Por Alfonso Castro Noriega | Agencia
De acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) aprobada en 2011, el gobierno federal, estatal y municipal de nuestro país está facultado para otorgar al capital privado proyectos de infraestructura y servicios públicos en sectores tan diversos como el hospitalario, transporte, educativo, energético, seguridad, infraestructura vinculada al agua, telecomunicaciones, carreteras, autopistas, y hasta la procuración de justicia.
Esta estrategia del gobierno en materia económica establece mecanismos para que la inversión privada haga posible y sostenible diversos proyectos de infraestructura y servicios públicos que tienen una alta rentabilidad social, pero en la mayoría de las ocasiones una baja rentabilidad financiera en el corto plazo, por lo que requieren de un cofinanciamiento parcial o total para granizar la viabilidad del proyecto.
Estos contratos de asociación público-privada (APP) establecen que el capital privado es responsable de aportar fondos e implementar el diseño y construcción de la infraestructura pública o su mejora, operación y mantenimiento, mientras que el sector público es responsable de formular políticas y supervisar la infraestructura. Ambas partes asumen el riesgo del proyecto y al final del contrato, el sector público se hace cargo de los trabajos.
Constitucionalmente, la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento corresponde a los municipios, que generalmente cuentan con organismos operadores para desarrollar esa responsabilidad de manera eficiente. Este es un servicio que exige altas inversiones pero que es de baja recuperación, por lo económico de las tarifas y la morosidad en que incurren los consumidores.
De acuerdo a Naciones Unidas, sin importar quien preste el servicio, el acceso al agua debe ser garantizado, pues en muchas situaciones gente no tendría acceso al mismo, sin participación privada. A diferencia de organismos públicos, cuyos ingresos a menudo se van a cubrir pasivos de gobierno y que son administrados por personas de perfil político, la iniciativa privada ofrece eficiencia administrativa, continua modernización y transparencia en la reinversión de recursos.
En Quintana Roo el continuo crecimiento de la población convirtió en un verdadero desafío el dotar de servicios de agua potable de calidad a sus principales municipios. Se requería de una asociación pública-privada para realizar constantes inversiones en infraestructura y desarrollo de obras en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, por ello los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se adjudicaron a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan).
Más allá de las especulaciones que han suscitado algunos actores políticos que pretenden revocar el permiso de distribución a la compañía (aprobado y ampliado en 2014 por 16 diputados locales), Aguakan asegura que la transparencia en la prestación de sus servicios es obligada, pues existe un contrato que se audita y vigila, con montos definidos para reinversión que se cumplen y, en el caso de Solidaridad, incluso se superan. Señala, además, que por ser empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, de manera periódica se dan a conocer los ingresos, que a su vez sirven para mejorar y ampliar el servicio de agua potable.
Es de destacar que cada vez son más los países que recurren a esquemas de asociación público-privada para garantizar servicios como el agua potable, no solo para contar con un servicio más moderno y eficiente, sino también por consideraciones ecológicas, para reducir las pérdidas de este vital líquido por fugas o mal manejo de este recurso. La mayor transparencia también permite abrir un debate entre gobierno, iniciativa privada, agrupaciones civiles y científicas, para lograr una buena gobernanza del vital líquido.
EN CORTO
En México existen 79 concesiones de abastecimiento de agua, y 17 plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales con la modalidad de construcción, operación y transferencia.
El documento Asociaciones Público-Privadas para la prestación de servicios. Una visión hacia el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo, con información del Banco Mundial, establece que América Latina es la segunda región más activa en términos de cantidad de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el área de agua, lo que ha implicado la realización de 113 proyectos e inversiones de 9.7 mil millones de dólares en 17 países durante la década pasada.
