Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Diversos colectivos en Yucatán denunciaron que el Estado ha violado los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en el Centro Histórico de Mérida, ya que la Policía Municipal ha realizado detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.
Se trata de las asociaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. quienes dieron a conocer que el pasado 10 de agosto, elementos municipales detuvieron de manera arbitraria a ocho trabajadoras sexuales que laboran específicamente en la zona cercana al Barrio de San Cristóbal.
En este sentido, la Policía Municipal presentó argumentos para su detención como el hecho de no cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio por coronavirus (Covid-19), por ejemplo, la sana distancia.
Sin embargo, las personas detenidas denunciaron que tras ser privadas de su libertad les quitaron la ropa para grabarlas y tomarles fotos, mientras eran agredidas verbalmente e incluso una dijo que un elemento policiaco le introdujo un dedo.
Además de estos hechos, las personas afectadas agregaron que no sólo fueron detenidas de manera arbitraria, sino que también recibieron tratos crueles y les robaron dinero.
Sin embargo, no se trata de un hecho aislado, ya que apenas ayer fueron detenidas otras siete personas en la misma zona bajo los mismos argumentos.
Una de las personas detenidas enunció como testimonio que eran nombradas como “pinches putonas”, entre otras palabras agresivas y tratos degradantes.
Las personas que integran los colectivos y que defienden los derechos humanos de las personas que ejercen la prostitución, señalan que este tipo de operativos son comunes en la actual administración municipal, tanto que en 2019 se aprobaron reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Algunas de las modificaciones precisan que no se puede ejercer el trabajo sexual vía pública, por lo que los colectivos especifican que esto se trata de una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales.
“En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos”, se lee en el posicionamiento que han dado a conocer.
Además, detallan que las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, por lo que exigen al Gobierno del Estado que se garantice el respecto a los derechos humanos. (Noticaribe)