Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Integrantes del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible dieron a conocer este día que el sector empresarial ha sido privilegiado para conseguir terrenos con el uso fraudulento de la Ley Agraria, por lo que defensores del territorio denominan que actualmente hay una ‘mafia agraria’, que ha permitido que empresarios y funcionarios de Gobierno se hayan apropiado ya de más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales en la Península de Yucatán.
Con la publicación del documento “30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, es posible identificar las principales razones por las cuales, empresarios han conseguido obtener terrenos ejidales de una manera aparentemente legal.
En dicho documento, los investigadores Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet, compartieron el registro en el que exponen que desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada.
Además de esta modificación, otras 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron apropiadas posteriormente por empresarios y el mismo Gobierno.
El reporte expone también que en este periodo, cientos de terrenos baldíos y terrenos nacionales pasaron a manos del sector privado.
“El desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial ha sido promovido por una mafia agraria con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales”, señaló Gabriela Torres-Mazuera.
Ella consideró que, precisamente los procesos de conversión a propiedad individual, parcelas ejidales certificadas o el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización, además que conlleva el despojo de tierras.
El reporte que fue compartido este día, describe que algunos de los procesos que son usados para la privatización de tierras son los que contempla el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), puesto que con él fue facilitada la venta de terrenos nacionales.
Los investigadores expusieron también que terrenos de Isla Holbox, Península Holbox, Tulum, Playa del Carmen, entre muchos otros, fueron privatizados en años recientes.
De igual forma, detectaron que empresas a cargo de proyectos eólicos o solares recurrieron a intermediarios para ocupar este tipo de terrenos en la Península de Yucatán.
Por otra parte, a pesar de que estos procedimientos son los que se están volviendo usuales en esta zona del país, es desde 2016 cuando ya los habitantes han mostrado resistencia.
Para Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la privatización de tierras tiene consecuencias sociales y ambientales, pero sobre todo, se trata de que familias pierden su patrimonio a cambio de poco dinero. (Noticaribe)
