TABASCO, MX.- El priista Jesús Alamilla Padrón, acusado en 1995 de delincuencia electoral por el entonces líder opositor, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo de fiscal especial del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) del Congreso local, publicó Proceso.
Desde enero de 2019 –a propuesta de la mayoritaria fracción parlamentaria morenista– ocupaba la Dirección de Control y Evaluación del OSFE y ahora sustituye a Elia Magdalena de la Cruz León, quien el pasado 23 de julio renunció al cargo por motivos personales.
El fiscal superior, Alejandro Álvarez González, designó a Alamilla Padrón, le tomó protesta de ley y le deseó éxito como fiscal especial encargado de la realización de auditorías, fiscalización y evaluación gubernamental, así como de auditorías técnicas y evaluación de proyectos de inversión pública, entre otras funciones.
“He tenido a bien designar como fiscal especial del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco al licenciado Jesús Alamilla Padrón con efectos a partir del día de hoy martes 11 de agosto del 2020”, informó Álvarez González.
Por su parte, Alamilla Padrón manifestó ser un convencido del manejo racional y honesto de los recursos públicos.
“Hoy en día que se levantan voces inquietas que pretenden dar un tinte político a esta labor técnica, no hay tal cosa. El órgano no es de colores, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad como servidores públicos en el desempeño de sus funciones”, expuso.
Añadió: “Buscar la contabilidad no tiene partido, 2 más 2 es igual a 4, no hay otra forma si es verde o rojo”.
El nuevo fiscal especial del OSFE pertenece al grupo político del exgobernador Roberto Madrazo Pintado, y en 1995 el entonces excandidato a la gubernatura del PRD, Andrés Manuel López Obrador, lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros priistas, por el fraude electoral en su contra.
Tras un éxodo de más de un mes desde Tabasco, el 9 de junio de 1995 López Obrador exhibió en la Ciudad de México las famosas “cajas de la infamia”, con todo el archivo original del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) relacionado con el gasto de campaña de su candidato a la gubernatura, Roberto Madrazo Pintado.
Miles de facturas, pólizas de cheques, notas de remisión, cartas, oficios y otros documentos probaban que Madrazo derrochó 237 millones de pesos en su campaña para los comicios de noviembre de 1994 y no 3 millones 718 mil pesos como el PRI reportó al Instituto Electoral de Tabasco.
El despilfarro –72 millones de dólares al tipo de cambio de la época– representaba alrededor de 73% de lo que costó la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, y era superior a los 50 millones de dólares erogados por Bill Clinton para reelegirse en la presidencia de Estados Unidos.
Los cuatro millones de pesos que el órgano electoral de Tabasco puso como tope de gasto de campaña había sido superado en casi 60 veces.
En la campaña madracista de 1994 Alamilla Padrón fungía como director administrativo de la Coordinación de la Promoción del Voto que encabezaba Florizel Medina Pereznieto, quien en el gobierno de Roberto Madrazo (1995-2000) fue director de Comunicación Social, contralor del estado y dirigente estatal del PRI.
En las “cajas de la infamia” se descubrió que Alamilla Padrón repartió, por instrucciones de su jefe Florizel Medina, 7 millones 958 mil pesos –un millón 100 mil pesos mensuales– entre “promotores” del voto.
El 13 de junio de 1995, cinco días después de exhibir las cajas, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó denuncia penal ante la PGR en contra de Roberto Madrazo y del también exgobernador Manuel Gurría Ordóñez, así como de Florizel Medina y el ahora fiscal especial del OSFE, Jesús Alamilla Padrón, y 15 priistas más.
Todos, como probable responsables de los delitos defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, encubrimiento de delitos fiscales, ocultamiento, alteración o destrucción de documentos para efectos fiscales, encubrimiento, asociación delictuosa, peculado, falsedad en declaración judicial, uso indebido de atribuciones y facultades y delitos electorales.
A nadie se le fincó responsabilidad. Todo quedó en la impunidad. (Fuente: Proceso)