Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras la fusión de la Oficialía Mayor con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción manifestaron su preocupación porque dicho proceso afecte los avances que tenían con Manuel Alamilla Ceballos y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en la implementación y diseño del servicio profesional de carrera “y que afecte negativamente los derechos escalafonarios y meritorios de los empleados y servidores públicos al Servicio del Estado”.
A través de un escrito, los integrantes del CPC reiteraron su preocupación de que se puedan diluir los avances en materia de contrataciones públicas abiertas, sobre todo que la plataforma de la Oficialía Mayor para compras mostraba avances en la dirección correcta para prevenir actos de corrupción con un sistema transaccional y público para compras públicas.
Dijeron que hay una iniciativa que la Oficialía Mayor socializó con el CPC para reformar la Ley de Adquisiciones del Estado, misma que puede sumarse la transparencia y modernización de la gestión pública y que no ha sido presentada aún.
En su documento que maneja como posicionamiento respecto al acuerdo de fusión de la Oficialía Mayor a la Sefiplan, el CPC del Sistema Local Anticorrupción únicamente advierte que el gobernador Carlos Joaquín González no cumplió con las facultades que la Constitución le otorga.
El CPC se limitó a señalar que el acuerdo emitido por el gobernador “no contiene fundamento legal alguno que sustente jurídicamente la disposición ordenada por el ejecutivo Estatal para que la Secretaría de Finanzas asuma y ejecute las facultades y atribuciones que por ley corresponden a la Oficialía Mayor”.
Si viene el gobernador tiene las atribuciones de expedir los acuerdos necesarios para el funcionamiento adecuado de la administración pública del Poder Ejecutivo, así como remover a los titulares de sus áreas integrantes este ejercicio administrativo debe realizarse en el marco de las facultades que la Constitución local otorga al gobernador, estableció el documento. (Noticaribe)