Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Antes de invertir en la zona de Guillermo Prieto y dar cumplimiento al mandato judicial que obliga a dotar del servicio a los habitantes del lugar, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) requiere de la certeza jurídica sobre el cárcamo de bombeo construido en la zona, ya que no se sabe si pertenece a Campeche o Quintana Roo (por el litigio limítrofe que aún prevalece) “porque no podemos invertir en un lugar que no sea del Estado”, afirmó el director de la dependencia, Gerardo Mora Vallejo.
Al término de una reunión con los integrantes de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la XVI Legislatura, consideró que se requiere de un presupuesto de 106 millones de pesos para realizar estudios geológicos, mecánica de suelo y estudios topográficos en unos 50 kilómetros, además de la red interna hidráulica para las nueve comunidades intercomunicador.
Consideró que la Federación también debe comprometer recursos para realizar esta obra, sobre todo por los recortes presupuestales registrados en los últimos meses y la desaparición de fideicomisos así como fondos de aportación económica que afectan a la entidad.
Explicó que en esta reunión quedó establecido que además de la comunidad Guillermo Prieto, están consideradas dentro de las necesidades de agua potable las comunidades de Caña Brava y Felipe Ángeles.
“Se antoja complicado conseguir 106 millones para construir un acueducto a corto plazo, por lo que se requiere de la participación de la Federación”, reiteró.
Mora Vallejo afirmó que antes de invertir, la CAPA requiere de la certeza jurídica sobre la propiedad del cárcamo de bombeo construido en la zona, ya que se desconoce si pertenece a Quintana Roo o Campeche.
“Si el cárcamo lo construyó Campeche hay que pedirles a las autoridades del vecino estado que lo transfieran a Quintana Roo porque no es cuestión de cúmplase la sentencia y ya, sino que es necesario tener la certeza jurídica”, aseguró.
El director de la CAPA reconoció que, al enterarse del sentido de la sentencia del juez federal y antes de ser notificados, comenzaron a arreglar fugas y darle mantenimiento a la red de agua potable y reparar tramos que fueron rotos por la práctica de ganadería y agricultura.
Explicó que mientras consiguen recursos arreglarán los tramos considerados más conflictivos para aumentar el período de bombeo de agua potable hacia la comunidad, ya que en esto momentos únicamente surten dos veces por semana. (Noticaribe)