PUEBLA, MX.- El ayuntamiento de Acatlán de Osorio ofreció a los deudos de Ricardo Flores Rodríguez y Alberto Flores Morales –quemados vivos por una turba el 29 de agosto de 2018– un pago de 40 mil 300 pesos por cada uno para reparar el daño, publicó Proceso.
Víctor Alonso Tadeo, abogado de los familiares, calificó de “absurda” la suma porque no cumple con lo establecido por la Ley General de Víctimas, mucho menos con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como “daños al proyecto de vida”, ni con parámetros marcados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En sesión del pasado jueves 10, el cabildo de esa localidad determinó dar cumplimento a la recomendación 12/2019 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el 17 de octubre del año pasado, en la que se pide reparar de “manera integral” los perjuicios y pérdidas materiales, así como sufrimientos y aflicciones causados a los familiares de las dos víctimas de linchamiento.
Hace dos años, Ricardo y Alberto Flores –sobrino y tío– fueron detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, pero luego se corrió la voz de que eran robachicos y fueron sacados de la cárcel por habitantes de Acatlán, quienes los quemaron vivos, sin que ninguna autoridad interviniera y evitara el linchamiento.
En su recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirma la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, quienes no accionaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. En particular se menciona que el entonces presidente municipal de Acatlán, Guillermo Martínez, y el titular de Seguridad no se presentaron en el lugar.
Cabe recordar que ese linchamiento fue transmitido por varios pobladores a través de Facebook Live. La abuela de Ricardo –con 21 años al momento de morir– presenció los hechos, mientras que la madre del joven, quien entonces trabajaba en Estados Unidos, vio el asesinato de su hijo en tiempo real, a través del internet, y suplicó piedad a los lugareños.
Recientemente los familiares de las dos víctimas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y desde octubre del año pasado han reclamado al ayuntamiento y al gobierno estatal una reparación del daño, que calculan en 100 millones de pesos para cada familia, basado en el daño físico y mental, la pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdida de ingresos, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica, sufrimiento causado a la víctima y a sus allegados, entre otros.
CÁLCULO ERRÓNEO
Según el ayuntamiento de Acatlán de Osorio, el cálculo de la reparación del daño por 40 mil 300 pesos que establecieron para cada una de las dos familias se hizo con base en el artículo 67 de la Ley General de Víctimas.
En el oficio MAP/SM/OFIC.032/2020, dirigido a la madre de Ricardo, Flores Rodríguez, el síndico municipal Aurelio Rojas Espinoza comunica que la estimación se hizo tomando en cuenta lo que marca la ley como reparación, que a su interpretación son 500 veces de Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual en agosto de 2018 ascendía a 80.60 pesos y da como resultado los 40 mil 300 pesos.
Sin embargo, el abogado aseguró que el ayuntamiento incurre en una interpretación equivocada de lo establecido en la ley, por lo que la resolución será rechazada e impugnada por la vía legal.
Supuestamente el monto que marca la LGV se calcula al multiplicar 500 por UMA mensual, no diaria, pero, además, el artículo 67 se refiere a “compensaciones subsidiarias” que serán cubiertas con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Nacional de Víctimas cuando los responsables del daño no puedan pagar, hayan huido o desaparecido, lo cual no ocurre en este caso. (Fuente: Proceso)