Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Alba Lucía Ek, madre de un preadolescente con discapacidad ha tenido que enfrentar el encierro que vive su hijo en medio de esta pandemia por coronavirus (COVID-19), además lidia con el miedo de que enferme, pues forma parte de la población con mayor riesgo y sobre todo, han buscado los medios para que continúe con las terapias, mismas que particulares tienen un costo hasta de 500 pesos.
El hijo de Alba forma parte de las 414 mil 852 personas con discapacidad con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Yucatán.
Para Alba y su hijo, esta condición sanitaria no ha sido fácil, pues él padece mielomeningocele, defecto de nacimiento en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente y le provoca una discapacidad múltiple.
Pacientes reciben atención en línea
Desde que llegó el virus al estado, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) cerró sus puertas y comenzó a otorgar servicios en línea, aunque ahora ya retomaron actividades, las citas son muy espaciadas para evitar la aglomeración de personas.
“El CRIT nos brindó servicio en línea, pero no es lo mismo, sobre todo en casos como el de mi hijo. Ya vamos para 11 meses encerrados y se empieza a notar en su comportamiento, se pone de mal humor, llora, no quiere convivir y se debe a una ligera depresión seguramente”, compartió.
Alba ha aprendido que las personas con discapacidad forman parte de la sociedad, a tal grado que ella, antes de la pandemia, llevaba a su hijo a todas partes: al cine, al parque, al super, a fiestas y a visitar a familiares, pero ahora esta situación es casi imposible.
“Él ha dejado de ver a la gente que estaba acostumbrado porque dejamos de visitar y nos dejaron de visitar. Para nosotros es difícil, pero para ellos que están encerrados en un cuerpo que no pueden mover por sí mismos debe ser doblemente complicado. Mi hijo ha bajado de peso, ha perdido masa muscular, por ejemplo”, relató.
Ella reconoce que como mamá debe estar tranquila, pero no niega que se vuelve una situación estresante.
“Por ejemplo, a él le salió hace poco un absceso de grasa en la ingle, además tenía temperatura y me da pánico llevarlo al Seguro Social porque sé que ahora es muy riesgoso. Pregunté si podían atenderlo en una clínica particular y me pedían un depósito de 10 mil pesos”, recordó.
A pesar de que pudo hallar los medios para que otro médico pudiera atender a su hijo a un menor precio, la situación le genera preocupación.
En su caso, cuenta con el apoyo de su pareja a pesar de que están divorciados, pero expuso casos de madres solteras que se las tienen que arreglar solas, ya sea vendiendo comida o artículos para diferentes usos, pues al tener hijos que necesitan de su presencia, no pueden salir de sus hogares a laborar.
Sobre el tema, la activista Xixili Fernández Casado dijo que cada niña, niño o adolescente necesita una terapia de rehabilitación continua y por ejemplo, si las pagan particulares ante la falta de espacio en el CRIT y otros centros de rehabilitación del Gobierno del Estado, les pueden costar entre 300 y hasta 500 pesos cada una, tomando en cuenta que hay quienes las necesitan por lo menos tres veces por semana.
Retos desde antes de la pandemia
Asimismo, recordó que antes de la contingencia sanitaria, las familias con alguna persona con discapacidad entre ellas, ya enfrentaban retos, por ejemplo, en el CRIT fue recudido el presupuesto.
Todas las personas que viven esta situación, lograron reunir más de 41 mil firmas para hacer una petición al Gobierno del Estado y solicitar que el CRIT reciba un presupuesto digno para que el personal ahí contratado siga laborando y por ende, apoyando con terapias a la niñez y adolescencia con discapacidad.
Discapacidad y COVID-19
Sobre el temor que sienten mamás y papás de personas con discapacidad de llevarlos a los hospitales públicos y que ellos se contagien, Fernández Casado dijo que ya hay casos en los que aunque vayan por alguna complicación en las vías respiratorias, los diagnostican con COVID-19.
“Muchos de nuestros hijos son vulnerables por la cuestión respiratoria y con el tema COVID-19 es algo delicado. Hay miedo que responde a una realidad que hemos visto. Niños que han tenido complicaciones de este tipo, son llevados al hospital y el equipo que los reciben asumen como casos de COVID-19 o sospechoso. El sector sanitario no está preparado para casos con discapacidad y es fácil etiquetar COVID-19”, explicó.
Incluso, este miedo que madres de familia tienen se debe a que un niño recientemente fue diagnosticado con COVID-19, los médicos decidieron internarlo y definitivamente, al verdaderamente contagiarse del virus, el menor ya no salió.
Discapacidad en cifras en Yucatán:
El Inegi identificó en este último Censo de Población y Vivienda 2020 que las 414 mil 852 personas con discapacidad en Yucatán, representan el 17.9% de la población.
De dicho total, el 50% presenta problemas para caminar, subir o bajar alguna superficie; el 41.7% tiene dificultades para ver; el 20.7% no puede oír; otro 18.9% tiene problemas para bañarse, vestirse o comer; mientras que a un 19% se le dificulta recordar o concentrase y aun 15.2% le cuesta hablar o comunicarse. (Noticaribe)
