Por Rafael Briceño
CHETUMAL, Mx.- De ser aprobada la iniciativa de crear la Ley del Impuesto Adicional para el fomento del Empleo propuesta por el gobernador Carlos Joaquín González , los contribuyentes del Impuesto sobre Nómina tendrán que cargar con un pago adicional del 0.35 por ciento sobre el monto total del pago que deban realizar a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Los ingresos que se obtengan de la recaudación del Impuesto se destinarán al desarrollo económico del estado de Quintana Roo entendiendo como empleo directo aquel generado mediante contrato de un trabajador celebrado con la empresa en la que va a laborar sin que intervenga un tercero prestador de servicios.
No se considera empleo directo aquel que se genera a través de una prestadora de servicios de personal, por el que la empresa que contrata los servicios de la prestadora de servicios de personal recibe la labor de personal con quien no tiene un contrato celebrado.
De acuerdo con el documento entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Décimo Sexta legislatura el pago del impuesto adicional para fomento del empleo se realizará de manera conjunta y en el momento en que se realice el pago por concepto del Impuesto sobre Nómina.
El pago de este impuesto se efectuará mediante declaración mensual definitiva en el momento en que deba realizarse el pago del Impuesto sobre Nómina.
Sin embargo, con la finalidad de reconocer la labor de los diversos sectores de la economía para propiciar el fomento al empleo, mediante disposición transitoria se establece un subsidio del 100 por ciento en el pago del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo, sin trastocar el principio de equidad, a favor de las personas físicas, morales y unidades económicas cuando paguen el Impuesto Sobre Nóminas sin la intervención de un tercero prestador de servicios de personal.
Dicho subsidio encuentra una justificación objetiva y razonable, atento a que los fines extrafiscales de la norma se orientan precisamente al fomento de empleos directos y de sus asimilables; por tanto, a los contribuyentes que no incentiven esos objetivos de política pública no se les puede conceder el mismo trato que a quienes si favorecen esa finalidad.
El gobernador Carlos Joaquín González justificó su propuesta en la potestad que tiene el Estado para la protección al derecho fundamental al empleo y las circunstancias económicas imperantes en el país, dentro de las cuales el Estado de Quintana Roo no se encuentra exento. (Noticaribe)