CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes es “un concierto de inconstitucionalidades” porque no le corresponde a la ciudadanía decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, sino denunciarlos, además que se ponen en riesgo los derechos de las víctimas de esos delitos y se vulnera la presunción de inocencia de los exmandatarios, publicó El Heraldo de México.
Así lo considera el ministro Luis María Aguilar en su proyecto de resolución que el Pleno de la Corte discutirá el próximo jueves.
De acuerdo con el ministro, lo que se pretende consultar implica una restricción de los derechos humanos de los mexicanos.
Aguilar señala que la consulta popular no puede considerarse la vía constitucionalmente idónea para iniciar la investigación y persecución de los delitos porque la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevén mecanismos suficientes para que cualquier persona que tenga elementos para suponer la existencia de un delito, denuncie y obligue al Ministerio Público a indagar, y en consecuencia se castigue a los responsables.
“La consulta popular no puede tener por objeto —expreso ni implícito— temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte”, señala el proyecto.
En caso de que se realizara la consulta y se concluyera que no se debe investigar, indica, el efecto sería una especie de perdón o amnistía en los delitos que pudieron cometerse antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes, como los de lesa humanidad, a los que se refiere el Presidente en su solicitud.
Además, asegura, se puede vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, porque la forma en que está redactada la pregunta permite identificarlos con claridad.
“El efecto que puede derivarse de la consulta popular en los términos ahora planteados podría afectar negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso legal que debe regir en todo Estado constitucional y democrático de Derecho”, señala.
Tras enlistar las conductas indebidas en el ejercicio del poder de 1988 a 2018, López Obrador planteó la pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. (Fuente: El Heraldo de México)