CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En menos de tres años, el periodista Omar Bello pasó de tener una vida profesional satisfactoria y una familia en Guerrero a no tener nada en la Ciudad de México: ni casa, ni trabajo, ni esposa, sino un campamento de protesta en las banquetas la Secretaría de Gobernación donde quiso inmolarse, publicó La Opinión.
“Presidente Andrés Manuel López Obrador realizaré una protesta rociándome gasolina y prendiéndome fuego, sus funcionarios solo juegan con la confianza de nosotros las víctimas, veremos qué le responden a la comunidad internacional, los derechos humanos no les importan…”, amenazó en Twitter.
Lo anunció en Twitter después de varios días aguantando el frío de invierno en protesta por la desaparición de la ayuda y protección que le daba el gobierno por ser un periodista desplazado del estado de Guerrero donde las organizaciones criminales han crecido a tal punto que ya no hay quien las frene porque ejercen el poder político, económico y judicial.
El año pasado, 8 mil 864 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en el estado en 28 incidentes, en ocho de los 32 estados de México, según un informe anual publicado el pasado 20 de agosto por la Comisión independiente para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del país. De esa cifra, Guerrero tuvo 5 mil 128 víctimas de desplazamiento forzado, entre ellos, varios periodistas.
Omar Bello se quedó en medio de los fuegos del Cartel de Sinaloa, los Beltrán Leyva y los Caballeros Templarios y tuvo que huir porque una organización le pedía una cosa; la otra, lo contrario.
Desde entonces había sido uno de los beneficiados del mecanismo de Protección de periodistas que garantizaba el estado hasta que AMLO decidió no hacerlo a pesar de que actualmente México es el país más violento del mundo para ejercer el oficio.
De norte a sur con picos en la Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. La Comisión para la Protección de Periodistas, un grupo con sede en Nueva York contabilizó a 30 periodistas asesinados hasta el 15 de diciembre pasado, un incremento respecto a los 26 de 2019; una quinta parte, en México.
“Desde hace tiempo México ha sido el país más peligroso del Hemisferio Occidental para la prensa que opera en medio de una compleja red de grupos delictivos y del narcotráfico y de una arraigada corrupción gubernamental”, señaló el reporte.
Artículo 19, otra organización que vigila el riesgo de los medios de comunicación, ha sido más detallada. En los primeros seis meses de 2020, 96 amenazas, 91 casos de intimidaciones y hostigamientos, 36 campañas de desprestigio, 61 bloqueos informativos y alteraciones de contenido y 47 ataques físicos.
Los Fideicomisos
El drama de Omar Bello se agudizó después de la desaparición del fideicomiso que patrocinaba el alimento, las escoltas y su departamento en la Ciudad de México, donde llegó después de salir corriendo de Zihuatanejo.
López Obrador dijo que a través de los fideicomisos había mucha corrupción y, en lugar de transparentarlos, los borró a todos de un tirón del presupuesto y dejó así a miles de personas vulnerables como los periodistas amenazados, los ex braceros, los buscadores de desaparecidos.
Todos éstos montaron un plantón de protesta en Gobernación y fue ahí a donde llegó el comunicador.
Yolotzin Martínez, integrante de uno de los colectivos afectados, dijo que Omar Bello estaba desesperado y “que me quemo y que me prendo” con un bidón de gasolina a pesar de las súplicas de sus compañeros de batallas que querían evitar un evento trágico con argumentos pragmáticos desde horas antes de la fecha pensada para el sacrificio.
Desde las redes sociales, algunos políticos comenzaron a pedir al periodista que reconsiderara su anuncio, que sería escuchado, que habría una contrapropuesta diferente a la negativa de ayuda porque estaba “muy lejos” del lugar de la amenaza.
El caso es que llegó el Año nuevo y otros periodistas se presentaron en el lugar para documentar la inmolación, pero Omar Pineda no llegó. “Llegó a un acuerdo con las autoridades”, explicó Yolotzin Martínez. Hasta la fecha se desconocen los términos del acuerdo. Omar Pineda no dio detalles al respecto a este diario.
De cualquier forma, la respuesta oficial fue coyuntural, no una política de Estado a una demanda de protección al gremio.
La derogación del fondo implica la desaparición del dinero destinado exclusivamente para las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, que incluyen rehabilitación, restauración, satisfacción y compensación, todo ello para reparar los daños; por ejemplo, medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, gastos médicos de diversa índole. Medidas de asistencia para apoyos educativos, de desarrollo y de restauración del proyecto de vida de niños, niñas, adolescentes y familias que han sido víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos. Hasta el día de hoy, la Segob no ha aclarado de qué manera se van a garantizar tales recursos.
La organización Artículo 19 ha logrado apoyar a algunos periodistas con acciones legales para que no se suspenda la ayuda como en el caso de los periodistas del estado de Yucatán Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman a quienes recientemente un juez les dio la razón como casos independientes. Pero muchos otros siguen en desamparo.
Injusticia
De manera aislada también se ha logrado justicia para algunos casos de periodistas asesinados como el de Miroslava Breach en marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, en la frontera norte del país. La fiscalía mexicana anunció recientemente que detuvo Hugo Amed Schultz, exalcade de la localidad de Chínipas, un municipio donde Breach seguía la pista a los vínculos de los cárteles con los políticos.
En agosto, uno de los autores materiales de ese asesinato, Juan Carlos Moreno Ochoa, fue condenado a 50 años de cárcel, una sentencia que sorprendió a muchos porque en los últimos cinco años, México ha registrado en promedio entre ocho y diez periodistas asesinados cada año y el 99.13% de ellos sigue sin aclararse
“La situación de histórica impunidad de los asesinatos de periodistas en México es el principal factor: en la medida en que la impunidad se mantiene, los perpetradores siguen actuando”, explica Balbina Flores, activista de Reporteros sin Fronteras.
Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas explica que las condiciones de los periodistas se han agravado por el rechazo del gobierno actual que es poco tolerante a la crítica.
“El presidente ha sido abiertamente hostil contra medios de comunicación independientes que han sido críticos con él, como Proceso o Reforma, tiende a señalar a periodistas o medios de comunicación”, sostiene. “Hasta The New York Times se ha ganado la antipatía de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que el rotativo no tiene profesionalismo y le falta ética”.
Desde otro flanco, preocupa una reforma en la procuración de justicia que se cocina en el congreso porque a juicio de organizaciones de periodistas traerá
“Retrocesos alarmantes en materia de libertad de expresión e información”, tanto en el ámbito físico como en el digital.
Entre otras cosas, busca volver a penalizar los “delitos contra el honor” (difamación, calumnias, injurias), un concepto que se había derogado porque servía para silenciar información contra funcionarios públicos como ocurrió en el emblemático caso de la periodista Lydia Cacho, a quien un empresario quiso encarcelar cuando ella lo acusaba de tráfico de niñas .
También pretende sancionar artículos contra el orden y la paz pública censurando toda manifestación o expresión “dolosa” hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, personas físicas o morales, a la Nación mexicana o a las Entidades políticas que la forman”.
En el ámbito digital se pretende determinar como delito el utilizar medios electrónicos para presionar a la autoridad mediante expresiones que produzcan alarma y declarar como un ataque al orden público la publicación o propagación de “noticias falsas” responsabilizando a editores o propietarios del lugar donde se realizó la publicación si no pudiera identificarse quién fue su autor.
“Es autoritario y un retroceso histórico para los periodistas que no se puede permitir”, advirtió Artículo 19 en un comunicado. (Fuente: La Opinión)