CANCÚN, MX.— Derivado de la violencia feminicida, la recurrente violencia de género y los actos de represión acontecidos el pasado 9 de noviembre en esta ciudad, la Red Feminista de Quintana Roo entregó ayer al gobernador Carlos Joaquín González un pliego petitorio de 54 puntos con el “genuino interés que las mujeres vivan una vida libre de violencia”.
Las exigencias planteadas se consideran “necesarias para que las víctimas tengan una reparación del daño integral y se cumpla la ley respecto a la alerta de género que estamos viviendo en nuestro Estado, de la cual claramente no vemos acciones concretas”.
El diálogo es sólo el comienzo, indicó la Red, integrada por 25 agrupaciones, que exigen seguimiento a las investigaciones en torno a la actuación del ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, y de todos los funcionarios involucrados en la represión del lunes 9 de noviembre, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal del Estado y el Código de Ética de Servidores Públicos.
De igual manera, plantan la reparación del daño causado a las víctimas de la represión, frenar la “criminalización” de las protestas feministas, lo que implica la no persecución de las mujeres que conforman la red, cierre de carpetas de investigación o procedimientos administrativos, detener ataques, linchamientos políticos y de las defensoras de derechos humanos, así como garantizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
El extenso pliego petitorio está dividido en nueve apartados con peticiones precisas en materias como Transparencia Presupuestal, Alerta de Violencia de Género, Procuración e Impartición de Justicia, Acciones Legislativas, Centro de Justicia para Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos.
Entre otras cosas, piden un presupuesto público con perspectiva de género para el ejercicio 2021, sin recortes para las instancias de atienden derechos humanos de la mujer, asegurar recursos para la operación de PAIMEF durante los meses en que no hay recursos federales y que se fiscalice el uso y destino de los recursos invertidos en programas de capacitación en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y atención.
Además, exigen acciones para lograr la ejecución de las medidas específicas de seguridad, prevención y justicia que se señalaron en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, a fin de garantizar a mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia y el cambio de la encargada de dar seguimiento a las acciones en el marco de la declaratoria de alerta de violencia de género, por una titular con capacidad de decisión y perfil adecuado.
Se solicita que se investiguen todos los delitos cometidos contra mujeres y niñas en el Estado, con la debida diligencia, sin dilación, con imparcialidad y efectividad, enfocada a la determinación de la verdad, el deslinde de responsabilidades y asegurar la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de las personas responsables.
Además, que en todos los asesinatos de mujeres y niñas cometidos en el Estado se inicie la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que “… todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte”.
En el ámbito de la justicia y legislación, se pide la creación del tipo penal de Feminicidio Infantil y Transfeminicidio con el apoyo de un grupo de expertos y expertas en el tema, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género comprobable; discutir de manera urgente en comisiones el paquete de iniciativas para despenalizar el aborto y eliminar el artículo de Pin parental de la Iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para incluir Educación Integral de la Sexualidad.
Además, se plantea crear un marco normativo que regule los medios de comunicación, que cumpla los máximos estándares de protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razones de género, además de contar con un padrón de agresores sexuales en el Estado.
Se plantea la elaboración de iniciativas de les sobre el acoso callejero, para la autodefensa feminista, de reforma hacia la Ley de Movilidad para incluir la perspectiva de género, además de la ley sobre 3de3, contra la violencia para todo servidor público, enfatizando en la Fiscalía General del Estado, Secretaria de Seguridad Pública y Secretaria de Educación.
La Red considera que el funcionamiento efectivo de los derechos humanos sólo es posible en un Estado laico, exige respeto a la laicidad y que se omita promocionar, difundir, financiar o apoyar con recursos públicos, eventos y artículos promocionales de incentiven dogmas y creencias religiosas en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.
Pide asegurar el acceso a la educación integral de la sexualidad, asegurando la inclusión, en todos los planes y programas de estudio, información sobre métodos anticonceptivos; la existencia y suficiencia de éstos de forma gratuita y kits para la prevención de infecciones de transmisión sexual en las instancias del sector salud de las zonas rural y urbana.
Además, se propone capacitar con perspectiva de género a los cuerpos policiacos estatales y municipales, crear una estrategia para la protección y contención de manifestaciones sin cuerpos policiacos que violenten los derechos humanos y protocolos de pronta acción e inmediata presencia de policías municipales y estatales que garantice la seguridad de las mujeres que viven situaciones de violencia en poblaciones y comunidades indígenas. (Infoqroo)