CANCÚN, MX.- La cadena hotelera RIU aseguró que ratificó una vez más su compromiso con la legalidad de sus proyectos a través de pruebas y documentación que avalan la viabilidad del proyecto Hotel Riviera Cancún, ubicado en Punta Nizuc.
En un comunicado, el consorcio español, explicó que su representación legal presentó este 3 de noviembre un recurso de revisión de la sentencia otorgada por el Juez Quinto de Distrito en el mes de octubre pasado.
De acuerdo con dicha representación, RIU ha demostrado plenamente que la construcción no provoca daños al medio ambiente y que estas acusaciones “falsas” provienen de un conflicto entre particulares con el hotel vecino a la propiedad (no identificado) donde pretende inaugurarse el complejo de la cadena en Cancún.
Recordó que la suspensión contiene originalmente una acusación de destrucción de flora y fauna sin prueba alguna, sin embargo el Juzgado del caso “alteró” la materia señalando un asunto de manejo de aguas residuales.
El texto añadió que los menores de edad que la abogada vinculada al hotel vecino, Claudia Daranee García Canché representó, en ningún momento expresan en su demanda, o hacen alusión al tema de factibilidad de aguas.
Al respecto, sostuvo que cabe destacar que esto también demuestra que el proyecto cumple con los requisitos de sustentabilidad y los permisos en su totalidad.
Hoteles Riu resaltó que, aunque no esté en la demanda, el proyecto de RIU cuenta también con una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales dentro del hotel.
Esta obra le permitirá al hotel un manejo ecológico de los desechos sin utilizar la red pública para tal efecto y por ende no generar carga alguna en las plantas de tratamiento de la zona hotelera de Cancún.
Grupo RIU asegura estar convencido de que el Tribunal Colegiado contará con todos los elementos para sostener que la razón le asiste, y así terminar con un conflicto comercial añejo entre la empresa y el hotel contiguo que ha provocado un freno a esta inversión turística y un desgaste de recursos dentro del sistema jurídico.