CANCÚN, MX.— La administración que preside María Elena Lezama Espinosa y los dueños de la concesionaria para la recolección de basura nunca esperaron la reacción de la sociedad cancunense, que ante el incumplimiento de la empresa manifestó su indignación —vía redes sociales y publicaciones—, presionó para que no se concretara otro saqueo a las arcas municipales y logró deshacer la intentona.
El empresario Eduardo Galaviz Ibarra, quien lleva la parte legal de la iniciativa privada contra la instalación de contenedores “inteligentes”, que Siresol y/o Intelligencia México ya impusieron como “plan piloto” en algunas zonas del centro de Cancún, acusó que “hasta ahorita creo que es muy torpe el manejo” que se dado al tema.
Más allá del esfuerzo “fuera de tiempo del ayuntamiento por recoger los árboles y ramas caídas que dejó el huracán Delta” —tuvo que echar mano de trabajadores sindicalizados que salieron a hacer la recolección—, tanto autoridades como la empresa concesionaria están totalmente rebasados, subrayó.
El dirigente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo señaló que podría llegar a pensarse que todo fue una simulación o protección a la empresa nuevamente, lo que ya no puede permitirse, y es que quedó en evidencia la descoordinación en las decisiones sobre el tema.
“No puede ser que, después de que presuntamente ya se arregló el problema con los trabajadores, no sepamos en qué condiciones, ya no pasa nada y la empresa vuelve a retomar las actividades como si nada. Se hizo un daño tremendo a la imagen de la ciudad, aún considerado primer destino turístico de Latinoamérica”, sostuvo.
“Ahora resulta que la empresa retomó los trabajos como si nada y no se le reclamará ni sancionará su incumplimiento; además, los camiones no son nuevos, son usados y nada más están pintados, no cumplen sus obligaciones con los trabajadores ni tampoco con las rutas, eso no se puede permitir otra vez”, reclamó.
Galaviz Ibarra consideró que tanto la presidenta municipal como la empresa nunca esperaron la reacción de la sociedad cancunense, que manifestó su indignación vía redes sociales y publicaciones cuando se empezó a insinuar la posibilidad de una indemnización —superior a 700 millones de pesos— y echaron para atrás la intentona.
“No han dado ninguna declaración aclaratoria sobre tema. Ya se le ha dicho (al Ayuntamiento) que uno de los caminos que debieron tomar desde el inicio era interponer un juicio de lesividad, porque siempre hubo oposición por haber otorgado la concesión a una empresa y sus filiales, que juntas son incapaces de brindar un servicio eficiente”, añadió el empresario.
El también presidente de la Asociación de Plazas Comerciales destacó que “hasta ahora no han dicho absolutamente nada, están ahora totalmente callados y diciendo que están restableciendo el servicio; no están asumiendo un compromiso real, por lo que ahora lo que seguiría es no soltar el tema.
“Hay que exigir que se den a conocer las condiciones de ese acuerdo; ni siquiera los regidores saben qué fue lo que ‘aprobaron’ porque nunca tuvieron el documento en sus manos. Ojalá y haya sido el primer episodio desde la sociedad para obligar a la autoridad a comportarse como tales y a cumplir su obligación”, manifestó. (Infoqroo)