Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Las mujeres privadas de su libertad que se encuentran en las cárceles de Cancún y Chetumal enfrentan problemas de marginación y discriminación y continúa violación a sus derechos humanos al carecer de servicios y elementos que les permita mantener condiciones dignas al interior de los penales y garantizar su reinserción social, de acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Debido a la pandemia, la institución no logró concretar el diagnóstico del sistema penitenciario en Quintana Roo, ya que las actividades presenciales reiniciaron en agosto y en su lugar prepararon un estudio sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres en las cárceles para visibilizar la problemática que enfrentan.
El diagnóstico permitió identificar importantes carencias que violentan en forma directa los derechos humanos y el goce de una vida digna y se observó que el sistema penitenciario reproduce desigualdades con base en el orden social de género generando discriminación, establece el documento.
En Chetumal, el 16.49 por ciento de las mujeres privadas de su libertad no cuentan con una cama para dormir, cifra que alcanza el 25 por ciento en la cárcel de Cancún; el 70 por ciento reportó que nunca se les proporcionan artículos de higiene personal.
De acuerdo con el diagnóstico, un 45.45 por ciento de las internas de la cárcel de Cancún reconoció que ellas o algún familiar tenía que pagar por servicios al interior del penal, mientras que en Chetumal un 16 por ciento lo hace; 1 de cada 4 dijo que el pago era al personal de custodia y el resto no especificó a quien.
El hacinamiento es uno de los principales problemas detectados, ya que en la cárcel de Cancún el 96 por ciento de las mujeres probadas de la libertad comparten celda con grupos de entre 6 y 10 personas.
El hacinamiento en las cárceles es síntoma de un problema estructural y, al mismo tiempo, causa de otras problemáticas, “síntoma de un sistema judicial que hace un uso desproporcionado e injustificado de la detención preventiva pero también habla de las demoras en el proceso de investigación y en la emisión de las sentencias. Asimismo, el hacinamiento es el caldo de cultivo para conflictos, agresiones y deterioro de la infraestructura, generación de estrés, entre otros problemas”, asienta el documento.
La CDHEQROO confirmó que la cárcel de Cancun, las instalaciones son reducidas para albergar a tantas mujeres e inadecuadas para realizar actividades educativas, deportivas y recreativas, “violentando el acceso a un espacio digno y vital para el desarrollo humano”.
Un gran porcentaje de las internas afirmó no consumir drogas; sin embargo, durante la realización de las encuestas -revela el documento-, se observó claramente que algunas mujeres compartían y consumían drogas por lo que la CDHEQROO recomendó una investigación profunda que permita el diseño de políticas públicas oportunas, ya que dependiendo del nivel de consumo y dependencia, el uso sistemático de drogas podría afectar sustantivamente la reinserción social de las mujeres privadas de su libertad.
Asimismo, el 21.65 por ciento de las mujeres encuestadas se consideró indígena, lo que contraviene el informe de la Secretaría de Seguridad Pública de fecha 18 de junio de 2019, en el cual señalaba que en ninguno de los centros penitenciarios en el Estado hay mujeres privadas de su libertad de origen indígena “al partir del enfoque tradicional y simplista de sólo reconocer a quienes hablen una lengua indígena”.
El diagnóstico reveló que no hay una separación entre mujeres privadas de su libertad procesadas y sentenciadas ni tampoco dormitorios especiales para quienes tienen hijos, “lo que rompe con los elementos mínimos de seguridad y pone en riesgo a los menores de edad y a sus acres”.
Las mujeres enfrentan golpes y maltratos tanto de otras internas como del personal que las custodia; sin embargo la mayoría no denuncia porque la autoridad no goza de credibilidad lo que pone en evidencia un estado de desprotección.
En el contenido, el diagnóstico reveló que algunas mujeres recurren a la prostitución como medio de obtención de recursos económicos para atender sus necesidades básicas.
En sus recomendaciones, la CDHEQROO estableció la necesidad de establecer acciones urgentes para erradicar todo tipo de violencia por razones de género a fin de garantizarles una vida libre de violencia; tomar las medidas para prohibir el aislamiento y otro tipo de torturas como métodos de castigo e intimidación y crearse mecanismos internos para que las mujeres puedan denunciar y acabar con la impunidad.
También propone mejorar la atención médica y garantizar los tratamientos médicos para aquellas mujeres con enfermedades crónicas, proporcionar agua purificada y tres alimentos al día; garantizar acceso a la educación y a una alimentación adecuada para los hijos que se encuentran en sus madres privadas de la libertad. (Noticaribe)