasó de mano en mano, en transacciones de aparente lavado de dinero o para desaparecer la pista del destinatario final.
Por citar un caso: el 7 de abril de 2016 el Gobierno de César Duarte transfirió 90 millones de pesos a la cuenta en Santander de Despacho de Profesionistas Futura SA de CV por un software que nunca entregó.
Al día siguiente, la falsa proveedora del Gobierno chihuahuense transfirió 40 millones de pesos a Publicidad Recrea, Servicios y Asesorías SISAS, Publicidad ICON, Pragmatics y Constructora Franfeca, todas empresas que comparten como accionistas a vecinos de zonas populares de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Tres días después (el 11 de abril), otros 36 millones de pesos fueron transferidos a seis empresas vinculadas entre sí: SINEX, Franfeca, Publicidad Recrea, Comercializadora Vezcu, Publicidad ICON y Constructora Invelco. Y a los dos días se efectuó una tercera tanda de transferencias, esta vez por 7 millones de pesos a Asesorías SAMEX y Constructora Tocap, otras dos empresas de la misma red de prestanombres.
La accionista de Futura es la esposa de un expolicía del Estado de México arrestado en octubre de 2016 por robo, que tiene su casa en una zona popular de Azcapotzalco; en las demás empresas aparecen dos de sus hijos, una cuñada y una prima, así como dos hermanos que residen en una colonia marginal, en lo alto de una loma de la delegación Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México. (Fuente: contralacorrupción.mx)