Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura tendrán la responsabilidad de determinar, previo análisis jurídico, la procedencia o no de interponer una demanda de controversia constitucional contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González por la presunta invasión de competencias del Poder Legislativo al emitir un acuerdo por el cual se instituye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación con la incorporación de funciones de la Oficialía Mayor y que fue publicado el 8 de julio en el Periódico Oficial del Estado.
Tras intenso debate sobre la extemporaneidad de la solicitud presentada por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y señalamientos contra el diputado José Luis Guillén López, quien en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la comisión permanente se negó a darle trámite, el punto de acuerdo fue aprobado con 21 votos a favor de las fracciones de Morena, PT y Verde Ecologista y el rechazo del PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y Movimiento Auténtico Social.
El diputado del PT, Roberto Erales Jiménez afirmó que el punto de acuerdo para presentar la controversia constitucional contra el gobernador Carlos Joaquín González por la violación e intromisión de las facultades del Poder Legislativo se presentó en tiempo y forma ante la creación de una supersecretaría formada por la Sefiplan y la Oficialía Mayor.
Consideró que la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial se presta a la no de investigación de una serie de irregularidades y actos de corrupción en las que se señala al entonces oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos.
Erales Jiménez dijo que el Ejecutivo debió considerar primero realizar las modificaciones a la ley orgánica del Poder Ejecutivo por parte del Congreso “ya que no puede, a través de un acuerdo, incluir funciones de Oficialía Mayor en la Sefiplan”.
La diputada del PAN, Lili Campos Miranda defendió el acuerdo del gobernador Carlos Joaquín González, pues aseguró que la Oficialia Mayor no ha desaparecido y que sus funciones son compartidas por Yohanet Torres Muñoz como secretaria de Finanzas “y no se requiere que el gobernador pida permiso al congreso”.
La diputada del PAN aseguró que Torres Muñoz no desempeña doble puesto ni cobra doble, ya que “es titular de una dependencia y en la otra funge como encargada de despacho”.
Aseguró que la solicitud presentada por el PT de interponer controversia constitucional contra el gobernador Carlos Joaquín venció el 8 de julio.
El presidente de la mesa directiva, el diputado del PAN, Eduardo Martínez Arcila también hizo énfasis en que el punto de acuerdo presentado por el PT estaba desfasado, ya que venció el período de temporalidad.
Sin embargo, Hernán Villatoro Barrios consideró que el ejecutivo debió consultar al congreso antes que se publicará el acuerdo y consideró que el personal jurídico mal informó y mal asesoró en el procedimiento.
Consideró que presentar la controversia sentaría precedente, ya que se trata de un asunto que involucra a la Oficialía Mayor considerada la caja chica de la actual administración.
La diputada Erika Castillo Acosta propuso integrar una comisión de investigación sobre la actuación de la mesa directiva de la comisión permanente al no atender la solicitud del PT. (Noticaribe)
