Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Responsables de establecimientos y agencias cerveceras, dueños de restaurantes y bares, denuncian que en Yucatán la Ley Seca más que contribuir a buenas medidas, ha sido una decisión tomada por el Gobierno del Estado que ha perjudicado económicamente a estos sectores y sobre todo, aumentó el riesgo de compras clandestinas y también el abuso policial.
Desde que inició la contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19), el Gobierno de Yucatán ha establecido la Ley Seca en diversas ocasiones, argumentando que esta medida contribuiría a aminorar el número de contagios, ya que al abrir la venta de alcohol, las personas relajaban las indicaciones que se han emitido, como el hecho de realizar reuniones sociales.
Este fin de semana, diversas personas acudieron al Palacio de Gobierno a externar su inconformidad ante la extensión de la Ley Seca, debido a que dueños y responsables de expendios de cerveza aseguran que esta situación ha ocasionado que incluso sus empleados no estén percibiendo ingresos económicos porque no tienen de dónde obtener dinero para cubrir sus pagos.
Otros casos son los de bares, mismos que incluso han tenido que cerrar, tal es el caso del Chembech, ya que no podían sostener los gastos de servicios y tampoco la nómina de sus colaboradores.
En este sentido, también recordaron que se han registrado muertes a causa de consumo de alcohol adulterado, puesto que las personas continúan buscando la compra e ingesta, pero ahora no hay garantía que los lugares donde compren sean seguros.
A pesar de que el Gobierno de Yucatán también argumentó que la Ley Seca ha servido también para disminuir los casos de violencia contra las mujeres, colectivos feministas han asegurado que esta medida no ha influido de manera positiva, ya que se continúan recibiendo denuncias de maltrato físico y emocional a mujeres y también a niños e incluso por esta forma de confinamiento, los índices han aumentado. (Noticaribe)